MEF fija en 5500 soles el valor de la UIT para el año 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó oficialmente el valor de la UIT 2026, estableciéndolo en 5500 soles para el próximo ejercicio fiscal. La disposición fue promulgada a través del Decreto Supremo Nº 301-2025-EF, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La nueva cifra entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 y se determinó considerando los supuestos macroeconómicos analizados por el sector Economía. Este monto servirá como índice de referencia obligatorio para la aplicación de normas tributarias y administrativas en todo el territorio nacional.

Variación del valor de la UIT 2026 y evolución histórica

El valor de la UIT 2026 representa un incremento de 150 soles en relación con la unidad impositiva vigente durante el 2025, la cual asciende a 5350 soles. Es esta actualización mantiene la tendencia ascendente registrada en los últimos años, ajustando los montos a la realidad económica del país.

La evolución de este indicador ha sido constante durante la última década, pasando de 3650 soles en el año 2012 a la cifra actual de 5500 soles. Los registros oficiales muestran aumentos progresivos anuales, como los 4400 soles fijados en 2021 y los 4950 soles establecidos para el periodo 2023.

Aplicación en el sistema tributario y administrativo

La Unidad Impositiva Tributaria funciona como el valor de referencia fundamental para determinar las bases imponibles, deducciones y límites de afectación de los tributos. Su actualización impacta directamente en el cálculo de impuestos, así como en la definición de obligaciones contables para personas naturales y jurídicas.

Asimismo, el monto se utiliza para establecer la cuantía de sanciones, multas administrativas y tasas por servicios estatales. Diversas entidades del Estado deberán recalcular sus cuadros de infracciones y procedimientos administrativos en función de este nuevo índice aprobado por el Ejecutivo.

Base legal y ejecución del decreto supremo

La determinación del valor de la UIT 2026 se realiza conforme a la Norma XV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario. Esta normativa faculta al Ministerio de Economía y Finanzas para modificar el monto mediante decreto supremo.

El cumplimiento de este valor será obligatorio desde el primer día del año 2026 para todos los efectos legales y tributarios correspondientes. La norma legal lleva las firmas de las autoridades competentes y cierra el proceso de fijación de indicadores fiscales para el siguiente periodo anual.

La verdadera responsable del fracaso en seguridad ciudadana es Rosa Vásquez, según cifras oficiales del MEF

Mientras que algunos parásitos periodistas responsabilizan al alcalde Santiago Cano, la verdad es otra: Rosa Vásquez solo destinó S/ 20 mil de un presupuesto superior a los S/ 2,300 millones para seguridad ciudadana en el 2025.

El descaro político en la Región Lima ha llegado a niveles insospechados. Voceros mediáticos al servicio de “La Cholita”, se han dedicado a desviar la verdad, culpando de la inseguridad ciudadana en Huacho al alcalde provincial de Huaura. Pero la realidad es contundente y demuestra quien tiene la verdadera responsabilidad de garantizar políticas y recursos para enfrentar la criminalidad es el Gobierno Regional de Lima, presidido por Rosa Vásquez, y lo ha hecho con negligencia criminal.

De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del MEF, el Gobierno Regional de Lima maneja para este 2025 un presupuesto que supera los S/ 2,366 millones. Sin embargo, para la categoría presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, se destinó apenas S/ 20 mil soles, una cifra ridícula que representa menos del 0.001% del presupuesto total.

Lo más indignante es que esos S/ 20 mil ya fueron ejecutados en su totalidad. Según los reportes oficiales, el GORE Lima certificó, comprometió, devengó y giró esa suma. En otras palabras, para todo un año de lucha contra la delincuencia en una región de más de un millón de habitantes, Rosa Vásquez dispuso menos de lo que cuesta sostener a un subgerente de seguridad ciudadana en su propia sede regional.

La conclusión es ineludible: la inseguridad ciudadana que asfixia a la Región Lima no es consecuencia de falta de dinero, sino de la indolencia, el abandono y la absoluta falta de voluntad política de Rosa Vásquez, quien optó por priorizar otros intereses y dejar a la población a merced de la delincuencia y el sicariato.

Mientras tanto, los operadores mediáticos de la región, en lugar de fiscalizar a la verdadera responsable, se ensañan con las autoridades locales para desviar la atención, tratando de cargarle un muerto que no le corresponde. Lo hacen porque cobran mensualmente jugosos sueldos de la misma gestión que mantiene abandonada la seguridad ciudadana.

Gerenta de Servir: El MEF se encargó de fijar el monto para el aumento salarial de la presidenta de la República

Mariella Herrera, gerenta la Autoridad del Servicio Civil (Servir), indicó este lunes que dicha entidad autónoma del Estado no estableció el monto para el aumento de sueldo de la presidente de la República, el cual asciende a S/ 35 568, sino que fue el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el sector que fijó dicha cifra.

