El congresista Elías Varas Meléndez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) presentó una denuncia constitucional contra seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), incluido el presidente y la vicepresidenta, por disponer la restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.
La acusación alcanza al presidente de la JNJ, Gino Tomas Ríos Patio, y la vicepresidenta María Cabrera; así como a los magistrados Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví, Germán Serkovic Gonzalez y César Galindo Sandoval, quienes votaron a favor del retorno de Benavides Vargas en el cargo, a pesar de que Delia Espinoza es la actual fiscal de la Nación.
La denuncia constitucional excluye al magistrado Francisco Távara, que se abstuvo de participar en la votación de la JNJ donde se decidió el regreso de Patricia Benavides al Ministerio Público.
En su recurso, el legislador acusó a los seis integrantes de la JNJ por el presunto delito de usurpación de funciones y de avocamiento ilegal de proceso en trámite, por lo que pidió la destitución contra este grupo de magistrados.
Asimismo, detalló que la JNJ vulneró y usurpó las funciones de la Junta de Fiscales Supremos, el organismo encargado de la designación de un fiscal de la Nación.
“Es evidente que la Junta Nacional de Justicia carece de potestad constitucional y legal para reponer a una persona en un cargo electo internamente como es el cargo de Fiscal de la Nación; en esencia estamos ante un escenario de vulneración y usurpación de funciones”, estableció.
Segunda denuncia constitucional contra los magistrados de la JNJ
El legislador Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) también presentó una denuncia constitucional contra los seis magistrados de la JNJ y, además, solicitó que sean inhabilitados para el ejercicio del cargo público por diez años.
Al igual que su colega Elías Vara, excluyó de la acusación al magistrado Francisco Távara, quien, además no haber participado en la sesión de la JNJ, ha considerado que sus colegas debieron meditar con más tiempo esta decisión, que ahora ha generado una crisis en el Ministerio Público.
Pariona Sinche estableció que la reposición de Patricia Benavides constituye una “flagrante usurpación de funciones” y manifiesta una “vulneración del principio de separación de poderes”, pues la JNJ carece de competencia para incidir en el nombramiento o remoción del fiscal de la Nación.
Ambas denuncias deberán ser tramitadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá determinar la aprobación o el rechazo de los recursos.
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, intenta cambiar la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Poder Judicial y Ministerio Público. El pasado 29 de mayo, Gutiérrez envió un proyecto del ley al Congreso, con el que intenta empoderar a la cuestionada JNJ al atribuirle la total autoridad de la elección de los jueces y fiscales provisionales.
Se trata de la propuesta legislativa N° 1393/2024-DP que busca la modificación del artículo II de las reglas de juego de la JNJ, en el que se establece que dicha entidad tiene la finalidad de «establecer las exigencias legales para el nombramiento de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de los jueces y fiscales titulares y provisionales de todos los niveles (…)».
Es preciso resaltar que, actualmente, es el Ministerio Público el encargado de nombrar a los fiscales titulares y provisionales en sus cargos, así como el Poder Judicial es el responsable de los jueces del mismo rango. Con esta propuesta, la institución liderada por Gutiérrez le quita la facultad al presidente de la Corte Suprema, Cortes Superiores, a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y Juntas de Fiscales, designar a magistrados de ningún nivel.
Documento del proyecto de ley N°11393/2024-DP que busca modificar la ley orgánica de la JNJ, PJ y MP
Especialistas advierten impunidad y afectación a la autonomía del sistema de justicia
En comunicación con La República, el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, advirtió sobre una eventual impunidad para los congresistas y defensor del Pueblo en el futuro en diversos procesos judiciales. «Es un problema de impunidad. Es un problema de también, corrupción, es un problema de falta de idoneidad para el servicio tan importante que tienen que prestar estas instituciones a cualquier ciudadano», enfatizó.
«Yo creo que, definitivamente, la actual composición de la Junta tendrá que ser revisada cuando la situación política del país cambie y, mientras tanto, hay que mantenerse más en alerta e impedir que se le quiera entrar más atribuciones de las que le corresponden», aseveró.
Por su parte, el exjuez superior Sergio Salas comentó que con esta iniciativa no se está respetando la antigüedad ni meritocracia dentro del sistema judicial. Por otro lado, Salas no descartó que se pueda generar algún tipo de impunidad en casos judiciales contra diversas autoridades. «Yo no podría generalizar, pero sí podría generarse un riesgo de comunidad en determinados casos».
Por otro lado, enfatizó que la propuesta debe partir de Poder Judicial o Ministerio Público, y no de la Defensoría del Pueblo.
