El nuevo abogado del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, el argentino Guido Leonardo Croxatto, manifestó en «Hablemos Claro» que las inhabilitaciones interpuestas por el Congreso a su patrocinado y exmandatario podrían quedar sin efecto gracias a un fallo que podría dar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista en Exitosa, el jurista fue sumamente crítico de lo resuelto por el Parlamento, aseverando que «es una medida desproporcionada sacarse de encima a un candidato que puede ganar las elecciones«.
Antecedentes internacionales serían precedentes importantes a su favor
Durante el diálogo que sostuvo esta mañana con Nicolás Lúcar, Croxatto mencionó que los antecedentes internacionales -en referencia a los casos de Nicaragua y Venezuela– serían un importante precedente en favor del exjefe de Estado, puesto que, la CIDH podría ordenar al Estado peruano suspender temporalmente o levantar las tres suspensiones de la función pública vigentes en su contra.
«Lo que puede hacer la Comisión cuando recibe una medida cautelar es lo mismo que hizo en Nicaragua y en Venezuela y es ordenarle al Estado que levante esas inhabilitaciones y que permita que Martín Vizcarra participe de las elecciones y que la ciudadanía pueda elegir», acotó.
Sobre las vulneraciones a los derechos de Vizcarra Cornejo por estar suspendido de la administración pública pese a que tiene un juicio oral en curso, el letrado argentino puntualizó que son «irreparables». Asimismo, dicha figura aplicaría a la ciudadanía que lo respalda en las encuestas de opinión, ya que, le están impidiendo elegir a su candidato de preferencia en un proceso electoral.
Nuevo proceso en el Congreso
En su sesión del lunes 29 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por los presuntos delitos contra la administración pública –negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo – y nombramiento ilegal, ambos en agravio del Estado.
Al exjefe de Estado se le responsabiliza de haberse interesado indebidamente y en forma directa en la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado sin cumplir con los requisitos legales para ocupar el cargo. El nombramiento se hizo efectivo el 1 de febrero del 2020, a través de la Resolución 017-2020-JUS.
Del mismo modo, la informe también acusa a la exministra de Justicia, Ana Teresa Revilla Vergara, por las mismas presuntas comisiones, tipificadas en el artículo 399 y el primer párrafo del artículo 381 del Código Penal, respectivamente.
El Pleno del Congreso definirá la suerte del exmandatario, mientras a nivel internacional busca levantar las inhabilitaciones en su contra para ser parte del venidera justa electoral de abril próximo.
ENFOQUE REAL 