Hay fugas que desafían la lógica. Y la ocurrida la madrugada de este lunes 26 de enero en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa es una de ellas. Una interna embarazada, a punto de dar a luz, logró escapar del área de obstetricia sin que nadie lo advirtiera a tiempo.
La reclusa fue identificada como Viviana Rivadeneyra Mariano, interna del penal de mujeres de Socabaya y sentenciada por trata de personas. Había sido trasladada al hospital por presentar 40 semanas de gestación, un detalle que, lejos de impedir la fuga, parece no haber sido obstáculo alguno.
Según el INPE, la evasión se detectó alrededor de las 4:21 a.m. La interna ocupaba una cama en el tercer piso, área de obstetricia. En algún punto de la noche pidió permiso para ir a los servicios higiénicos. Nunca regresó.
Cuando el personal notó la prolongada ausencia, inició una búsqueda interna que terminó confirmando lo impensable. La reclusa ya no estaba. Vestía bata hospitalaria y sandalias y, según las primeras versiones, habría salido por la puerta principal, aparentemente sin levantar sospechas.
El caso fue comunicado a la Policía, que activó el operativo de búsqueda, y al Ministerio Público, que ya investiga posibles responsabilidades. Mientras tanto, dos trabajadoras del INPE fueron intervenidas como parte de las diligencias preliminares.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este lunes que 100 internos de alta peligrosidad que estaban en varias prisiones de Lima y Callao fueron trasladados al Penal de Challapalca, en la región Tacna.
Los internos trasladados proceden de los establecimientos penitenciarios de Lurigancho (29), Ancón I (22), Miguel Castro Castro (20), Callao (22) y Huaral (7). Asimismo, de los 100 reos, unos 66 son sentenciados y 34 están procesados por los delitos de organización criminal (19), robo agravado (56), extorsión (6), sicariato (8), homicidio (6), tráfico ilícito de drogas (2) y tráfico ilícito de armas (3).
El INPE informó que estas personas cumplirán en Challapalca un régimen que contempla solo dos horas de patio de manera individual, conforme a los protocolos de seguridad vigentes.
El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, afirmó ante los medios de comunicación que la medida se ejecuta como parte de una política orientada a reforzar el principio de autoridad y evitar cualquier intento de acción delictiva desde los centros penitenciarios.
Martínez Laura reveló además que había espacio en el Penal de Challapalca que no había sido empleado por gestiones anteriores.
El traslado fue ejecutado por el Grupo de Operaciones Especiales del INPE, con el respaldo de la Policía Nacional y en cumplimiento de los protocolos de máxima seguridad.
Alrededor de las 4:20 p. m. del jueves 1 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tomó conocimiento de la fuga de Rolando Gerónimo Mateo (26), quien cumplía sentencia por el delito de violación sexual en el pabellón 3 del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, más conocido como penal de Potracancha.
Según el medio local Página 3, durante las primeras diligencias, las autoridades identificaron una motocicleta que habría servido para facilitar la huida del interno y que pertenecería al padre del sentenciado, quien es natural del distrito de Churubamba.
Tras el hecho, la entidad compartió un pronunciamiento a través de sus redes sociales donde detalló que el prisionero escapó bajo la modalidad de escalamiento en el perímetro comprendido entre los pabellones 1 al 4; es decir, usando una soga trepó uno de los muros del penal del torreón N11.
Reo aprovechó torreones sin vigilancia
El INPE precisó que el servicio de vigilancia externa de la zona denominada “tierra de nadie”, por donde se escabulló Gerónimo Mateo, se encontraba a cargo de la Policía Nacionaldel Perú (PNP), mediante la Sección de Seguridad de Penales (SECSPEN) de Potracancha.
“Hoy los torreones que fueron cubiertos y relevados a las 2 p.m., son T2, T4, T6, T7 y T9, quedando sin efectivos policiales de servicio los torreones T1, T3, T5, T8, T10, T11 y T12, siendo el torreón 11 donde se produjo la fuga”, se lee en el comunicado.
Comunicado de la fuga de Gerónimo Mateo. Foto: INPE.
PNP despliega operativo de búsqueda
La autoridad penitenciaria comunicó la fuga a la PNP para que emprenda las acciones necesarias de búsqueda y recaptura. Por otro lado, informó al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y la determinación de las responsabilidades penales que correspondan. Por su parte, el gobernador Antonio Pulgar se apersonó al penal de Potracancha tras tomar conocimiento del escape del interno.
Un interno falleció en el Establecimiento Penitenciario de Challapalca, ubicado en la región de Tacna, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a través de una nota oficial, a la que tuvo acceso RPP.
El fallecido fue identificado como Gian Carlos Noriega Asalde, quien fue encontrado sin signos vitales en el pabellón 2 del penal, en horas de la mañana del jueves, 25 de diciembre, durante la celebración de Navidad.
Ante el hecho, el INPE informó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad penitenciaria y se informó a la Fiscalía Provincial de Turno de Tarata y a la Policía Nacional del Perú, para que realicen las diligencias correspondientes y se inicien las investigaciones.
Carlos Noriega Asalde, quien cumplía una condena de 9 años por el delito de robo agravado, había sido trasladado al penal de Challapalca en 2022, luego de intentar escapar del penal de Cajamarca.
El INPE aseguró que se brindarán todas las facilidades necesarias para que las autoridades competentes determinen las causas del fallecimiento.
