La Contraloría General de la República detectó que, durante la declaratoria de emergencia por las lluvias de febrero de 2023, el Gobierno Regional de Lima aprobó pagos por el alquiler de maquinaria pesada a proveedores que no fueron supervisados durante la ejecución del servicio de descolmatación de ríos y eliminación de desmonte. Esta situación puso en riesgo la calidad de los trabajos realizados en la provincia de Huaura y en la Municipalidad Distrital de Ihuarí, en la provincia de Huaral.

Según los Informes de Control Específico n.º 25764-2024-CG/GRLP-SCE y N.º 28422-2024-CG/GRLP-SCE, se identificó que los pagos efectuados por estos trabajos carecían de solicitud formal por parte de algún funcionario y no contaban con los términos de referencia ni con el procedimiento de selección establecidos por la normativa de contrataciones del Estado. Como consecuencia, se generó un perjuicio económico de S/ 204 627 para la entidad.
Además, el área usuaria no verificó la propiedad de la maquinaria pesada. Las imágenes presentadas por los proveedores mostraban equipos con el logo del Gobierno Regional de Lima, lo que desvirtúa la autenticidad de los servicios prestados y la legitimidad de los pagos realizados.

Asimismo, se determinó que no existía un compromiso formal para el reconocimiento de los pagos efectuados, que ascendieron a S/ 80 000 y S/ 124 627, lo que pone en duda la correcta ejecución de las obras en las provincias de Huaura y Huaral.
Los informes también identificaron presunta responsabilidad penal y administrativa en cuatro funcionarios del Gobierno Regional de Lima, quienes gestionaron los pagos mediante conciliación.
Los resultados del control fueron remitidos a la Gobernadora Regional de Lima para que el órgano competente determine las responsabilidades correspondientes, así como al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Huaura para que se inicien las acciones penales contra los servidores públicos implicados.








