En el juicio oral por el caso Lomas de Ilo, el exdirector de Obrainsa, Paul Tejeda, confesó que entregó un millón de soles en coimas al expresidente Martín Vizcarra y que se reunieron el 6 de noviembre de 2013 para coordinar la licitación de la obra Lomas de Ilo.

«Después que nos otorgaran la buena pro, y antes de firmar el contrato, recibo otra llamada de Martín Vizcarra, entre el día 2 y 3 de ese mes (diciembre 2013), y me pide que le alquile una avioneta para transportar a unas personas. (…) Cuando le hablo del detalle, me dice que el pago se iba a hacer a cargo del acuerdo que tenía con él, que era el 2%», expresó Tejeda ante el interrogatorio del representante del Poder Judicial.

Tras esta intervención, el juez GermanJuárez Atoche le solicita confirmar el pago de las coimas de un millón de soles y pide se detalle cómo fueron entregados. «Sí, doctor. Si se le llegó a pagar los importes», confesó Paul Tejeda. «El primer pago se hizo en a través de la avioneta, que fue de S/400.000 en diciembre», agregó.

Asimismo, durante la audiencia reveló que ese primer pago no se pudo realizar inicialmente debido a que fue rechazado por no haber sido sustentado como correspondía. «Este hecho no funcionó porque hubo una falta de coodinación (…) y fueron rechazados por falta de formalidad. Ante esa situación, para atenderle el pago que me pedía Martín Vizcarra, es que acuerdo con él para que Obrainsa tramite un préstamo al consorcio y se giren los fondos directamente de Obrainsa a Vizcarra. Es así que se tramita el primer cheque», puntualizó Paul Tejeda.

Posteriormente, para que el pago sea regularizado interiormente en Obrainsa, fue generado mediante un cheque que salió del Banco Continental y emitido a nombre del conserje de la empresa, quien luego retiró el dinero en efectivo. El cheque, según Paul Tejeda, fue cobrado el 27 de enero de 2014 y el dinero fue entregado al expresidente ese mismo día (o al siguiente), tras recibir una llamada previa de Vizcarra para coordinar la entrega.

La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial que el expresidente Martín Vizcarra pague la suma de S/ 4 671 971.30 soles como reparación civil a favor del Estado por presuntos actos de corrupción que habría cometido en el caso ‘Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua’.

Dicho pedido fue sustentado por el procurador Carlos Fernández este lunes, durante el segundo día del juicio oral contra el exmandatario por dichos actos ilícitos que habría cometido cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua, entre el 2011 y 2014.

Fundamentos

El representante de la Procuraduría indicó que Vizcarra Cornejo «ofertó su función pública como presidente del Gobierno Regional de Moquegua a cambio de obtener ventajas económicas ilegales, no una sola vez, sino dos veces».

Fernández señaló que en el desarrollo del juicio acudirán como testigos exdirectivos y trabajadores de Obrainsa para declarar cómo se pagó un millón en efectivo al expresidente, por «información privilegiada» para obtener el proyecto Lomas de Ilo. 

Asimismo, indicó que Martín Vizcarra «condicionó» la firma del contrato para el Hospital Regional de Moquegua a un pago ilícito de S/1.3 millones, el cual habría sido exigido a la constructora ICCGSA. “Escucharemos al propio ejecutivo de ICCGSA, que recibió el condicionamiento”, destacó Fernández. Además, refirió que José Hernández habría sido el intermediario de esta coima. 

En esa línea, el defensor del Estado estableció el daño extrapatrimonial de la siguiente manera: S/ 2 071 971.30 como reparación civil respecto a los hechos por el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, el cual deberá ser pagado, en forma solidaria, por el exmadantario, Obrainsa y Astaldi, sucursal del Perú. Estas últimas, empresas que se encuentran en calidad de terceros civilmente responsables por este proceso penal.

El letrado también demanda el pago de 2 millones 600 mil soles como reparación civil a favor del Estado respecto a los hechos que involucran al Hospital Regional de Moquegua. Además del exmandantario, el monto debe pagarse, en forma solidaria, con ICCGSA e INCOT Contratistas Generales S.A , empresas que también se encuentran en calidad de terceros civilmente responsables en este proceso penal

Por su parte, Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, defendió la inocencia de su patrocinado al sostener que se le atribuyen dos hechos que jamás cometió, y que desde hace cinco años este proceso penal se basa en la declaración de colaboradores eficaces que no tienen una sentencia de colaboración en este caso.

