La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo. De acuerdo con la tesis fiscal, Gutiérrez designó irregularmente a María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de la Libertad en noviembre del 2024.

El Ministerio Público sustenta la acusación contra el defensor del Pueblo ante el Congreso, en que a sabiendas de que Olórtegui no cumplía con los requisitos legales exigidos en el Manual del Clasificador de Cargos de la entidad, se llevó a cabo este nombramiento. Para ello, Gutiérrez habría tenido el apoyo de las áreas administrativas de la institución.

Por otro lado, la Fiscalía también investiga a Olórtegui Risco por el supuesto delito de aceptación ilegal de cargo y por haber, presuntamente, tenido intervención en el personal de otros puestos de la Defensoría para concretar su contratación.

Comunicado de la Fiscalía de la Nación

Contraloría detectó contratación irregular de afiliados de APP en Defensoría del Pueblo

Tal como lo informó La República en abril de este año, un reporte de la Contraloría General de la República determinó que la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Josué Gutiérrez, realizó contrataciones irregulares de dos empleados relacionados con Alianza Para el Progreso (APP). Estos son María del Carmen Olórtegui, jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, y Juan José Canales Durand, exjefe de Gabinete.

El ente supervisor detectó dos aspectos: la Defensoría del Pueblo los contrató «a pesar de que no se acreditó fehacientemente el cumplimiento de los requisitos para dichos cargos estructurales». Asimismo, destacó que ambos conservaron su afiliación política activa a APP, partido de César Acuña, mientras desempeñaban sus funciones.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Olórtegui se afilió a la organización acuñista el 4 de julio de 2023 hasta el 5 de marzo de este año. Anteriormente, formó parte de Fuerza Popular. En cuanto a Canales, quien ya no está en la Defensoría del Pueblo, su militancia permanece activa desde el 9 de marzo de 2018.

«(…) Contraviene lo establecido en la Directiva N° 002-2019/DP sobre la neutralidad de los servidores públicos que prohíbe la afiliación a partidos políticos para los funcionarios que ocupan cargos de confianza, como es el caso de ambos; no obstante, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano omitió tomar las acciones pertinentes para cautelar el cumplimiento de la Directiva de Neutralidad», señaló el mencionado informe.