Martín Vizcarra: TC rechaza amparo del expresidente para ser incorporado como congresista de 2021 – 2026

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda presentada por el expresidente Martín Vizcarra para ser incorporado como congresista para el periodo 2021 – 2026. En el documento expuesto por el TC, se detalla que al ser una decisión del legislativo es una decisión política, por lo que no pueden admitir su cuestionamiento judicial. 

Martín Vizcarra continuará inhabilitado

Recientemente, Alejandro Salas comentó que el expresidente Martín Vizcarra presentó el recurso de agravio constitucional ante la Corte Superior de Justicia de Lima. Este recurso, implicaría revertir la sanción interpuesta por el Congreso respecto al caso ‘Vacunagate‘, respecto a la inoculación irregular de la vacuna contra el Coronavirus

Aquella inhabilitación, interpuesta solo poco tiempo después de que el otrora mandatario fuera electo con el mayor número de votos, le interpuso la imposibilidad de participar de cargos públicos por 10 años

En el documento del Tribunal, se explica que «Reciente jurisprudencia del TC ha precisado que solo determinados actos del Legislativo son justiciables, como a) el antejuicio, por su carácter político jurisdiccional y b) el juicio público, aunque en este caso únicamente el control puede ser por la forma, ya que la decisión sustantiva es, en puridad, una decisión política», detallan. 

«En los demás casos, como ocurre con las comisiones investigadoras, no resulta admisible su cuestionamiento judicial, salvo cuando se interviene de manera directa en los derechos fundamentales del investigado o citado. En consecuencia, no se advierte vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados», continúan.

Inhabilitaciones del Congreso

Recientemente, uno de los varios ministros de Salud que tuvo el otrora mandatario Vizcarra durante la dura época de la pandemia por el Covid-19, fue Víctor Zamora. En su informe final, la Denuncia Constitucional 367, fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República, inhabilitándolo de todo cargo público por 10 años. 

«Asimismo publicó el 30 de marzo de 2020, la resolución ministerial 139-2020- MINSA, con el fin de brindar un marco procedimental para el uso de la prueba rápida, avalando los actos irregulares para la adquisición de pruebas rápidas realizadas desde el 18 de marzo de 2020, que tenían como argumento principal, la supuesta detección del virus COVID-19«, comentan.

Con 68 votos a favor, se aceptó la denuncia que critica duramente su papel en la crisis del oxígeno y la adquisición de 1’400 millones de pruebas rápidas en medio de la pandemia. Los principales delitos que recaen sobre él son de Omisiónrehusamiento o demora en sus actos funcionales.  Por su lado, el ex alto funcionario resaltó ser parte de un juicio político que carece de pruebas. 

De este modo se pudo conocer que el Tribunal Constitucional declaró infundado el pedido del expresidente Martín Vizcarra respecto a su inhabilitación por 10 años del Congreso de la República.

Vizcarra responde a José Hernández sobre presunto soborno: «Nunca constató que dentro de los sobres había dinero»

El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) se refirió esta tarde a la declaración del exministro de Agricultura José Hernández Calderón, quien afirmó que el exmandatario pidió el pago de un soborno de 1 millón 300 mil soles para otorgar la licitación de la obra Hospital de Moquegua cuando este era gobernador de la región sureña (2011-2014).

El exministro Hernández se pronunció así durante la audiencia del juicio oral contra Vizcarra Cornejo, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, cuya acusación también incluye el supuesto cobro de una coima de 1 millón de soles por la obra Lomas de Ilo, en la región Moquegua. 

Hernández dijo que fue el intermediario en el presunto acuerdo ilícito entre Martín Vizcarra y la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA). También señaló que el dinero fue entregado en sobres manila entre 2014 y 2016, en el marco del proyecto de construcción del Hospital de Moquegua.

Al respecto, el exmandatario respondió que, si bien el exministro Hernández ha dicho que “veía sobres”, él “nunca” constató que dentro de los sobres había dinero en efectivo.

“Dice que él veía unos sobres, pero que nunca constató que dentro de los sobres había dinero, o sea, ni siquiera él, el colaborador eficaz, constata que hay dinero”, apuntó Vizcarra.

“Siempre hemos dicho que la justicia debe basarse en hechos, no en dichos. Y aquí no hay un hecho que lo corrobore”, agregó.

La declaración de José Hernández

Durante el extenso interrogatorio a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, Hernández -quien declaró en calidad de testigo- abundó en detalles sobre todo el proceso del presunto acto ilícito, desde el momento en el que Vizcarra habría solicitado la coima, hasta la supuesta entrega de un último saldo del dinero mal habido. 

