La amenaza sigue latente. La polémica ley mordaza contra la prensa, aprobada en primera votación el pasado 13 de marzo con apenas 37 votos, ha vuelto a la agenda del Congreso para una posible segunda votación en alguno de los próximos plenos.
El dictamen modifica el Código Penal, el Código Civil y otras normas, y plantea elevar penas por difamación hasta de cinco años, e incluir como delito la publicación de hechos íntimos, incluso si son ciertos, lo que representa un riesgo directo para el ejercicio del periodismo libre.
A pesar de que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aseguró el 7 de abril a los gremios de prensa —Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y Sociedad Nacional de Radio y Televisón (SNRTV)— que no percibe voluntad política para aprobar esta norma, el texto sigue en la agenda del Pleno.
«Una de las cosas que nos dijo (el presidente del Congreso) fue que había conversado con varios congresistas y que muchos no estaban de acuerdo con el proyecto de ley. Al momento de la primera votación, varios no tenían información sobre la afectación a las libertades informativas. Sin embargo, luego leyeron posturas institucionales, entre ellas las nuestras, y ahora no percibe voluntad para aprobar una norma así», señaló a Perú21 la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, tras reunirse con Salhuana.
En esa cita también participó la presidenta de la SNRTV, Michelle Szejer.
La ANP dio la alerta que la segunda votación de la ley mordaza está en la agenda del Pleno.
Aunque aún no se ha priorizado, su sola presencia mantiene en alerta a las organizaciones de prensa, que ahora buscan reunirse con diversas bancadas para frenar su aprobación definitiva.
El proyecto de ley, que fusiona las iniciativas N.° 4431 y N.° 6718, es considerado por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) como “una versión corregida y aumentada” del intento de censura de 2023, cuyo proyecto de ley que proponía lo mismo fue archivado.
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Así votaron los congresistas en la primera votación de marzo de la ley mordaza.
La propuesta legislativa contra la prensa no solo busca elevar las penas a cinco años por difamación, sino que también impone la obligación de rectificarse hasta tres veces y sanciona la difusión de información íntima, lo que abriría la puerta a castigar coberturas sobre temas de interés público.
Según la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, en reciente comunicación con Perú21, si se aprueba esta norma, hechos como las cirugías de la presidenta Dina Boluarte, pese a su relevancia política, no podrían informarse sin riesgo legal.
Se trataría, advierte, de una mordaza disfrazada de protección de derechos, que coloca en riesgo el rol fiscalizador de los medios y silencia a periodistas incómodos para el poder.
Mientras tanto, las organizaciones como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRT) y la ANP insisten en que no se puede permitir que una norma así se apruebe por silencio o indiferencia.
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