Cabe resaltar que, en la primera sesión de este juicio oral, el fiscal Germán Juárez Atoche presentó su acusación penal en la que solicita al Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional que el exmandatario sea condenado a 15 años de prisión, y su inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Martín Vizcarra Cornejo, expresidente del Perú, exgobernador regional de Moquegua o “El Lagarto” para muchos, ha llegado a la recta final de sus sospechosas maniobras con dinero del Estado. Desde las nueve de la mañana, estará sentado en el banquillo de los acusados para enfrentar el juicio oral por actos de presunta corrupción.

El caso está vinculado al “Club de la Construcción” durante su gestión en Moquegua (2011-2014). Luego de más de cuatro años de investigación, el fiscal Germán Juárez Atoche le imputó finalmente la recepción de sobornos recibidos a cambio de adjudicar millonarios proyectos de infraestructura en la región.

Obrainsa, ICCGSA, Casa y otras empresas le habrían dado un total de 2.3 millones de soles, antes de lograr hacerse de las obras Hospital Regional de Moquegua y Lomas de Ilo.

El “Club de la Construcción” funcionaba como un cartel de constructoras que manipulaban licitaciones de obras públicas a nivel nacional. Las firmas que integraban este grupo se coordinaban para repartirse contratos, mientras sobornaban a funcionarios clave para asegurarse de obtener los proyectos más lucrativos.

En esta trama aparecen las cómplices por excelencia del caso Lava Jato en el Perú: Odebrecht y Graña y Montero, hoy rebautizadas como Novonor y Aenza, a fin de evitar que su imagen corporativa siga manchada. Pero en lo referente a Vizcarra, lo recopilado por Juárez Atoche toca a Obrainsa, ICCGSA y Casa.

En lo referente al Hospital Regional de Moquegua, varios colaboradores eficaces han delatado al “Lagarto” como solicitante de coimas por la adjudicación del respectivo contrato. La obra fue asignada al consorcio ICCGSA-Incot, y los informates aseguran que el exgobernador recibió aproximadamente 1,3 millones de soles (cerca de 350 mil dólares) en pagos ilegales.

Respecto al proyecto de irrigación Lomas de Ilo, el modus operandi sería el mismo. En estos casos, es clave el testimonio de José Miguel Hernández, otrora mano derecha de Martín Vizcarra, tanto en el GORE como luego en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y finalmente encabezando el Poder Ejecutivo.

Mano derecha lo delata
El exministro de Desarrollo Agrario se declaró culpable de haber servido como intermediario entre la constructora Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Vizcarra Cornejo por un supuesto soborno de S/ 1.3 millones.

Hernández, con código de colaborador 01-2020, admitió su delito, lo cual fue homologado. Con esta condena adelantada, deberá cumplir una pena privativa de libertad suspendida un año y con el pago de 150 mil soles de reparación civil. Además, fue suspendido por medio año para ejercer cargos públicos.

El Ministerio Público imputa al exgobernador de Moquegua haber hecho un pacto ilícito con Elard Tejeda Moscoso (directivo de Obrainsa), quien le habría girado dos cheques del BBVA en 2014.

Vizcarra habría enviado a su amigo Hernández a la CADE 2013 para reunirse con Rafael Granados (exgerente comercial de ICCGSA) a pedirle S/1.300.000.

A pesar de las numerosas evidencias y las declaraciones en su contra, el acusado ha negado rotundamente todas las acusaciones, insistiendo en que se trata de una “campaña de desprestigio”. No obstante, de confirmarse su participación en estos actos de corrupción, podría enfrentar penas severas por delitos de colusión y cohecho.

Pero no todas son malas noticias para el “Lagarto”. Si bien Juárez Atoche ha solicitado quince años por cohecho, no hizo lo mismo por colusión. Esto fue corregido por Margarita Salcedo, quien desde el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional le aclaró que, si Vizcarra se había puesto de acuerdo con por lo menos cinco personas, eso encajaba con el tipo penal de colusión.

“Si el otro delito de colusión que se encuentra en trámite se llegara a dar, serían 10 años más. En total serían 25 años, que se le estaría imponiendo al señor”, declaraba hace unas semanas el fiscal a Exitosa.

