Desde diciembre pasado el país sufre los estragos económicos y sociales de una serie de manifestaciones violentas que han dejado, hasta la fecha, un promedio diario de 59 bloqueos en diversos puntos de distintas vías nacionales, las que sirven de nexo entre las regiones del Perú.

La interrupción de vías ha generado que ciudades del interior del país enfrenten desabastecimiento de alimentos de primera necesidad, medicamentos e, incluso, de oxígeno medicinal, ya que los camiones, vehículos particulares y buses interprovinciales no pueden continuar su paso.

Esto último, asimismo, ocasiona que los pasajeros, entre ellos ancianos y niños, permanezcan varados en las carreteras durante horas

Una revisión hecha por este diario a los reportes diarios de la crisis política y protesta social de la Defensoría del Pueblo, emitidos del 15 de diciembre de 2022 al 5 de febrero de este año, permitió determinar que por lo menos se produjeron 33 enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden desde diciembre pasado a lo que va de febrero.

Estos incidentes se concentraron en regiones como Junín, Arequipa, Puno, Cusco, Amazonas, Madre de Dios, Áncash, Huánuco, Ica y Apurímac.

ALCANCE. De acuerdo a la Defensoría y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), el día más crítico fue el pasado 19 de enero, fecha en que se registró 145 puntos de bloqueo en todo el país. Incluso, se reportaron seis enfrentamientos entre los manifestantes y agentes de la Policía en Lima Metropolitana y los departamentos de Huaraz, Arequipa y Cusco.

Es oportuno precisar que en Arequipa y Cusco se produjeron ataques a los aeropuertos, además de daños a propiedades privadas y un centro minero.

Cifras oficiales refieren que en al menos seis oportunidades hubo retención o impedimento de paso de ambulancias, las que hasta fueron apedreadas en áreas cercanas a conflictos, pese a que trasladaban pacientes en estado delicado.

Asimismo, se registraron seis atentados contra comisarías, unidades policiales y personal de dicha institución.

En cuanto a daños a instituciones públicas, la Defensoría identificó 26 de estos actos en el interior del país, contra sedes de organismos público tales como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senada), el Servicio Nacional Forestal (Serfor), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, diversas municipalidades y un Centro Binacional de Atención de Frontera.

Durante las movilizaciones también se observaron intentos de toma de los aeropuertos de Ayacucho, Cusco y Juliaca, se incendiaron peajes en Puno y hubo incursiones violentas a campamentos mineros, como Atapaccay y Hudbay Perú S.A.C.

También se atacaron empresas como Agrovitoria, en Ica; una planta abastecedora de leche Gloria, financieras; viviendas de diversa autoridades, entre otros hechos.

VÍCTIMAS Y HERIDOS. La institución que lidera Eliana Revollar también informó que, hasta el momento, las protestas han dejado el saldo de 59 víctimas mortales.

Esta cifra comprende a 47 civiles fallecidos durante enfrentamientos, a otros 11 que perecieron por accidentes de tránsito o hechos vinculados a los bloqueos y un policía por el ataque de una turba.

También detalló que -hasta el 3 de febrero- la cifra de heridos reportados por el Ministerio de Salud (Minsa) fue de 1,229 personas. Solo entre enero y febrero se registraron a 836 personas con diversas lesiones, mientras que en diciembre dicha cifra fue de 393.

El total de heridos reportados por la Policía Nacional asciende a 580, según información al 20 de enero.

En tanto, desde el inicio de las manifestaciones, el 8 de diciembre de 2022, hasta fines de enero se ha procedido con la detención de un total de 608 personas, de acuerdo con información del Centro de Monitoreo y Alerta del Ministerio Público.

Aunque ayer no se registraron enfrentamientos con las fuerzas del orden ni situaciones de violencia, la Defensoría si encontró movilizaciones, paralizaciones y bloqueo de vías en 22 provincias, lo que equivale al 11.2% del total de provincias en todo el territorio nacional.

Dicha institución, además, tienen un registro de las convocatorias anunciadas por organizaciones sociales que se desarrollarían en los próximos días.

Por ejemplo, se tiene previsto que hoy se desarrolle una movilización en San Román (Puno), mientras que el jueves, otra en la capital.

También habría paralizaciones hoy en Ayacucho, el jueves en Arequipa, y los días 17, 18, 19 y 20 de este mes en la macrorregional norte.

Finalmente, la Defensoría alerta de una amenaza de toma de instalaciones en La Convención (Cusco), sin embargo, no se conoce en qué fecha se produciría.

ALERTAS. Por otro lado, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) anunció que desde este jueves, a las 00:00 horas, comenzará una huelga nacional indefinida.

La medida, que sería acatada por sus bases en el sector público y privado, se aprobó el 26 de enero.

Según el documento de la CGTP, la medida de protesta se convoca porque la “dictadura cívico-militar-empresarial de Dina Boluarte persiste en su equivocada estrategia de criminalizar la protesta y endurecer la persecución política contra los líderes sociales y sindicales mediante el poder mediático”.

El citado gremio de trabajadores sostiene que la presidenta Boluarte tiene el afán de mostrar su fortaleza política y el control de la situación, pese al debilitamiento de régimen.

Además, cuestiona que medios periodísticos se hayan referido a su secretario nacional, Gerónimo López.

Por ejemplo, criticaron que un medio de comunicación haya difundido un video de una conferencia de prensa en la que participa López con el rótulo: “Estos son lo rostros de los violentistas en las manifestaciones”.

También criticaron que se haya difundido un informe -elaborado por el Ministerio del Interior- sobre las protestas, documento en el que se sostiene que la CGTP es un “actor con estructura orgánica sólida que participa en las protestas”.