El juez Víctor Zúñiga Urday impuso impedimento de salidad del país a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, su exesposo Mark Vito Villanela y otros seis dirigentes y/o colaboradores del referido partido político, con miras al desarrollo del próximo juicio público contra ellos por delito de lavado de activos.

Los dirigentes y colaboradores de Fuerza Popular incluidos en la medidas son Vicente Silva Checa, Ana Herz Garfias de Vega, Adriana Tarazona Martínez, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman y Pier Figari Mendoza. Para todos ellos, la prohibición para viajar fuera del país es por 36 meses.

En tanto, denegó el pedido de la Fiscalía para impone una vigilancia judicial al partido político Fuerza Popular por los próximos tres años, en que debe realizarse el juicio público por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales

El juez acogió en parte el pedido de la fiscal Paulina Roque de equiparar las reglas de conducta que deberán cumplir mientras se desarrolla el juicio público.

Así, el juez les impuso la obligación de no variar su actual domicilio, sin previa autorización del 4to Juzgado de Investigación preparatoria nacional; comparecer cada 30 días al registro de control biometrico para registrar su huella e informar al juzgado de sus actividades; presentarse a las citaciones de la fiscalía y al juzgado cada vez que sean citados para alguna diligencia y la prohibición de comunicarse con coimputados, testigos o peritos de este proceso.

Sobre esta última regla de conducta, el juez aclaró que estan exceptuados los familiares hasta el quinto grado de consanguinidad y tercero de afinidad y/l con otras personas cuando se deba realizar un contacto por motivos profesionales. Luego, vía aclaración precisó que también se exceptua la prohibición de comunicarse entre Fujimori y Vito por su condición de tener hijas en común.

Además, el pago de caución para Vicente Silva Checa, de 20 mil soles; Ana Herz, 15 mil soles; Climper Ackerman, 40 mil soles; y Mark Vito, 10 mil soles, que deberán abonar dentro del plazo de 10 días hábiles, a partir de la presente resolución.

La Fiscalía y los abogados apelaron la decisión del juez, por lo que la medida será revisada por la Sala de Apelaciones Nacional. El Ministerio Público había pedido otras 16 reglas de conducta que el juzgado consideró infundados.

Al termino de la audiencia, Zúñiga Urday anunció que en los próximos días emitirá la resolución para pasar al juicio público.