Cargo pendiente

A propósito, esta situación trae a colación la ubicuidad del Equipo Lava Jato, el cual ha tenido una especie de relación simbiótica con su ahora acusado. Juárez Atoche es fiscal provincial en este grupo especial, y su coordinador es Rafael Vela.

A fines del 2018, Martín Vizcarra era presidente de la República (había sucedido al renunciante Pedro Pablo Kucysnki, quien había cobrado dinero de Odebrecht), pero dejó sus obligaciones como jefe de Estado en Brasil, y regresó al  Perú para hacer gestiones a favor de Vela.

El coordinador del Equipo Lava Jato y su más mediático acompañante, José Pérez, acababan de ser removidos de sus puestos por el entonces titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry. Este último les había retirado la confianza porque se negaban a reunirse para darle transparencia a sus negociaciones con los brasileños, las cuales dieron paso a un acuerdo secreto de colaboración eficaz.

Este aparente favor (se repuso a ambos funcionarios) ahora se ve recompensado –voluntaria o involuntariamente- por un trámite en suspenso. Si bien Salcedo aprobó el inicio de juicio oral, fue removida de su cargo antes de que pudiera evaluar la acusación por colusión.

Es decir, la defensa legal de Vizcarra podría solicitar que el juicio por cohecho se suspenda, ya que por los mismos hechos en una figura penal adicional, no se le podría procesar. Esta decisión pendiente correspondería a Lolo Fernando Valdez Pimentel, flamante titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Nuevas demoras

La decisión original de Salcedo se dio a fines de junio, y días después, Ugaz Zegarra Abogados Asociados –estudio que defendía al “Lagarto” – anunciaba que se alejaba de la defensa técnica.

“Por razones de índole contractual, ponemos en conocimiento a su despacho que renunciamos al patrocinio del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en el proceso penal que se le sigue, por lo que no deberá notificar documento alguno al domicilio procesal consignado y a la casilla electrónica señalada”, se indicó.

Esto no varió lo anunciado, de que este 28 de octubre empezaría la audiencia de juicio oral. Se ha fijado el inicio a las nueve de la mañana, hasta la una de la tarde como máximo. Esta diligencia se retomará el cuatro de noviembre, esta vez de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lo que se sabe es que el acusado de recepción de coimas ha solicitado al Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional (encargado de realizar el juicio) postergar todo, por un “contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso”. De acuerdo a su defensa, se estaría por vulnerar el principio “non bis in ídem” y del “principio de legalidad procesal penal”.

Este martes 15 de octubre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso realizó una audiencia para analizar las denuncias constitucionales del expresidente Martín Vizcarra, el exjefe del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y su sucesor, Vicente Zeballos, para inhabilitarlos por el cierre del Congreso en 2019.

A los mencionados se les acusa de infracción a la Constitución por la disolución del Parlamento tras considerar denegada la cuestión de confianza solicitada por su gabinete, liderado por del Solar.

Dichas denuncias fueron presentadas por los exparlamentarios Carlos Tubino y Mauricio Mulder, así como por los congresistas Patricia Chirinos y Alejandro Muñante. Ellos piden la inhabilitación por 10 años de Vizcarra, Zeballos y Del Solar, para que no puedan ejercer cargos públicos.

Las acusaciones en contra de los referidos fueron reforzadas por el fallo del Tribunal Constitucional en el año 2023, que determinó que la “denegación fáctica” de la cuestión de confianza, empleada como justificación para la disolución del Parlamento, no tenía sustento constitucional.

El exmandatario Martín Vizcarra solicitó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento la reprogramación de su presentación ante dicha instancia para presentar sus descargos ante las denuncias que se le plantean respecto al cierre del Congreso en 2019, argumentando que se sometió a una operación quirúrgica.

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Además, el exministro Vicente Zeballos también remitió una carta a la Subcomisión, señalando que no recibió la citación en su domicilio y aseguró que se enteró mediante un medio de comunicación impreso.

Durante la audiencia, Salvador del Solar expuso sus alegatos por la denuncia en su contra, respondiendo a las preguntas que se le realizó.

También asistieron en calidad de testigos los excongresistas Mauricio Mulder y Carlos Tubino. Por la parte denunciante, se pronunció el legislador Alejandro Muñante.