En medio de la grave crisis penitenciaria y el avance sostenido de las mafias que operan desde las cárceles, el presidente José Jerí anunció este martes una decisión histórica: el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dejará de funcionar y será reemplazado por una nueva entidad, denominada Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que comenzará a operar desde enero de 2026.
Según explicó el mandatario, esta reforma forma parte de las facultades legislativas que recibió para actuar en materia de seguridad ciudadana y constituye la primera medida estructural dirigida a recuperar el control del sistema penitenciario, considerado uno de los focos más críticos de la criminalidad organizada en el país.
La Sunir asumirá todas las funciones del actual INPE, pero bajo un modelo renovado de gestión, supervisión y resocialización. Jerí afirmó que la superintendencia permitirá “romper con estructuras capturadas por la corrupción” y establecer un control más eficiente en los centros de reclusión.
Uno de los primeros cambios anunciados es la salida del actual jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, quien será relevado en enero. Aunque continúa en el cargo, Jerí explicó que su permanencia responde a una fase de transición operativa necesaria para el traslado ordenado de competencias.
Paredes Yataco, perteneciente a la plana que dirigió el INPE en los últimos años, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, aunque el presidente destacó que ha cumplido con todas las instrucciones inmediatas del Ejecutivo en esta etapa previa al cierre del organismo.
Un sistema heredado “con corrupción y desorden”
En su mensaje, el jefe de Estado indicó que recibió un sistema penitenciario marcado por la corrupción, el abandono y la infraestructura deteriorada, un escenario que facilitó que bandas y cabecillas continúen delinquiendo desde prisión.
Jerí criticó además que en gobiernos anteriores se permitiera el uso de teléfonos públicos dentro de los penales, herramienta que —según advirtió— fue utilizada para organizar extorsiones y otros ilícitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
Reveló que, desde el año 2010, todas las llamadas realizadas desde los penales están registradas, pero denunció que esa información no fue aprovechada de manera adecuada por las autoridades predecesoras, pese a que podría haberse utilizado para identificar y desarticular redes criminales.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) atraviesa un momento crítico, entre denuncias por corrupción contra el más alto funcionario, el jefe Iván Emilio Paredes Yataco, constantes operativos del Gobierno en penales y una huelga indefinida declarada improcedente por el Ministerio de Trabajo. En medio de la crisis, el gobierno del presidente José Jerí afirmó que busca reemplazar al INPE con la creación de la Superintendencia Nacional del Internamiento (Sunir), como parte del paquete de reformas de seguridad ciudadana.
El secretario general del sindicato de trabajadores (SINTRAP – INPE), Ángel Llancari, advirtió que la medida “genera preocupación” entre el personal y cuestionó la información con la que el Ejecutivo estaría trabajando. Según explicó a La República, los trabajadores consideran que el problema de fondo no radica en la estructura institucional, sino en la falta de medidas efectivas para enfrentar la corrupción en los niveles más altos del INPE. Además, afirmó que los nueve sindicatos de la institución están debatiendo para acatar una huelga nacional indefinida.
Critican manejo de la corrupción y uso del polígrafo
El dirigente cuestionó que, desde el Gobierno, se haya difundido la idea de que la corrupción proviene principalmente de los trabajadores, cuando, según afirma, los mayores riesgos se encuentran en los funcionarios y cargos de confianza, quienes deciden políticas y administran presupuesto. Recordó que el uso del polígrafo dentro del INPE existe desde 2021 y que su aplicación estaba dirigida justamente a quienes ocupan puestos de mayor responsabilidad.
Según Llancari, estos puestos incluyen jefaturas de presupuesto, planificación, gerencia general, directores regionales, directores de penales, subdirectores y jefes de seguridad. Para el sindicato, la falta de aplicación del polígrafo en estos niveles favoreció que se mantengan prácticas que debilitan la transparencia interna. “Son ellos los que deciden las políticas de trabajo (…) Si ponemos directores que son puestos a dedo y que no tienen intención de combatir la corrupción, esa va a seguir siendo la política”, remarcó el líder.
Cuestionamientos al actual presidente del INPE
Un tema controvertido es la continuidad de Iván Paredes como presidente del INPE, quien enfrenta una denuncia por presunto cobro de sobornos. Según un audio, se le acusa de haber solicitado 80.000 dólares a cambio de facilitar la liberación de un expolicía condenado por secuestro.
Para el sindicato, las acusaciones en su contra afectan la imagen de toda la institución y dificultan cualquier intento de reforma real. “Estamos hoy en día en total desacuerdo con la presencia del presidente del INPE”, afirmó Llancari, quien añadió que los cuestionamientos “no han sido aclarados” y que eso “no nos garantiza la estabilidad que necesitamos”. Según indicó, el presidente José Jerí habría sido “mal informado” respecto al estado real del INPE, lo que estaría afectando las decisiones tomadas en torno a la propuesta de crear una nueva superintendencia.
Huelga por incumplimiento de acuerdos y retrasos
El sindicato confirmó que la huelga del personal penitenciario sigue en trámite ante el Ministerio de Trabajo. Llancari afirmó que la institución ha incumplido acuerdos previos y ha retrasado la entrega de información técnica, especialmente en temas de valorización de bonificaciones por seguridad. “Nos vienen postergando lo que hace mucho tiempo veníamos pidiendo”, dijo. Aseguró que, pese a que el INPE presentó un resumen sobre las valorizaciones, este no ha sido compartido con los trabajadores, lo que impide verificar si corresponde a lo solicitado.
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