De acuerdo con el testimonio de Hernández, en el 2013 fue contactado por Rafael Granados, entonces gerente comercial de la empresa ICCGSA, para que intercediera entre su compañía y Vizcarra, en ese momento gobernador regional de Moquegua, con el fin de conversar sobre el proceso de la buena pro del Hospital de Moquegua. 

ICCGSA, que estaba en consorcio con la empresa INCOT S.A.C, «quería asegurar» la adjudicación de la obra, y el contacto con Vizcarra se concretó a fines de noviembre de 2013 a través de una de llamada telefónica. Hernández y Granados se encontraban en la CADE que se realizaba en Paracas, Ica, y según el relato del exministro, él fue el intermediario de la solicitud de la coima.   

«Vizcarra le pide a Granados que me dé el teléfono y ahí empieza una conversación diferente. Ahí (Vizcarra) me pregunta si los conozco (a ICCGSA) y si son serios y que si habría algo adicional; o sea un premio […] que ellos se comen la torta solos. Se me quedó grabado porque nunca le había escuchado una expresión de ese tipo», dijo Hernández.

«Y la conversación devino en ‘si había algo para él’, y le digo que hable directamente con Granados. Me dice ‘mejor tú dile’ y le digo ‘de qué estamos hablando’ y él me habla de un monto de dinero: 1 millón 300 mil soles. Le digo a Granados «esto es lo que está pidiendo para otorgar la buena pro y firma de contrato», agregó el exministro. 

Hernández reveló que, tras la propuesta del entonces gobernador regional, Granados realizó consultas con las empresas del consorcio y aceptaron pagar el soborno. Luego llamó a Vizcarra para ponerlo en autos «y se dio por cerrada la negociación», tras lo cual el ahora expresidente le solicitó el teléfono del representante legal de ICCGSA, Javier Jordán, presumiblemente para ratificar el acuerdo.

El exministro dijo en la audiencia que el pago del millón 300 mil soles de coima se realizó en varias entregas, y de acuerdo con su relato, fue testigo de ello hasta en seis ocasiones.

Martín Vizcarra reconoce que se vacunó a escondidas y se excusa diciendo que fue parte de un experimento

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, es acusado de haber favorecido a la empresa Obrainsa para otorgarle la licitación de las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua. La Fiscalía está solicitando una condena de 15 años que viene siendo debatida durante juicio oral. Sumado a esto, el Congreso inhabilitó políticamente por 10 años a Vizcarra y esto fue ratificado por el Poder Judicial.

La inhabilitación se debió al escándalo titulado ‘Vacunagate’, que puso al descubierto que el expresidente se vacunó contra la Covid-19 antes que todos los peruanos de forma secreta, cuando la vacuna se encontraba en la tercera fase de desarrollo y miles de peruanos morían durante pandemia.

Al respecto, Vizcarra Cornejo precisó durante una entrevista para RPP que «sí se arrepiente de haberse puesto un experimento y no haberlo hecho público». Asimismo, agregó que en más de una oportunidad pidió disculpas al respecto.

Sin embargo, se excusó alegando que la vacuna se aprobó tres meses después de que él se vacunara. «Yo he sido parte de un experimento que estaba realizando Sinopharm en una fase y eso debí hacerlo público», precisó.

Martín Vizcarra postulará a la presidencia 2026

El expresidente alegó que durante sus más de dos años y medio de gobierno se ha enfrentado a grupos poderosos como El Club de la Construcción o los grupos que repartían los alimentos y que se oponían a los octógonos.

«La misma líder Keiko Fujimori se reunió conmigo y me pidió que no saque la ley de alimentación saludable y que su bancada de 73 congresistas me iba a apoyar y le dije que no. Y tuve otra enemiga», alegó.

Tras expresar esos argumentos, se mostró confiado en que el Poder Judicial levantará su inhabilitación política para las elecciones de 2026 y así podrá postular a la presidencia. «Yo creo que sí (la ciudadanía me apoyará). La gente reconoce que he sido siempre un presidente del lado del pueblo», sentenció.

Exdirector de Obrainsa confiesa que le dio 1 millón de soles en coimas a Martín Vizcarra

En el juicio oral por el caso Lomas de Ilo, el exdirector de Obrainsa, Paul Tejeda, confesó que entregó un millón de soles en coimas al expresidente Martín Vizcarra y que se reunieron el 6 de noviembre de 2013 para coordinar la licitación de la obra Lomas de Ilo.

