Alvarado, figura formalmente como acusado en un proceso penal vinculado a la Municipalidad Provincial de Cañete, y aun así con una frescura extraordinaria promueve públicamente a su movimiento político “Patria Joven” y a una posible candidatura al Congreso de la República, como si enfrentar un juicio oral urgente fuera un detalle menor o una simple “persecución”.

Los hechos son claros y documentados. Según notificación oficial del Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Cañete ha programado una audiencia de juicio oral inaplazable para el 9 de enero de 2026, a las 9:00 a. m.

No se trata de una investigación preliminar ni de una citación administrativa: es la fase central del proceso penal, donde se ventilan pruebas, responsabilidades y eventuales sanciones.

El caso es visto por el Primer Juzgado Unipersonal – Sede Central, bajo la conducción de la jueza Luz Xiomara Gutiérrez Flores, y en el expediente aparece expresamente como acusado Javier Alvarado Gonzales del Valle, junto a José Antonio Espinoza Peña. La Municipalidad Provincial de Cañete figura como parte agraviada, tal como consta en la resolución número 7, del expediente N° 00170-20212, por el DELITO DE PECULADO.

Pese a ello, Alvarado no ha optado por la prudencia ni por la transparencia. Por el contrario, organiza a su Movimiento político “Patria Joven”, a sus eventuales candidatos y el mismo se promueve como candidato a Senador, para lo cual sale a las calles, a las redes y a los micrófonos a pedir el voto popular, como si nada ocurriera, como si el país no tuviera derecho a saber que uno de sus aspirantes al Congreso tiene una cita obligatoria con un juzgado penal.

¿Ese es el estándar ético de Patria Joven?  ¿Esa es su “renovación política”? ¿Promover candidatos con juicios orales pendientes es parte de su propuesta para el país?

La resolución judicial es tajante: la audiencia será virtual y de carácter inaplazable, con advertencia expresa de que la inasistencia injustificada podría derivar en la declaración de reo contumaz o reo ausente.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES IMPUNIDAD POLÍTICA

Nadie discute el principio de presunción de inocencia. Pero ese principio no autoriza a engañar al electorado, ni a ocultar procesos judiciales, ni a pretender que el Congreso sea un escudo frente a la justicia.

El Parlamento no es una guarida, no es un premio consuelo para cuestionados, no es una plataforma para huir del escrutinio judicial. Quien aspira a legislar debe dar el ejemplo, no caminar con un expediente penal bajo el brazo mientras reparte volantes.

La democracia se defiende con memoria, con información y con coraje.

Lo demás es propaganda.

Fuente: RADIO TV Digital-RTD