«A mí me parece que no es una buena iniciativa porque lo que se estaría haciendo es legalizar la provisionalidad y la provisionalidad es una eventualidad que se presenta en los cargos judiciales por circunstancias muy particulares, por ejemplo, por enfermedad o cese. Eso no es correcto. Lo que ocurre es de que quienes deben tener la iniciativa en todo lo que es reforma orgánica son las propias instituciones. Y creo que aquí no se ha tomado en cuenta la opinión del Poder Judicial específicamente», enfatizó.
Propuesta beneficiaría a congresistas
En esa misma línea, Albán criticó que las intenciones detrás de esta iniciativa es seleccionar a los fiscales y jueces que más le beneficien al Congreso y sus aliados. Además, rememoró que, en febrero de este año, la JNJ intentó destituir a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, con un proceso sancionador muy cuestionado y sesgado.
Finalmente, Albán recordó que los miembros de la actual JNJ no fueron elegidos por sus méritos ni por su trayectoria, sino por los intereses del Congreso «por estar dispuestos a hacer lo que les piden». Asimismo, Albán resaltó que el proyecto de ley de Josué Gutiérrez denota una clara afectación a la autonomía de Poder Judicial y la Fiscalía y lo calificó como un «mandadero del Parlamento».
«El señor Gutiérrez es un mandadero del Congreso de la alianza que gobierna el país en este momento y que controlan buena parte del aparato del Estado. Siendo el Poder Judicial y el Ministerio Público instituciones autónomas conforme a la constitución. Esto resulta ser una, pero grosera afectación de esa autonomía que la Constitución les consagra porque la designación de provisionales es una cuestión de manejo interno que, por lo tanto, corresponde al Gobierno del Poder Judicial y al Gobierno del Ministerio Público».
Requisitos para los fiscales provisionales
La iniciativa de la Defensoría del Pueblo señala que será la JNJ, previo concurso, la encargada de elaborar un cuadro de méritos obligatorio para que los jueces y fiscales provisionales ocupen, de manera temporal, sus puestos. Además, se determina que dicha elección se llevará a cabo bajo una serie de disposiciones.
Para el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo propone que las plazas sean ocupadas en el siguiente orden, según sea la postulación: jueces supremos provisionales, superiores titulares, superiores provisionales y especializados y/o mixtos titulares; jueces de paz letrados titulares y/o auxiliares jurisdiccionales nombrados.
Mientras que para el Ministerio Público ocurriría lo mismo: fiscales supremos provisionales, fiscales superiores titulares y/o los fiscales supremos adjuntos titulares, superiores provisionales, fiscales provinciales titulares y/o los fiscales superiores adjuntos titulares, fiscales provinciales provisionales.
Extracto del proyecto de ley que quita facultad al Poder Judicial y Fiscalía de nombrar a jueces y fiscales.
Pese a ello, el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, calificó la propuesta como un despropósito. «El Ministerio Público y el Poder Judicial no podrían designar a quien ellos consideren más idóneo. Esto es un despropósito desde todo punto de vista, porque nada nos garantiza la idoneidad de esos concursos.
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por el exfiscal supremo Luis Arce Córdova contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ordenó su reposición en el cargo. La resolución judicial -a la que accedió La República- deja sin efecto la destitución impuesta por la JNJ en julio de 2022, luego de que el magistrado Jorge Ramírez Niño de Guzmán concluyera que el procedimiento seguido vulneró derechos fundamentales del demandante.
El juez consideró que la JNJ aplicó de forma errónea un procedimiento disciplinario inmediato sin motivación suficiente, y que la sanción carecía del estándar exigido por el Tribunal Constitucional (TC) en precedentes recientes sobre la remoción de jueces y fiscales titulares. Además, determinó que Arce no tuvo garantías suficientes para ejercer su derecho de defensa de manera efectiva.
Poder Judicial declaró fundada la demanda de amparo del exfiscal supremo Luis Arce Córdova y ordenó su reposición. | Foto: La República.
PJ ordena reincorporación de Luis Arce como fiscal supremo
Luis Arce Córdova fue separado del cargo por remitir una carta al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que declinaba continuar participando como su miembro, en plena segunda vuelta electoral del 2021. La JNJ calificó esa conducta como una falta muy grave por atentar contra la estabilidad del sistema electoral y la institucionalidad democrática.
En su defensa, Arce Córdova alegó que su decisión fue una expresión de protesta frente a lo que consideraba irregularidades en el proceso electoral, especialmente por la negativa del JNE a permitir auditorías a actas impugnadas. Si bien el juez no avala expresamente ese argumento, señala que la JNJ no logró probar que esa renuncia configurara una falta muy grave.