«Después que nos otorgaran la buena pro, y antes de firmar el contrato, recibo otra llamada de Martín Vizcarra, entre el día 2 y 3 de ese mes (diciembre 2013), y me pide que le alquile una avioneta para transportar a unas personas. (…) Cuando le hablo del detalle, me dice que el pago se iba a hacer a cargo del acuerdo que tenía con él, que era el 2%», expresó Tejeda ante el interrogatorio del representante del Poder Judicial.

Tras esta intervención, el juez GermanJuárez Atoche le solicita confirmar el pago de las coimas de un millón de soles y pide se detalle cómo fueron entregados. «Sí, doctor. Si se le llegó a pagar los importes», confesó Paul Tejeda. «El primer pago se hizo en a través de la avioneta, que fue de S/400.000 en diciembre», agregó.

Asimismo, durante la audiencia reveló que ese primer pago no se pudo realizar inicialmente debido a que fue rechazado por no haber sido sustentado como correspondía. «Este hecho no funcionó porque hubo una falta de coodinación (…) y fueron rechazados por falta de formalidad. Ante esa situación, para atenderle el pago que me pedía Martín Vizcarra, es que acuerdo con él para que Obrainsa tramite un préstamo al consorcio y se giren los fondos directamente de Obrainsa a Vizcarra. Es así que se tramita el primer cheque», puntualizó Paul Tejeda.

Posteriormente, para que el pago sea regularizado interiormente en Obrainsa, fue generado mediante un cheque que salió del Banco Continental y emitido a nombre del conserje de la empresa, quien luego retiró el dinero en efectivo. El cheque, según Paul Tejeda, fue cobrado el 27 de enero de 2014 y el dinero fue entregado al expresidente ese mismo día (o al siguiente), tras recibir una llamada previa de Vizcarra para coordinar la entrega.

Martín Vizcarra se acoge a nueva ley del Congreso y podría salir de Lima sin autorización del PJ

El expresidente Martín Vizcarra podría ser uno de los primeros beneficiados de la Ley 32130, norma que transfiere indebidamente la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y que efectúa otras modificaciones al Código Procesal Penal. El exmandatario se acoge a uno de estos cambios para pedir al Poder Judicial que se levante la regla de conducta que le prohíbe salir de Lima sin autorización judicial.

Se trata de la reforma al artículo 287 del Código Procesal Penal, que regula la comparecencia con restricciones. La Ley 32130 modificó la redacción de dicho artículo para establecer que las reglas de conducta tengan los mismos plazos que la prisión preventiva: hasta 9 meses para casos comunes, 18 meses para casos complejos y 36 meses para casos de crimen organizado.

Durante la audiencia de este martes 5 de noviembre, Vizcarra dijo que debido a las restricciones impuestas es víctima de “decisiones arbitrarias” en el plano emocional, familiar y político. “Yo soy político, soy líder de un partido político que figura en las encuestas en los primeros lugares, pero no me permiten viajar porque dicen ‘tú no eres político’”, dijo.

“No solamente estas irracionalidades deben corregirse, sino que ahora existe una norma, una ley, que expresamente (lo dice) y que tiene que ser aplicada”, agregó el expresidente.

En caso de que no se ampare su pedido principal (cese de la regla de conducta), Vizcarra propone que se le permita viajar fuera de Lima comunicando previamente de ello al Juzgado de Investigación Preparatoria.

Habla la defensa

En su exposición, el abogado de VizcarraEdwin Siccha, recordó al juez de investigación preparatoria nacional Ubaldo Callo que la reforma a la comparecencia con restricciones fue el único cambio razonable que hizo el Congreso, según una reciente ponencia del juez supremo César San Martín.

“La comparecencia con restricciones, distinto a la regulación anterior, ahora sí tiene un plazo de vencimiento y que son los mismos plazos de la prisión preventiva”, dijo Siccha.

El letrado también sacó a colación que a su cliente ya no se le imputa el delito de asociación ilícita para delinquir (hoy organización criminal), por lo que el plazo de la comparecencia con restricciones no puede ser de 36 meses. A lo mucho, según la defensa, podría ser de 18 meses, plazo que habría sido superado en exceso si se toma en cuenta que la medida fue impuesta en marzo de 2021 por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Por ello, Siccha adelantó que también invocarán la Ley 32130 para exigir el cese de la comparecencia con restricciones, que implicaría el levantamiento de todas las reglas de conducta que se le impusieron al exmandatario.

“Han transcurrido más de 40 meses desde que se dictó la comparecencia con restricciones y de la cual forma parte la regla de conducta cuyo cese se pretende. Como consecuencia de esta nueva regulación –razonable así reconocida por el máximo procesalista de nuestro país (César San Martín)– es evidente que la regla de conducta tiene que cesar porque la comparecencia con restricciones, que en su momento se verá, también tiene que cesar”, apuntó Siccha.

