Las investigaciones de la Fiscalía sobre la represión a las protestas en Ayacucho y Juliaca, en diciembre y enero pasados, tienen complicaciones por falta de videos de cámaras cercanas a los lugares donde murieron 24 ciudadanos, entre otras falencias del caso. La empresa que administra los aeropuertos de estas ciudades, que intentaron tomar los manifestantes, borró sus grabaciones y persiste en que nunca tuvo registro de las calles. Las municipalidades tampoco aportan mucho por haber tenido cámaras malogradas.

Dos actas de la Fiscalía, suscritas cuatro días tras los enfrentamientos mortales en Ayacucho, recoge la versión del administrador del aeropuerto, Alejandro Chávez, que niega tener cámaras que den a la calle; solo reconoce que las hay “en el interior y exterior del edificio terminal” y asegura que las cámaras de la Municipalidad Andrés Avelino Cáceres habrían registrado hechos de violencia en las vías públicas fuera del aeropuerto.

Las actas, firmadas el 19 de diciembre del año pasado en Ayacucho, refieren que la fiscal que asumió entonces el caso, Yuli Obispo Yupanqui, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos en esta ciudad, y su equipo, buscaron tener videos de los enfrentamientos, ocurridos cuatro días antes, grabados por cámaras de seguridad.

Ante la versión negativa de Chávez, según la documentación, fueron a la municipalidad, donde funcionarios les dijeron que las cámaras del cementerio aledaño estaban dañadas.

Aeropuertos Andinos el Perú, que administra los terminales aéreos de Ayacucho y Juliaca por concesión del Estado, sostiene que los únicos videos de sus cámaras en estos complejos registrados el 15 de diciembre del 2022 y 9 de enero fueron borrados por haberse superado el plazo de 30 días establecido para conservar sus registros a pesar de que podría haber contenido material muy importante para la investigación de las 24 muertes, según reveló una publicación de IDL-Reporteros.

“(…) De acuerdo a la RAP 107 ‘Medidas de Seguridad de la Aviación Civil (Aviation Security) para el Operador del Aeródromo y el Proveedor de Servicio de Tránsito Aéreo’, se establece como periodo de almacenamiento un plazo no menor a quince (15), y que, sin embargo, por políticas internas de mi representada se ha considerado que dicho plazo sea de treinta (30) días, y una vez transcurrido dicho plazo, el sistema de manera automática reescribe las grabaciones pasando a eliminarse de manera permanente”, alega la firma concesionaria y aduce que nunca tuvo imágenes de la parte externa de los aeropuertos en estas ciudades.

“(…) El interés de la solicitante estaba motivado principalmente en tener acceso a las imágenes de la parte externa del aeropuerto, respecto de las cuales conforme se acreditó no se contó con las mismas en ningún momento”, señala la respuesta al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información, que había ordenado que entregue los videos solicitados por IDL-Reporteros.

Sin embargo, en Ayacucho los enfrentamientos se dieron también dentro del aeropuerto.

La acción de la concesionaria podría ser considerada encubrimiento, según expertos.

Un antecedente abona a la controversia. El gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú, Carlos Vargas Loret de Mola, aportó más de 28.000 soles a la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2011. Sus hermanos, que también participan en la compañía, fueron otros aportantes entonces.

Acta fiscal de Ayacucho