«Se concluye que no le corresponde a la JNJ iniciar procedimientos disciplinarios inmediatos, al no haberse previsto, ni en su propia Ley Orgánica, ni en la Constitución Política; por ello, se ha advertido que el procedimiento disciplinario inmediato en contra del demandante, mediante el cual, se da su destitución, ha vulnerado el principio de jerarquía normativa», se lee en el fallo judicial.
A la fecha de su destitución, Luis Arce Córdova era uno de los últimos fiscales supremos nombrados por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Su nombre también ha estado vinculado al caso «Los Cuellos Blancos del Puerto», una supuesta red de corrupción en el sistema de justicia, y el Ministerio Público lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. En abril de 2022, el fiscal Pablo Sánchez solicitó levantar su inmunidad para incluirlo formalmente en las indagaciones.
¿Luis Arce regresará al Ministerio Público?
Pese al fallo favorable del Poder Judicial, el retorno de Luis Arce Córdova a la Fiscalía Suprema no es inmediato. La sentencia es de primera instancia y aún puede ser apelada por la Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia. Incluso si se solicita su ejecución provisional, Arce enfrenta un obstáculo mayor: fue destituido en dos oportunidades.
La primera, por su presunta vinculación con la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y la segunda, por haber declinado a su rol en el Jurado Nacional de Elecciones en pleno proceso electoral de 2021. Finalmente, aunque el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional ante el Congreso, esta aún no ha sido tramitada. Por lo que, más allá del reciente fallo judicial, su eventual retorno dependerá también de cómo se resuelvan estos procesos pendientes.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó una propuesta de ley del fujimorismo que modifica el reglamento de esta institución para que sea posible suspender a todos los altos funcionarios del Estado: ministros, fiscales supremos, jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La iniciativa empodera los procesos de acusaciones constitucionales del Congreso y permite, además, que todos los altos funcionarios sean suspendidos con 50 votos, lo que equivale a la mayoría simple de congresistas presentes en el Pleno, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente (que son 30).
Fuerza Popular y Perú Libre respaldaron contrarreforma
El dictamen fue aprobado con 14 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Los congresistas que respaldaron la contrarreforma son de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Somos Perú y Bloque Magisterial. Todo el pacto que gobierna el Parlamento.
El proyecto fue presentado por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, quien planteó modificar el artículo 89 del reglamento del Congreso. Este texto establece que los parlamentarios acusados constitucionalmente puedan ser suspendidos mientras son investigados en el Ministerio Público.
Juárez propuso ampliar ese universo para todos los altos funcionarios investigados y que son acusados por el Congreso. «Mientras dure el proceso, se les suspende en el cargo», enfatizó.
La sesión de la Comisión de Constitución en la que se aprobó esta ley fue presidida por Luis Aragón, de Acción Popular, quien puntualizó el impacto que tendrá dicho dictamen. «El parlamentario no es el único que puede ser acusado. Puede ser acusado un miembro de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación o de la Junta Nacional de Justicia», manifestó.
La legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, cuestionó el proyecto. «Me preocupa. Aquí se está incorporando una disposición que aplica en los procesos en trámite. ¿A quién quieren bajarle la cabeza sino tienen los votos? Lo que más me viene a la mente es lo que pasó con la JNJ y ahora se pretende quitar el tema de congresistas para que se aplique a funcionarios. Yo quisiera tener claridad sobre el fondo de este tema», comentó.
Congreso: altos funcionarios corren peligro de ser suspendidos con 50 votos
La otra crítica a esta propuesta es que el Pleno del Congreso, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente, podrá suspender con mayoría simple a los altos funcionarios. «Aquí se abre la puerta a que con 50 votos uno puede suspender indefinidamente por infracción a la Constitución porque a mí me parece que se vulneró la Constitución. Lo único que he pedido es evitar que las suspensiones se hagan pasar por destituciones», expresó.
Actualmente para inhabilitar a un alto funcionario se requiere dos tercios de votos (67) a favor en el Pleno, sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente. El proyecto de Juárez permite suspenderlos con menos votos. La congresista Luque por eso recordó el caso de la JNJ, cuando los exmagistrados Aldo Vásquez e Inés Tello fueron inhabilitados con 67 votos exactos.
Con una ley como la planteada por Juárez, Vásquez y Tello hubieran podido ser suspendidas con 17 votos menos en el Congreso.
Delia Espinoza, Janet Tello y Salas Arenas en riesgo
Esta ley fujimorista recibió luz verde de la Comisión de Constitución el mismo día que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) votará el informe final para acusar al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, por presunta negociación incompatible, sobre la base de declaraciones del exjuez Walter Ríos.
Con el dictamen naranja todavía no es discutido en el Pleno, pero de ser aprobado Salas Arenas está expuesto a ser suspendido del cargo de juez supremo con la mayoría de simple de votos.