El abogado agregó que las restricciones están afectando el derecho al trabajo de Vizcarra ya que fue despedido de la empresa Agrotecnica Estuquiña por no haber podido viajar a Moquegua, así como sus derechos políticos al no permitírsele que viaje al interior del país para participar en actividades de Perú Primero.

Finalmente, Edwin Siccha aseguró que el levantamiento de la referida regla de conducta no pone en peligro el desarrollo del juicio oral en contra de Vizcarra.

Fiscalía se opone

El fiscal Osias Castañeda Neria se opuso al pedido de la defensa de Vizcarra e invocó al juez Ubaldo Callo a considerar los elementos propios del caso y no simplemente aplicar la nueva Ley.

“No es que yo voy a citar una reforma y voy a imponerla. Porque cada caso en concreto tiene sus propias circunstancias y particularidades, que el juez tiene que evaluar”, indicó.

El representante del Ministerio Público aseguró que se ha incrementado el peligro procesal y recordó que Vizcarra fue apercibido (advertencia) por haber realizado actividades ajenas a las que afirmó que haría cuando se le autorizó un viaje.

Respecto a la supuesta vulneración a los derechos políticos de Vizcarra, el fiscal Osias Castañeda aseveró que la Tercera Sala de Apelaciones Nacional ha establecido que el expresidente no puede realizar actividades políticas porque no puede inscribirse ni representar a un partido político. Ello a raíz de las dos inhabilitaciones que le impuso el Congreso.

Finalmente, el fiscal señaló que Vizcarra también está comprendido en el caso Los Intocables de la Corrupción, donde se investiga la presunta manipulación de los informes de los policías de Seguridad de Estado que resguardan al exmandatario para que coincidan con los informes que presenta la defensa.

Procuraduría solicita que Martín Vizcarra pague más de S/4 millones de reparación civil por presuntos actos de corrupción

La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial que el expresidente Martín Vizcarra pague la suma de S/ 4 671 971.30 soles como reparación civil a favor del Estado por presuntos actos de corrupción que habría cometido en el caso ‘Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua’.

Dicho pedido fue sustentado por el procurador Carlos Fernández este lunes, durante el segundo día del juicio oral contra el exmandatario por dichos actos ilícitos que habría cometido cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua, entre el 2011 y 2014.

Fundamentos

El representante de la Procuraduría indicó que Vizcarra Cornejo «ofertó su función pública como presidente del Gobierno Regional de Moquegua a cambio de obtener ventajas económicas ilegales, no una sola vez, sino dos veces».

Fernández señaló que en el desarrollo del juicio acudirán como testigos exdirectivos y trabajadores de Obrainsa para declarar cómo se pagó un millón en efectivo al expresidente, por «información privilegiada» para obtener el proyecto Lomas de Ilo. 

Asimismo, indicó que Martín Vizcarra «condicionó» la firma del contrato para el Hospital Regional de Moquegua a un pago ilícito de S/1.3 millones, el cual habría sido exigido a la constructora ICCGSA. “Escucharemos al propio ejecutivo de ICCGSA, que recibió el condicionamiento”, destacó Fernández. Además, refirió que José Hernández habría sido el intermediario de esta coima. 

En esa línea, el defensor del Estado estableció el daño extrapatrimonial de la siguiente manera: S/ 2 071 971.30 como reparación civil respecto a los hechos por el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, el cual deberá ser pagado, en forma solidaria, por el exmadantario, Obrainsa y Astaldi, sucursal del Perú. Estas últimas, empresas que se encuentran en calidad de terceros civilmente responsables por este proceso penal.

El letrado también demanda el pago de 2 millones 600 mil soles como reparación civil a favor del Estado respecto a los hechos que involucran al Hospital Regional de Moquegua. Además del exmandantario, el monto debe pagarse, en forma solidaria, con ICCGSA e INCOT Contratistas Generales S.A , empresas que también se encuentran en calidad de terceros civilmente responsables en este proceso penal

Por su parte, Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, defendió la inocencia de su patrocinado al sostener que se le atribuyen dos hechos que jamás cometió, y que desde hace cinco años este proceso penal se basa en la declaración de colaboradores eficaces que no tienen una sentencia de colaboración en este caso.

Cabe resaltar que, en la primera sesión de este juicio oral, el fiscal Germán Juárez Atoche presentó su acusación penal en la que solicita al Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional que el exmandatario sea condenado a 15 años de prisión, y su inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.