Alrededor de las 4:20 p. m. del jueves 1 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tomó conocimiento de la fuga de Rolando Gerónimo Mateo (26), quien cumplía sentencia por el delito de violación sexual en el pabellón 3 del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, más conocido como penal de Potracancha.

Según el medio local Página 3, durante las primeras diligencias, las autoridades identificaron una motocicleta que habría servido para facilitar la huida del interno y que pertenecería al padre del sentenciado, quien es natural del distrito de Churubamba.

Tras el hecho, la entidad compartió un pronunciamiento a través de sus redes sociales donde detalló que el prisionero escapó bajo la modalidad de escalamiento en el perímetro comprendido entre los pabellones 1 al 4; es decir, usando una soga trepó uno de los muros del penal del torreón N11.

Reo aprovechó torreones sin vigilancia

El INPE precisó que el servicio de vigilancia externa de la zona denominada “tierra de nadie”, por donde se escabulló Gerónimo Mateo, se encontraba a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), mediante la Sección de Seguridad de Penales (SECSPEN) de Potracancha.

“Hoy los torreones que fueron cubiertos y relevados a las 2 p.m., son T2, T4, T6, T7 y T9, quedando sin efectivos policiales de servicio los torreones T1, T3, T5, T8, T10, T11 y T12, siendo el torreón 11 donde se produjo la fuga”, se lee en el comunicado.

Comunicado de la fuga de Gerónimo Mateo. Foto: INPE.

PNP despliega operativo de búsqueda

La autoridad penitenciaria comunicó la fuga a la PNP para que emprenda las acciones necesarias de búsqueda y recaptura. Por otro lado, informó al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y la determinación de las responsabilidades penales que correspondan. Por su parte, el gobernador Antonio Pulgar se apersonó al penal de Potracancha tras tomar conocimiento del escape del interno.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) atraviesa un momento crítico, entre denuncias por corrupción contra el más alto funcionario, el jefe Iván Emilio Paredes Yataco, constantes operativos del Gobierno en penales y una huelga indefinida declarada improcedente por el Ministerio de Trabajo. En medio de la crisis, el gobierno del presidente José Jerí afirmó que busca reemplazar al INPE con la creación de la Superintendencia Nacional del Internamiento (Sunir), como parte del paquete de reformas de seguridad ciudadana.

El secretario general del sindicato de trabajadores (SINTRAP – INPE), Ángel Llancari, advirtió que la medida “genera preocupación” entre el personal y cuestionó la información con la que el Ejecutivo estaría trabajando. Según explicó a La República, los trabajadores consideran que el problema de fondo no radica en la estructura institucional, sino en la falta de medidas efectivas para enfrentar la corrupción en los niveles más altos del INPE. Además, afirmó que los nueve sindicatos de la institución están debatiendo para acatar una huelga nacional indefinida.

Critican manejo de la corrupción y uso del polígrafo

El dirigente cuestionó que, desde el Gobierno, se haya difundido la idea de que la corrupción proviene principalmente de los trabajadores, cuando, según afirma, los mayores riesgos se encuentran en los funcionarios y cargos de confianza, quienes deciden políticas y administran presupuesto. Recordó que el uso del polígrafo dentro del INPE existe desde 2021 y que su aplicación estaba dirigida justamente a quienes ocupan puestos de mayor responsabilidad.

Según Llancari, estos puestos incluyen jefaturas de presupuesto, planificación, gerencia general, directores regionales, directores de penales, subdirectores y jefes de seguridad. Para el sindicato, la falta de aplicación del polígrafo en estos niveles favoreció que se mantengan prácticas que debilitan la transparencia interna. “Son ellos los que deciden las políticas de trabajo (…) Si ponemos directores que son puestos a dedo y que no tienen intención de combatir la corrupción, esa va a seguir siendo la política”, remarcó el líder.

Cuestionamientos al actual presidente del INPE

Un tema controvertido es la continuidad de Iván Paredes como presidente del INPE, quien enfrenta una denuncia por presunto cobro de sobornos. Según un audio, se le acusa de haber solicitado 80.000 dólares a cambio de facilitar la liberación de un expolicía condenado por secuestro.

