Al cumplir su primer mes al frente de la República, el presidente José Jerí ofreció una entrevista a América Televisión, en la que hizo un balance de su gestión de transición, marcada —según dijo— por un estilo “más directo, presente y cercano a la ciudadanía”. En medio de un contexto político y social complejo, el mandatario destacó su intención de diferenciarse de sus antecesores y fortalecer el vínculo entre el Ejecutivo y la población.

Jerí afirmó que su equipo trabaja “con rapidez en la toma de decisiones” y que la comunicación con los ciudadanos se mantiene de forma constante a través de diversos canales, incluyendo las redes sociales. “Hay un gobierno a cargo del país”, subrayó, enfatizando que su modelo de liderazgo busca transparencia, contacto directo y resultados visibles. “Presencia, escucha y acción” fueron las tres palabras que utilizó para definir su estilo de gestión.

El presidente reconoció que la seguridad ciudadana es una de las mayores preocupaciones de su gobierno. Frente al incremento de homicidios y la sensación de inseguridad, admitió que los indicadores “aún no han mejorado”. Sin embargo, aseguró que el primer objetivo fue evitar que las cifras sigan aumentando, y que la siguiente etapa será lograr una reducción sostenida. “Estamos actuando en la calle, con presencia directa”, afirmó, dejando entrever un enfoque más operativo en las acciones del Estado.

Aunque no presentó cifras ni metas específicas, Jerí adelantó que los ministerios responsables serán los encargados de brindar esos detalles técnicos. Explicó que la prioridad actual es consolidar un plan de intervención inmediata en las zonas más afectadas por la delincuencia, mientras se fortalecen las coordinaciones con gobiernos regionales y locales. “Cada día nos planteamos nuevos objetivos frente a este problema”, aseguró.

«Un gobierno tiene que fijarse objetivos y metas y todo calendarizado porque si no, las buenas intenciones van volándose por ahí», expresó.

Además, cuestionó las críticas de algunas exautoridades: «Nos criticarán personas que su momento tal vez han podido hacer más y no han querido hacer. Y hay un montón de omisiones de parte de autoridades que han podido hacer cambios y nunca han querido hacerlos, pero eso ya lo detallaremos en su momento porque hay información relevante que la población debe saber por transparencia. Me refiero a una serie de funcionarios que no quisieron trabajar».

Asimismo, se refirió a las estadísticas del estado de emergencia hasta el momento. 

«Las cifras que vamos manejando son alentadoras, pero no hemos cumplido con el objetivo todavía, el mínimo objetivo que nos estamos trazando», detalló.

En otro momento, el presidente fue consultado sobre las críticas relacionadas con su salario y respondió tajantemente: “Actualmente no cobro como presidente”. Detalló que mantiene su remuneración como congresista y que cualquier modificación en la escala salarial del Ejecutivo debe ser parte de una política integral. “No se trata de gestos aislados, sino de decisiones que respeten el equilibrio fiscal y el control del gasto público”, enfatizó, buscando poner fin a la controversia sobre el tema.

Asimismo, Jerí anunció el inicio de una gira nacional que se extenderá durante tres meses, con visitas programadas a diversas regiones dos veces por semana. El mandatario adelantó que recorrerá tanto capitales como provincias y distritos, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en el territorio. “La presencia territorial es clave para recoger demandas y mostrar acción concreta desde el Ejecutivo”, afirmó y añadió que la primera parada será Huánuco.

A un mes de haber asumido la presidencia, José Jerí busca proyectar la imagen de un mandatario activo, que escucha y actúa, en medio de un país que exige respuestas rápidas y efectivas. Su promesa de estar “en la calle”, de recorrer el país y de mantener la comunicación abierta con los ciudadanos, marca el tono de una gestión que pretende recuperar la confianza en las instituciones y demostrar que, como él mismo dijo, “hay un gobierno a cargo del país”.

A más de un mes de asumir la presidencia del Perú, José Jerí decidió mantener por 30 días más el plan de seguridad ciudadana de 2019 creado por el Gobierno de Martín Vizcarra, una estrategia planteada para cinco años y que a pesar de que debió ser modificada en 2023, se mantuvo por dos años más, reflejando la ineficiencia y desinterés de las autoridades en el combate de las extorsiones y homicidios.

«El último plan de seguridad anual que indica la ley 27933 se confeccionó en el año 2012, al 2025 tienes 13 años que no hay plan anual. En 2013 a medio año hicieron un plan quinquenal que era del 2013 al 2018 y en 2019 hicieron otro igual hasta el 2023, pero en el año 2024 ya no hubo plan y este año tampoco. Es decir, hubo dos años que no hubo planes de seguridad y por eso aumenta la delincuencia», explicó el exgeneral de la PNP, Eduardo Pérez Rocha.

Sabiendo este contexto, el presidente interino, José Jerí optó por una criticada continuidad: mantuvo sin cambios la estrategia previa, incluyendo el cuestionado uso del estado de emergencia por 30 días, una medida cuya recurrente aplicación no ha logrado revertir la inseguridad ciudadana. Como consecuencia, durante su primer mes en el máximo cargo del Estado se registró 180 muertes por homicidio y decenas de extorsiones en sectores vitales como escuelas, negocios y transporte público.

