El caso Vizcarra regresa otra vez al centro del escenario judicial. La Sala Penal Superior ha decidido anular la resolución que rechazaba el pedido de prisión preventiva contra el expresidente. 

El magistrado Víctor Alcocer queda fuera del tablero, y será otro juez de primera instancia quien reevalúe si Martín Vizcarra debe ser encarcelado preliminarmente por presuntas coimas recibidas durante su gestión como gobernador de Moquegua.

En esta nueva vuelta de tuerca, el fiscal Germán Juárez no ha bajado la guardia. Su objetivo es claro: lograr que Vizcarra afronte el proceso tras las rejas. La acusación no es menor. Se le atribuye haber recibido más de S/2.3 millones en sobornos ligados a las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. La pena solicitada podría sepultar su carrera política: 15 años de prisión y nueve de inhabilitación.

Durante la última audiencia, Juárez lanzó un argumento inquietante: Vizcarra habría sido captado en la frontera con Bolivia, sin presencia policial. ¿Una posible fuga en curso? El fiscal apeló al historial de políticos que han cruzado por Desaguadero y planteó la hipótesis del escape como una amenaza latente. “No tiene trabajo, ni arraigo”, sentenció.

La Sala Penal Superior ordena que se reevalúe el pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.

Pero Vizcarra no se dejó amilanar. Se mantuvo sereno, recordando que ha cumplido con todas las restricciones impuestas: entregó sus pasaportes, no ha salido del país desde 2020 y sigue compareciendo ante la justicia. “Quieren verme preso, pero no me van a quebrar”, dijo, con voz firme frente al juez.

Su defensa, encabezada por el abogado Erwin Siccha, fue directa. Rechazó cualquier indicio de peligro procesal y calificó el pedido de prisión como “infundado y desproporcionado”. A su juicio, las medidas restrictivas vigentes son suficientes para garantizar la presencia del exmandatario en el proceso.

Sin embargo, el juez Alcocer no había visto “sospecha grave” al emitir su fallo inicial, y esa decisión quedó sin efecto. La Sala Penal consideró que el análisis fue débil y que la causa merece ser evaluada desde cero. Ahora, la presión recae sobre un nuevo magistrado, que deberá decidir si los indicios alcanzan para dictar prisión.

Los hechos que originaron esta trama se remontan a 2013. Según los colaboradores eficaces, Vizcarra habría operado un esquema de pagos ilícitos, beneficiando a empresas que obtuvieron contratos millonarios. Las piezas del rompecabezas fiscal se arman con testimonios, documentos y presuntas entregas en efectivo.

A esto se suma otro frente judicial: Vacunagate. Vizcarra ya enfrenta restricciones por haber sido vacunado irregularmente en plena pandemia, lo que configura un perfil de reincidencia que preocupa a los fiscales.

Ahora todo queda en manos del nuevo juez. La audiencia que se aproxima podría convertirse en un giro definitivo. Si la prisión preventiva es aprobada, el “lagarto” dejará de saltar entre tribunales y será encerrado en una celda. El país observa, entre la incredulidad y el morbo, cómo se escribe el próximo capítulo. 

La audiencia de prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra se reanudará este viernes, 27 de junio, a las 9.00 a.m., bajo la dirección del juez Víctor Alcócer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional.

Vizcarra Cornejo deberá asistir a estar sesión de manera presencial, donde se le concederá el uso de la palabra en su defensa. Asimismo, tanto el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, y Erwin Siccha, abogado de la defensa, realizarán sus réplicas tras sus intervenciones en la última sesión.

La Fiscalía solicita seis meses de prisión preventiva contra el expresidente por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el marco del proceso por los casos ‘Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua’.

Martín Vizcarra calificó de “forzados y tergiversados” los argumentos del fiscal Juárez Atoche

Durante la audiencia, Vizcarra, calificó de “forzados y tergiversados” los argumentos presentados por el fiscal Juárez Atoche y negó tener intención de fugarse del país, como sostuvo el representante del Ministerio Público.

