La todopoderosa China ya no solo avanza con puertos, minerales, tecnología e inversiones millonarias. Ahora también busca extender su ley más allá de sus fronteras y colocar bajo la sombra de Beijing a sus empresas, instituciones y ciudadanos que operan en otros países.

Para naciones llenas de capital chino, como el Perú, la señal no puede pasar inadvertida.

El mensaje de fondo es claro: donde haya intereses chinos, el régimen de Xi Jinping quiere tener capacidad de presión, decisión y defensa, incluso cuando esas actividades se desarrollen en territorio extranjero.

El problema estalló con el Decreto N.° 835, una norma con la que China pretende enfrentar lo que llama “jurisdicción extraterritorial injustificada” de otros Estados.

Bajo ese concepto, Beijing podrá evaluar si una medida legal, administrativa, regulatoria o judicial dictada por otro país afecta su soberanía, su seguridad, sus intereses de desarrollo o los derechos de sus empresas y ciudadanos.

Si llega a esa conclusión, las organizaciones chinas podrían quedar impedidas de cumplir o colaborar con esa disposición extranjera, salvo que el propio Estado chino lo autorice.

Ese es el verdadero riesgo para el Perú. No se trata de un debate jurídico lejano ni de una pelea entre potencias que ocurre al otro lado del mundo.

Se trata de una norma que puede abrir un choque directo entre la ley peruana y la ley china cuando una empresa de ese país opere en sectores estratégicos como puertos, minería, infraestructura, logística, energía, telecomunicaciones o comercio exterior.

¿Qué pasaría si un regulador peruano exige información, impone una sanción, demanda cooperación o dicta una obligación sobre una empresa china y Beijing ordena no cumplirla? La respuesta marcaría hasta dónde llega realmente la soberanía del Estado peruano.

El Perú no puede actuar con ingenuidad. China es uno de sus principales socios comerciales, compra buena parte de sus minerales y tiene inversiones de alto peso estratégico, entre ellas el puerto de Chancay, una obra llamada a cambiar el mapa logístico de Sudamérica.

Pero esa importancia económica no puede convertirse en licencia para operar con reglas propias.

La inversión extranjera es bienvenida, pero ninguna potencia, por grande que sea, debe colocarse por encima de la Constitución, las leyes, los reguladores ni los tribunales peruanos.

Por eso, el país debe ponerse los pantalones. No para romper relaciones con China ni para alinearse ciegamente con Estados Unidos, sino para dejar claro que el Perú no es patio trasero de nadie.

La apertura comercial no significa subordinación. Los tratados, los puertos y los capitales no pueden debilitar la autoridad nacional.

Si una compañía extranjera gana millones en territorio peruano, usa infraestructura peruana y explota oportunidades generadas por el país, entonces debe someterse sin ambigüedades a la ley peruana.

LEY CHINA

En conversación con EXPRESO, el internacionalista Juan Velit advierte que lo primero que debe hacer el Perú es estudiar con seriedad los alcances de la nueva norma china.

No se trata de reaccionar con arrebato ni de encender una crisis diplomática innecesaria, sino de medir hasta dónde puede afectar los intereses nacionales.

La pregunta clave es si una disposición de Beijing puede generar tensiones con la legislación peruana cuando una empresa china opere en sectores sensibles.

“Lo primero que tenemos que hacer en el Perú es evaluar los alcances de la norma que ha sacado China para ver en qué medida nos afecta. Tenemos que evaluarlo, no podemos tomarlo tan precipitadamente”, señala.

Velit reconoce que China busca defender sus intereses, especialmente en un contexto de choque con Washington.

Sin embargo, advierte que ese derecho no puede convertirse en una carta blanca para desconocer las prioridades de otros países. Perú también tiene intereses, recursos y posiciones que deben ser protegidos.

“Nosotros entendemos que China esté buscando reconocimiento y respeto a sus intereses, pero los peruanos también tenemos que buscar nuestros intereses. China también tiene que respetar los intereses del Perú”, remarca.

Esa frase resume el dilema. El Perú no puede actuar como enemigo de China, pero tampoco como subordinado.