En lugar de reconocer su error por mantener por un mes más el plan de seguridad ineficiente en su práctica, Jerí optó por «lavarse las manos» asegurando que planteará derogarlo. «Tenemos un plan de seguridad ciudadana vigente, a mi criterio de escritorio y lejano a la realidad y que en la práctica no nos sirve (…) evalúen para derogar ese plan que está vigente«, expresó dirigiéndose al ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Agregó que la nueva estrategia tendrá como ejemplo los planes de seguridad usados durante Gobiernos pasados: «Planes aquellos como los del 2013 o 2018, que tenían una lógica distinta, mucho más operativa», dijo Jerí, precisando que la crítica que hacía también la hizo cuando era congresista, entonces ¿por qué continuó por un mes con un plan de seguridad criticado anteriormente por él mismo?

Para el exgeneral PNP Pérez Rocha esta no sería más que una medida populista y que no se cumplirá: «Ya estamos en octubre y ese plan tiene que ser aprobado por todos los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). No hay tiempo, acá ni idea de qué cosa es seguridad ciudadana».

Además, Pérez Rocha también precisó que Jerí buscaría imitar las tácticas e imagen del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, solo para ganar popularidad. «Él está tratando de copiar las acciones y actividades que hace Bukele en El Salvador,» aseveró. Como evidencia, mencionó detalles como la vestimenta («camisa blanca y las mangas remangadas») y la anunciada licitación de centros penitenciarios con uniformes estandarizados.

Por su parte, Wilfredo Pedraza, quien fue ministro del Interior durante el año 2013, aconsejó que «un plan es útil en la medida que no sea tremendista en metas, que tenga presupuesto y que este se ejecute». Precisó que la virtud del plan de seguridad de su año fue que no se pusieron metas abstractas, sino metas específicas: equipamiento, compras de vehículos, reducir índices de la criminalidad. «Metas razonables (…) El plan del 2013 es mucho más real y por eso se llevó a cabo», añadió.

¿Por qué se esperaron 7 años para proponer cambiar el plan de seguridad?

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, indica que existen tres razones: «La autoridad de turno durante los últimos 10 años ha tenido muy poco tiempo para hacer algo, no le ha interesado el plan y la más importante, no han tenido capacidad de gasto, por ejemplo, el Ministerio del Interior, hace 30 días solo había gastado el 20% de su presupuesto en compra de equipamiento para la Policía», reveló.

Al ser consultado por el trabajo de José Jerí contra la inseguridad ciudadana, Pedraza precisó que se debe considerar que transcurra los 30 días después de declarar el estado de emergencia. Sin embargo, sí coincidió que el actual plan de seguridad debe ser derivado.

«Si un plan no se implementa en 10 años, es que no tiene valor o no se aplicó. Creo que reformularlo me parece una buena idea. Se puede hacer ahora para dejarlo como un documento de trabajo para el Gobierno que viene», indicó el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza.

El gobierno de José Jerí dispuso un «plazo perentorio» para que la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Tatiana Ornelas Loera, tras el asilo político a la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, deje el país. La medida fue conocida a través de redes sociales luego de que el canciller Hugo de Zela anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el país de la mandataria Claudia Sheinbaum.

«¡Respeto a nuestra patria! Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornelas, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país», se lee en el post.

De Zela informó ante la prensa tomó conocimiento de que Chávez había solicitado el asilo político y se encontraba en la embajada. Cabe recordar que la ex ministra es procesada por los delitos de rebelión y conspiración debido a su participación en los hechos del pasado 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso.

Según el canciller, la medida adoptada por México constituye «una violación al principio de no intervención reconocido por el Derecho Internacional».

Aunque se rompieron las relaciones diplomáticas, el canciller precisó que las oficinas consulares de ambos países continuarán funcionando con normalidad para atender a los ciudadanos peruanos en México y mexicanos en el Perú.

Betssy Chávez, quien fue ministra de Trabajo y luego presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Castillo, enfrenta un juicio que se desarrolla en la sala de audiencias del Penal de Barbadillo.

La Fiscalía solicita una condena de hasta veinticinco años de prisión por su presunta implicancia en el intento de golpe de Estado. En los últimos meses, la ex primera ministra se ausentó de varias audiencias judiciales, una de ellas con un certificado médico cuya autenticidad fue cuestionada los magistrados.

A raíz de este incidente, su abogado, Raúl Noblecilla, fue expulsado del proceso y sancionado con dos meses de suspensión profesional por presentar documentación inconsistente y mantener una conducta considerada dilatoria.

El tribunal advirtió además que, de persistir las inasistencias, Chávez podría ser declarada reo contumaz. Es importante resaltas que ya hubo enfrentamientos diplomáticos entre México y Perú cuando se concedió asilo a la esposa e hijos de Pedro Castillo tras su destitución.

Abogado de Bettsy Chávez: «No responde al teléfono»

El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, afirmó que no tenía conocimiento de una solicitud de asilo político por parte de su defendida ni de que se encontrara en la embajada de México. Señaló que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación y que desde hace varios días no ha logrado comunicarse con la ex primera ministra, quien no responde a sus llamadas, por lo que desconoce su paradero.

«Yo he intentado (comunicarse con ella), por supuesto, y su teléfono está o malogrado o fuera de servicio o apagado, pero no hemos logrado tener comunicación. Y no ahora, yo ya le he llamado, como también lo dijo el doctor Romero, el doctor Barranzuela también le ha llamado, pero lamentablemente no hemos tenido la suerte (de una respuesta)», declaró para La República.