Para el sindicato, las acusaciones en su contra afectan la imagen de toda la institución y dificultan cualquier intento de reforma real. “Estamos hoy en día en total desacuerdo con la presencia del presidente del INPE”, afirmó Llancari, quien añadió que los cuestionamientos “no han sido aclarados” y que eso “no nos garantiza la estabilidad que necesitamos”. Según indicó, el presidente José Jerí habría sido “mal informado” respecto al estado real del INPE, lo que estaría afectando las decisiones tomadas en torno a la propuesta de crear una nueva superintendencia.

Huelga por incumplimiento de acuerdos y retrasos

El sindicato confirmó que la huelga del personal penitenciario sigue en trámite ante el Ministerio de Trabajo. Llancari afirmó que la institución ha incumplido acuerdos previos y ha retrasado la entrega de información técnica, especialmente en temas de valorización de bonificaciones por seguridad. “Nos vienen postergando lo que hace mucho tiempo veníamos pidiendo”, dijo. Aseguró que, pese a que el INPE presentó un resumen sobre las valorizaciones, este no ha sido compartido con los trabajadores, lo que impide verificar si corresponde a lo solicitado.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, se encuentra en el centro de la polémica luego de revelarse que fue sancionado por el Indecopi por incumplir sus deberes como abogado. 

De acuerdo a la resolución del organismo, no entregó recibos por honorarios, no presentó denuncia penal que se había acordado y tampoco devolvió los US$ 3,500 que le entregó Sergio Castro, su cliente en 2021. 

Cuarto Poder reveló que la resolución fue confirmada en agosto de 2024, en la que se impuso una multa superior a los S/ 16,000. No obstante, esta recién fue pagada en agosto de 2025, un mes después de que Paredes fuese nombrado como jefe del INPE.

El denunciante presentó como pruebas mensajes de WhatsApp, cartas notariales y una transferencia bancaria realizada desde la cuenta de su hermano a la de Paredes. A pesar de que el jefe de la institución penitenciaria aseguró que el dinero fue entregado en efectivo, Indecopi admitió como fuente probatoria el voucher de la transferencia, así como los chats en los que se coordinaban servicios legales que no se cumplieron.

Paredes negó las acusaciones y presentó sus descargos. No obstante, el documento oficial demuestra que el ahora jefe del Inpe reconoció haber recibido el dinero de su cliente y no haber emitido un comprobante de pago. Asimismo, además de que el caso ya figuraba en el Registro de Infracciones de Indecopi, fue nombrado como presidente del INPE, mientras mantenía vigente la sanción.

Denunciante tiene temor

Sergio Castro, el denunciante, aseguró temer de represalias debido al alto cargo que ocupa Paredes Yataco. En ese sentido, evitó dar más declaraciones frente a cámaras, pero ratifició la denuncia vía telefóncia a Cuarto Poder. En ese sentido, señaló sentirse frustrado por la falta de respuesta durante años.

El denunciante también entregó capturas de mensajes en los que exigía que se le devuelva el dinero, reclamos que fueron respondidos con evasivas y hasta amenazas.

De acuerdo al reportaje de Cuarto Poder, se intentó ubicar sin éxito al jefe del INPE en su centro de labores. El vigilante de la institución aseguró que la autoridad abandonó el edificio a las 11:30 de la mañana y no volvió durante la jornada laboral. Tampoco contestó llamadas.

Otra denuncia

El funcionario también ha sido sindicado de incurrir en presunto tráfico de influencias y cobro de sobornos. Audios difundidos por Cuarto Poder lo vinculan con el cobro de S/80,000 a la familia de un expolicía condenado por secuestro, a cambio de gestionar su liberación.

En las grabaciones, una voz atribuida a Paredes ofrece devolver el dinero en partes y entregar un reloj como garantía. La denunciante, Adela Huamancusi, presentó más de 10 audios, chats y fotografías como prueba ante la Fiscalía Anticorrupción.

Paredes ha negado ser la voz en los audios y afirma que los hechos ocurrieron en 2018, cuando aún era abogado privado.

La Fiscalía ha solicitado una pericia fonética forense para verificar la autenticidad de los audios. El funcionario no ha asistido a las citaciones fiscales, según la defensa de la denunciante.