De acuerdo con Vizcarra, el documento de Inteligencia que advierte un presunto peligro de fuga se originó a partir de una afirmación del propio fiscal Juárez Atoche, y no de un informe elaborado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Eso no es actuar con coherencia y respeto. No tiene absolutamente ningún sustento ni lógica”, remarcó.

Vizcarra negó haber pedido asilo político

En otro momento, el exmandatario rechazó haber solicitado asilo político a Bolivia o Brasil. “Siempre voy a dar la cara. Incluso hemos presentado las cartas (enviadas a) las embajadas de Bolivia y Brasil (…) y hemos dicho: ‘nosotros no tenemos ninguna intención ni vamos a pedir [asilo]’”, declaró.

En ese sentido, refirió que, en los últimos meses, ha viajado a varias zonas fronterizas del país con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, y en ningún momento ha salido del territorio nacional.

En Tarapoto, a kilómetros de distancia y conectado virtualmente, Martín Vizcarra se deja ver en la pantalla de un monitor. El tres veces inhabilitado expresidente siente esta vez que el encierro le respira en la nuca como nunca antes y ha decidido mantenerse lejos de la sala judicial que iba a evaluar el pedido fiscal de prisión preventiva de seis meses en su contra, pese a que la audiencia era presencial.

Es más, en una clara muestra de irrespeto hacia la autoridad judicial, el vacado exmandatario luce una camisa con el logo de su agrupación política, la misma con la que pasea desde el último lunes por las calles de esa ciudad de la selva, adonde llegó para realizar proselitismo pese a su inhabilitación.

Vizcarra pudo cancelar sus actividades partidarias y regresar a Lima de inmediato para esta audiencia, pero prefirió hacerla larga. El fiscal Germán Juárez Atoche exigió su presencia en la sala y el abogado del expresidente solicitó reprogramar la audiencia para el viernes, pues su defendido planeaba regresar la tarde de hoy.

Pero el señalado de recibir coimas durante su gestión en el Gobierno Regional de Moquegua no pudo salirse con la suya. El juez Víctor Alcocer Acosta explicó que la audiencia tenía carácter de no aplazable y ya estaba instalada, por lo que decidió suspenderla hasta hoy a las 5 de la tarde. Alejandro Salas, su abogado, mostró su desacuerdo por la decisión
judicial.

PELIGRO DE FUGA

Así, el expresidente deberá estar sentado sí o sí este jueves en el banquillo y escuchar los alegatos del fiscal para justificar su pedido de prisión preventiva.

Juárez señala que existe peligro procesal y que, ante los fundados elementos de convicción que probarían que el exmandatario recibió coimas por más de dos millones de soles para la adjudicación de una obra de mejoramiento del Hospital de Moquegua y del proyecto Lomas de Ilo, la posibilidad de que Vizcarra fugue se ha incrementado.  Por estos delitos, el Ministerio Público ha solicitado 15 años de prisión para el inhabilitado expresidente.

Para Juárez, Vizcarra no tiene arraigo laboral, pues no se conoce que realice algún trabajo. Además, ante el incremento de evidencias y la cercanía de una sentencia desfavorable, podría abandonar el país por Tacna, Moquegua o Puno, para llegar a Bolivia. Tampoco descarta que solicite asilo a Brasil.

La Fiscalía precisa que el exjefe de Estado fue visto hace unas semanas solo, sin policía que lo vigile, en el terminal de buses de Moquegua.

«MAJADERÍA FISCAL»

Desde Tarapoto, el expresidente cuestionó el pedido en su contra calificándolo de “persecución política” y de una majadería de la Fiscalía. Explicó que el viaje a esta parte de la selva lo había coordinado con tres meses de anticipación, que no tiene intenciones de salir del país y que esta tarde estará presente en la 
audiencia.

“Esta es una persecución política. Me han vacado cuando tenía 70% de popularidad, me han inhabilitado en tres oportunidades, me han sacado del partido que yo he formado, y ahora me quieren meter preso cuando no hay sentencia. He cumplido con asistir a todas las citaciones, he cumplido con todas las normas de conducta. A mí esto me parece una majadería de la Fiscalía. Esto no tiene sustento legal”, señaló.