El Gobierno proyecta una inversión minera superior a US$ 33.000 millones hacia 2031, tomando como referencia una cartera cuya ejecución dependerá del sector privado. Así lo señaló el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, durante la presentación de la Política General de Gobierno 2026-2031 ante la Cámara de Diputados.
Durante su intervención, el jefe del Gabinete precisó que la función del Ejecutivo será generar las condiciones necesarias para facilitar el desarrollo de las inversiones, principalmente mediante seguridad jurídica, procedimientos previsibles y decisiones oportunas.
«Queremos inversión minera responsable, pero debemos ser precisos: la inversión la decide y ejecuta el sector privado. La responsabilidad del Gobierno es generar seguridad jurídica, procedimientos previsibles y decisiones oportunas», remarcó.
En ese contexto, Galarreta informó que el sector Energía y Minas proyecta autorizar 240 proyectos de exploración, explotación y concesiones de beneficio durante 2026, como parte de las acciones orientadas a dinamizar la actividad minera.
«El sector Energía y Minas proyecta autorizar 240 proyectos de exploración, explotación y concesiones de beneficio durante 2026, y tiene como referencia una cartera que podría superar los 33 mil millones de dólares de inversión ejecutada al 2031. No presentaremos esa cifra como dinero que el Estado controla. Presentaremos lo que sí nos corresponde: reducir demoras, evitar duplicidades y dar predictibilidad sin rebajar las obligaciones ambientales y sociales», explicó.
Gobierno busca mayor predictibilidad para la inversión minera
El premier remarcó que el monto proyectado hacia 2031 no constituye inversión pública ni recursos cuya ejecución pueda ser decidida directamente por el Estado. Por el contrario, enfatizó que las decisiones finales de inversión corresponden a las compañías privadas responsables de los proyectos.
La estrategia gubernamental estará enfocada en reducir demoras administrativas, evitar duplicidades y brindar predictibilidad regulatoria, manteniendo las obligaciones ambientales y sociales aplicables a los proyectos mineros.
La perspectiva planteada por el Ejecutivo se produce en un escenario de recuperación de los desembolsos del sector. Entre enero y junio de 2026, la inversión minera ejecutada en Perú alcanzó los US$ 3.304,5 millones, un crecimiento de 42,7% frente al mismo periodo de 2025, según cifras del Minem.
Ejecutivo reforzará acciones contra la minería ilegal
Otro eje anunciado por Galarreta fue el combate contra la minería ilegal, actividad que el Gobierno diferenció expresamente de la minería artesanal e informal. Para el periodo 2026-2031, la Policía Nacional proyecta mantener un incremento sostenido de los operativos contra esta economía ilícita.
«El control territorial también exige enfrentar las economías ilícitas. En minería ilegal que no es la artesanal ni informal, la Policía proyecta mantener un incremento sostenido con operativos en el período 2026-2031», mencionó.
El planteamiento busca vincular el control territorial con la lucha contra las actividades que financian al crimen organizado. En los últimos meses, las operaciones de interdicción ya han registrado un incremento: al 30 de junio de 2026 se alcanzó un promedio mensual de 144,7 intervenciones, según información difundida previamente por Rumbo Minero.
La Política General de Gobierno plantea así dos líneas de acción para el sector: generar mejores condiciones para el desarrollo de la inversión minera privada y fortalecer simultáneamente la respuesta estatal frente a las economías ilegales, manteniendo las exigencias ambientales y sociales para las operaciones formales.
