La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final de la denuncia constitucional acumulada que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el presunto delito de concusión. Ello, por el caso vacuna contra el COVID-19.

Denuncias constitucionales

Se trata de una denuncia acumulada por la 086, presentada por Yvan Quispe; la 195, formulada por los excongresistas Manuel Merino, Leonardo Inga y Luis Roel Alva; y la 265, realizada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. 

El congresista de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, afirmó en el informe que se le imputa al exmandatario haber abusado de su cargo para inducir al investigador principal de la vacuna candidata Sinopharm para que entregue dosis en su beneficio personal y el de su entorno cercano.

En cuanto a Mazzetti, se le atribuyó haber inducido a otro de los investigadores del mismo equipo, la entrega de varias dosis para ella y su entorno. 

Con 11 votos a favor, 1 con reserva, dos en contra y 1 abstención se aprobó el informe final. Por lo tanto, el caso deberá pasar a la Comisión Permanente, que deberá nombrar una subcomisión acusadora, con la finalidad de sustentar y formular la acusación ante el Pleno del Legislativo. 

Otros casos en sesión

En la misma sesión, la Subcomisión aprobó otros don informe de calificación. El primero de estos, responde a la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana en contra de la congresista María Córdova Lobatón, por el presunto delito de peculado doloso por utilización. 

El documento declaró la denuncia improcedente, pues no satisface el criterio material de procedencia establecido en el Reglamento del Congreso, y fue aprobado con 14 votos a favor. 

El segundo informe es una denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación suspendida Delia Espinoza, contra la congresista Hilda Portero López, por el presunto delito de concusión. Se le acusa de haber inducido a trabajadores a entregar dinero para comparar sillas de ruedas para su labor social. El informe concluyó que es una denuncia improcedente y fue aprobado con 14 votos. 

Es así, como se aprobó el informe final contra Martín Vizcarra y su exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el caso de la vacuna contra el COVID-19, aprobándose por el presunto delito de concusión.

Perú Primero oficializó la inscripción de su fórmula presidencial para las elecciones internas con miras a las Elecciones Generales de 2026, incluyendo al expresidente Martín Vizcarra como precandidato a la primera vicepresidencia, pese a que mantiene tres inhabilitaciones vigentes para ejercer la función pública. La plancha está encabezada por su hermano, Mario Vizcarra, quien postulará a la presidencia, y se completa con Judith Mendoza Díaz como segunda vicepresidenta.

La inscripción fue presentada por la secretaria nacional de juventudes del partido, Brigge Pozo Machado, y aceptada de manera provisional el 24 de octubre por el tribunal electoral interno de Perú Primero. La resolución señala que la participación de Martín Vizcarra queda supeditada a que recupere sus derechos políticos, actualmente restringidos por decisiones del Congreso.Fórmula presidencial del partido político Perú Primero: Mario Vizcarra (presidencia), Martín Vizcarra (1era vicepresidencia), Judith Mendoza (2da vicepresidencia9.

Participación sujeta a decisión internacional

La defensa del expresidente apuesta a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgue una medida cautelar urgente para suspender las inhabilitaciones impuestas por el Congreso. Su abogado, Guido Croxatto, afirmó que la solicitud se sustenta en que las sanciones no persiguen un fin legítimo y se producen en un contexto de “crisis democrática” en el país.

“Estamos planteando al Sistema Interamericano que el Perú está en una situación de crisis democrática, por eso hay tantas protestas en las calles y hay motivos suficientes para creer que la inhabilitación no es proporcional”, señaló Croxatto en entrevista con RPP. El abogado indicó que la medida cautelar se encuentra justificada y recordó que la CIDH ha intervenido en contextos similares en el país.

Croxatto también cuestionó a inicios de octubre que las inhabilitaciones hayan sido aprobadas por un Congreso con “apenas 3% de aprobación” y afirmó que permitir la postulación de Vizcarra sería “lo más sano para la democracia peruana”, dado que las resoluciones del Sistema Interamericano son vinculantes para los Estados miembros.

Perú Primero argumenta que, si la Corte IDH se pronuncia a su favor dentro de los plazos electorales, el expresidente estaría habilitado para participar tanto en las primarias como en la elección general.

Por ahora, su registro es considerado condicional y permanecerá así mientras se define el litigio internacional.

Germán Juárez Atoche, fiscal del equipo especial Lava Jato, que lleva adelante el proceso penal contra Martín Vizcarra, cuestionó que el exmandatario realice campaña política para las Elecciones Generales de 2026, a pesar de estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

El representante del Ministerio Público aseguró que las actividades proselitistas que realiza el exjefe de Estado procesado por corrupción demuestran su «catadura moral».

«Eso demuestra la catadura moral de Martín Vizcarra porque sabe que él está impedido e inhabilitado por el Congreso y que no peude postular, sin embargo, en sus redes sociales se le ve muy activo diciendo de que va a ser candidato presidencial cuando sabe que no lo puede hacer», indicó en Exitosa.

Juárez Atoche consideró que en el juicio contra Vizcarra Cornejo «también se va a obtener una sentencia condenatoria». En ese sentido, precisó que el exmandatario no es procesado por lavado de activos, sino por presuntamente haber solicitado dinero a empresas para obtener la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando fue gobernador regional de la región sureña. 

«De los hechos ilícitos que ocurrieron en estas licitaciones no se le atribuye al acusado Martín Vizcarra lavado de activos a él concretamente lo que se le está imputando es el el hecho de haber solicitado dinero en ambos proyectos (…) estoy seguro que el jueves que viene estaríamos terminando al menos por parte del Ministerio Público el interrogatorio que corresponde», señaló.

El fiscal indicó que una vez finalizados los alegatos de clausura y la defensa material de Martín Vizcarra «lo que queda expedito es ya la causa que el colegiado pueda expedir una sentencia absolutoria o condenatoria».