La relación comercial no debe confundirse con obediencia política. Si Beijing quiere respeto para sus empresas, el Perú debe exigir respeto para sus normas.

Y si una compañía extranjera opera en suelo peruano, el principio debería ser uno solo: la ley peruana se cumple primero.

CHANCAY EN LA MIRA

El puerto de Chancay es la pieza que cambió el peso del Perú en el mapa regional. Para China, no es solo una obra portuaria. Es una puerta de salida hacia el Pacífico para mercancías sudamericanas. Para Estados Unidos, según Velit, el proyecto empieza a ser observado con recelo geopolítico. El problema ya no es únicamente comercial; también es estratégico.

“Estados Unidos todavía no se pronuncia directamente en relación al puerto de Chancay, pero sí lo percibe como una suerte de cabeza de playa de China en América del Sur”, afirma.

ESTADO FUERTE

Desde el frente económico, Alejandro Indacochea plantea una mirada menos alarmista, pero igual de exigente. Para él, el Perú debe actuar con pragmatismo, porque es una economía abierta, con 23 tratados de libre comercio y vínculos relevantes tanto con China como con Estados Unidos. La prioridad no debe ser tomar partido en una guerra geopolítica, sino defender el interés nacional y generar bienestar para la población.

“Acá tenemos que ser pragmáticos. Lo que me interesa no es asumir posiciones, sino generar el mayor ingreso y dar el mayor bienestar posible a mi población. No debemos caer en los dos extremos”, afirma en declaraciones a EXPRESO.

Indacochea recuerda que China es un inversionista de enorme peso y que Chancay ha dado al Perú un protagonismo que antes no tenía. Sin embargo, también advierte que el Estado peruano dejó vacíos que hoy complican el manejo del tema. En particular, cuestiona que la regulación del puerto no haya sido definida con claridad desde el inicio.

“Un puerto es un monopolio natural geográfico y nosotros tenemos que regularlo. Esto pone de manifiesto que ahí hay un problema, un vacío regulatorio”, señala.

Ese vacío es una lección dura. El Perú suele celebrar la llegada de grandes inversiones, pero no siempre prepara el marco institucional para administrarlas. Cuando surgen controversias, el Estado reacciona tarde, cambia de posición y transmite una imagen de improvisación. Para un país que necesita capitales, esa debilidad puede ser tan peligrosa como cualquier presión externa.

Indacochea sostiene que el Perú debe manejar el tema por canales diplomáticos, con cautela y prudencia, porque no puede poner en riesgo a su principal inversionista. Pero esa prudencia no significa renunciar a la autonomía. La clave es no caer ni en la subordinación a China ni en el alineamiento automático con Estados Unidos.

“Somos un país autónomo y tenemos que definirlo. Perú es demasiado pequeño como para tomar una posición en esta confrontación mundial entre China y Estados Unidos. Tenemos que tener relaciones con todos, pero no parcializarnos”, indica.

El economista insiste en que el Perú debe fortalecer sus organismos reguladores, profesionalizarlos y evitar que cada conflicto termine convertido en un vaivén político. Sin un Estado fuerte, la apertura económica se vuelve vulnerable. Sin reglas claras, la inversión se vuelve fuente de conflicto. Y sin estrategia, Chancay puede pasar de oportunidad histórica a problema diplomático permanente.

“Tenemos que reformar y profesionalizar a los organismos reguladores. El Estado tiene que ser fuerte, bien institucionalizado y con estrategia”, advierte.

El mensaje final es claro: el Perú no debe cerrar la puerta a China ni pelearse gratuitamente con su mayor socio comercial. Tampoco debe actuar como si las nuevas reglas de Beijing fueran inocuas. La respuesta exige firmeza sin gritos, diplomacia sin rodilleras y regulación sin improvisación.

Perú debe ponerse los pantalones ante la amenaza de quedar atrapado entre dos potencias. No para provocar a China ni para obedecer a Estados Unidos, sino para recordar algo elemental: en territorio peruano manda la ley peruana. Y quien quiera invertir, comerciar o construir futuro en el país, debe entenderlo desde el primer día.