“Esto (pena de muerte) debe ser revisado. Desde luego, considero también que las reglas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que todavía están vigentes, requieren de un proceso. Le aseguro que voy a estudiar con mucho detalle esta propuesta”, así el ministro de Justicia, Eduardo Arana, respondía al congresista Jorge Montoya (Honor y Gloria), quien propuso denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos para poder implantar la pena de muerte en el país.

Montoya aseguró que la pena de muerte debería ser aplicada para delitos graves, como violación sexual de menores, el sicariato, el terrorismo y el feminicidio. “De tal forma que no queden impunes y evitemos que nuestros centros penitenciarios desbordadamente ocupados por delincuentes irrecuperables que hacen daño desde adentro y afuera de las cárceles”, dijo el congresista.

A comparación del ministro Eduardo Arana, el saliente presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, rechazó contundentemente la propuesta. Aseveró que la pena de muerte “es algo que ya hemos superado y que no se puede restablecer en el Perú”. En todo caso, señaló estar de acuerdo con que se imponga cadena perpetua a delincuentes que cometan delitos graves.

En esa misma línea declaró la electa presidenta del Poder Judicial, la jueza suprema Janet Tello Gilardi, quien recordó que “el Perú ya ha suscrito convenios internacionales donde se ha derogado totalmente” la pena de muerte.

La magistrada señaló estar segura de que, en los diálogos que sostendrá en su oportunidad con el ministro de Justicia, este “va a analizar de mejor manera” el planteamiento de Jorge Montoya. Recordó que en anteriores oportunidades la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia han coincidido, como en rechazar el proyecto de ley que busca que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados penalmente.

Reaccionan expertos

En diálogo con La República, el abogado Carlos Rivera indicó que la declaración del ministro Arana debe ser vista como parte de la posición que ha asumido el Estado peruano, a través del Ejecutivo, ante el Sistema Interamericano. “Una posición no solo de desencuentro, sino también de desacato”, apuntó.

Por su parte, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos aseveró que lo dicho por el titular de Justicia parece ser más una “cortina de humo, antes que una propuesta que busque realmente solucionar el problema de la inseguridad ciudadana en el país”.

Rivera afirmó que “no es tan fácil desarrollar un procedimiento de la forma cómo seguramente Montoya o Cueto quieran que se produzca. “No es que denuncies hoy día y mañana puedes meterle bala a quien sea”.

El letrado del IDL precisó que, por lo menos, un proceso de denuncia de la Convención tomaría dos años y “no sabemos si dentro de un año Boluarte estará en el poder”.

Por ello mismo, Heber Joel Campos consideró “poco probable” que se concrete una salida del Pacto de San José.

Por otro lado, Carlos Rivera sostiene que el actual Gobierno no sentará una posición porque podría obtener que determinados sectores de la ciudadanía lo apoye.

“Este tema se utiliza de manera frecuente y el Ejecutivo lo va a permitir porque abre un debate sobre un asunto que no lo lesiona, sino que le da una suerte de adhesión de algunos grupos, asumir que la pena de muerte es una exigencia ciudadana y por lo tanto hay que caminar en esa dirección. Intentar aprovecharse de un tema que parece más un tema de campaña política”, declaró Rivera.

Excusas y no se hace nada

Ambos expertos consultados coincidieron en que, en lugar de la pena de muerte, se debería fortalecer la política criminal para que el Estado pueda evitar, perseguir y sancionar la inseguridad ciudadana y el crimen.

“El populismo penal ha demostrado que no sirve para protegernos. (…) Para decirlo en términos sencillos: medidas como la pena de muerte son un pretexto para dar la impresión de que se lucha contra la inseguridad ciudadana, cuando en realidad no se hace nada o muy poco”, sentenció Campos.

Campos añadió que, en caso Perú salga del pacto de San José, los derechos humanos estarían en riesgo. «Y se vulneraría un artículo constitucional expreso (art. 205) que señala que todos tenemos derecho a acceder a los tribunales internacionales creados para ese efecto por convenios o tratados internacionales. Es decir, la consecuencia práctica sería que las garantías para nuestros derechos serían menores que las que tenemos en la actualidad. Además, del pésimo antecedente que eso significaría en el plano internacional. En la región, los países que se han apartado del sistema interamericano de derechos humanos son países que han retrocedido sensiblemente en materia de derechos y de democracia. Dos ejemplos elocuentes: Venezuela y Nicaragua».

Intereses subalternos de Montoya

• Jorge Montoya presentó un proyecto de ley para que el Gobierno denuncie la Convención Americana. Sin embargo, el dictamen planteó la creación de una comisión de alto nivel para proponer reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El texto incluía un artículo para que el Gobierno evalúe denunciar la Convención Americana en caso las propuestas formuladas no reciban alguna respuesta por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
• Durante la sustentación de su proyecto, Montoya dijo que se busca recuperar la “soberanía nacional” y acusó al Sistema Interamericano de “haberse politizado” y adoptado una ideología de izquierda.