El mismo riesgo corren la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quienes son atacadas constantemente por el fujimorismo y sus aliados. A eso se suma que incluso los ministros del régimen de Dina Boluarte, los miembros del TC y otros funcionarios como el contralor y el defensor del Pueblo están expuestos a ser sometidos por una mayoría simple parlamentaria.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió absolver a la fiscal suprema Zoraida Ávalos del proceso disciplinario que afrontaba por presuntamente haber interferido en las funciones de la Policía y una fiscalía del Callao cuando se desempeñó como fiscal de la Nación.
«El Pleno de la Junta Nacional de Justicia resolvió el procedimiento disciplinario n.º 096-2023-JNJ seguido a la fiscal suprema Zoraida Ávalos por presunta interferencia en las funciones de la Policía Nacional del Perú y de las funciones del Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, cargos imputados en su actuación como Fiscal de la Nación», se lee en el comunicado de la JNJ.
Después de valorar las pruebas de cargo y de descargo, el colegiado resolvió absolver a la investigada Ávalos Rivera, al no haberse acreditado que haya incurrido en las conductas imputadas en el cargo de apertura del procedimiento disciplinario, sino que actuó de conformidad con sus atribuciones y para facilitar el curso de las diversas investigaciones requeridas.
El procedimiento disciplinario n.° 096-2023-JNJ se inició con la notificación de su apertura, ocurrida el 23 de enero de 2024, luego de ampliarse excepcionalmente el plazo de resolución el 23 de septiembre de 2023, a través de la Resolución n.° 1260-2024-JNJ.
En vista de lo señalado, el actual Pleno de la Junta Nacional de Justicia cumplió con resolver el proceso antes de la caducidad de la investigación, además de garantizar independencia, objetividad e imparcialidad en sus resoluciones.
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DESTITUIDA Y ADMITIDA NUEVAMENTE
Como se recuerda, la extitular del Ministerio Público fue destituida e inhabilitada por cinco años para ocupar cargos públicos por el Congreso en junio de 2023.
Una mayoría de legisladores decidió imponerle ese severo castigo por suspender las investigaciones por corrupción contra el expresidente Pedro Castillo hasta que este concluyera su mandato.
Sin embargo, Ávalos consiguió que se admita una acción de amparo por el que la Tercera Sala Constitucional de Lima ordenó su reposición inmediata como fiscal suprema titular del Ministerio Público.
El esfuerzo del Congreso por disolver la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ha prosperado. Un grupo de 68 congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial, Acción Popular, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista y Juntos por el Perú optó por aprobar una cuestión previa, lo que implica que el proyecto de reforma constitucional deberá ser analizado nuevamente por la Comisión de Constitución
El dictamen suprime la Junta Nacional de Justicia y establece la Escuela Nacional de la Magistratura, además de otorgar al Congreso bicameral la facultad de seleccionar a los líderes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).
Congreso: ¿cuáles son las razones del fujimorismo para retroceder con la eliminación de la Junta Nacional de Justicia?
De acuerdo a un informe publicado en La República hace algunos días, el fujimorismo ha retrocedido en eliminar la Junta Nacional de Justicia debido a que ven en Gino Ríos Patio, exprocurador anticorrupción, un gran aliado dentro del Pleno de la próxima Junta Nacional de Justicia.
Ríos Patio ha dado a conocer sus intenciones de postular a la presidencia de esta institución judicial, basando sus argumentos en que ocupó el primer lugar en el concurso de selección llevada a cabo por la Comisión Especial, presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Esto podría ser determinante para frenar el proyecto de la congresista y exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz. Este proyecto, que ya cuenta con un dictamen aprobatorio, busca reemplazar a la JNJ y unificar sus funciones con la Escuela Nacional de la Magistratura.
Las fuentes indican que ya se ha acordado un «pleno» con los futuros integrantes de la JNJ en la Universidad San Martín de Porres, donde Ríos Patio ocupa el cargo de Director del Instituto de Investigación de la facultad de derecho.
Ríos tiene en su historial una acusación de plagio en un artículo, así como otra denuncia, que no ha sido comprobada, sobre el uso indebido de recursos de la procuraduría por parte de los procuradores para su propio beneficio en un proceso de divorcio.
Por otro lado, también está Francisco Távara. En el ámbito legal, se opina que el presidente natural del nuevo pleno de la JNJ debería ser Távara Córdova. Este ha ocupado cargos como juez supremo titular, presidente del Poder Judicial y presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Fujimorismo retrocede en eliminar la JNJ: ¿Qué bancadas apoyaron esta maniobra y cuáles son sus razones?
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