Según indicó en Prueba de fuego, de RPP TV, esa es la ruta establecida en la Ley de Servicio Civil, que faculta al MEF a determinar los sueldos de los funcionarios que se adecúen a esa norma. Añadió que el incremento de sueldo del presidente de la República es parte de un proceso de ordenamiento para que las entidades del Poder Ejecutivo pasen al régimen del servicio civil.

“La aprobación del cuadro de puestos de la entidad sí pasa por Servir y es aprobado por el Consejo Directivo de Servir, previa opinión de Servir y del Ministerio de Economía y Finanzas. En el cuadro de puestos de la entidad no se determina el monto de los funcionarios (…) esto es una competencia y excluyente del Ministerio de Economía y Finanzas”, dijo.

“La misma Ley del Servicio Civil ha establecido el mecanismo, que es a través de un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros (…). Nosotros no hemos puesto el monto, lo que pasa es que tiene que identificarse por un lado el procedimiento de la implementación del Servicio Civil, que es lo que he comentado previamente y por otro lado está el monto de la compensación de los funcionarios que sigue el procedimiento”, indicó.

Respuestas ante el Congreso

En esa línea, la funcionaria explicó que el incremento salarial ha seguido “el procedimiento adecuado” y contó con la “habilitación legal respectiva”. Asimismo, sostuvo que esperan explicar ello ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que citó al presidente de Servir, Guillermo Valdivieso, para que dé cuenta sobre los criterios seguidos para esta medida.

“Entiendo que van a haber preguntas vinculadas con cómo se ha definido la compensación económica y nuevamente señalo la ruta está establecida por la Ley de Servicio Civil, que no es de ahora, es una ley que está vigente desde 2013”, sostuvo.

“No corresponde que Servir se pronuncie sobre el monto y no corresponde que Servir ponga un monto, porque como señalo dentro de las competencias, eso está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas”, agregó Herrrera, quien indicó también que el presidente de Servir no pudo acudir a la citación del grupo de trabajo parlamentario del pasado 4 de julio, pero que se está coordinando la reprogramación de su asistencia.

La gerenta de Servir explicó también que, si bien este proceso para incremento está en curso desde 2013, los presidentes que estuvieron desde entonces no pudieron acogerse a un aumento, debido a que entonces no estaban dadas las condiciones y desde el Poder Ejecutivo no se habían presentado los cuadros de puestos para su ordenamiento en la norma.

Incremento salarial

El Consejo de Ministros aprobó el pasado miércoles el aumento de sueldo del presidente de la República a 35 568 soles, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley de Presupuesto aprobada en 2024.

Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien también señaló que este aumento se da en atención a una resolución de la Presidencia de Servir, así como la Ley de Servicio Civil respecto de la remuneración del presidente de la República.

El representante del Ejecutivo justificó este aumento al indicar que se comparó el sueldo actual del presidente, 15 600 soles, a los salarios en dólares de los mandatarios de otros 12 países de América Latina, así como el sueldo que reciben actualmente los ministros y viceministros.

“Se ha establecido una metodología que hace una comparación de los salarios en dólares de los presidentes de la República de 12 países de América Latina. En función de esta comparación en dólares corregidos por paridad de poder adquisitivo y conjuntamente también tomando en cuenta los ingresos más altos en el Poder Ejecutivo, básicamente, ministros y viceministros, se hace una proyección también de lo que sería el puesto que debería ocupar alguien encima de un ministro, que en este caso sería la presidenta de la República”, dijo.

“El promedio ponderado de los sueldos de 12 presidentes y esta proyección extensión de los cargos en el Poder Ejecutivo es que se ha hecho una comparación y resultado de ello surge el valor que ha sido aprobado hoy en un decreto supremo de 35 568 soles mensuales”, agregó.

¿Desde cuándo regirá el decreto que establece el aumento salarial del presidente de la República? La respuesta del MEF

Raúl Pérez Reyes, titular de la cartera de Economía y Finanzas, informó que el decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, que dispone el aumento del sueldo del presidente de la República a 35 568 soles, entrará en vigencia a más tardar este viernes 4 de julio.

“[el aumento] se aprobó hoy (miércoles) y en principio debería estar publicado mañana (jueves) en el diario oficial El Peruano y, por lo tanto, entrará en vigor al día siguiente como establece la normativa vigente”, indicó durante una conferencia de prensa tras la sesión del Gabinete Ministerial.

Pérez Reyes justificó este incremento al señalar que el sueldo de la institución presidencial se encontraba “congelado” aproximadamente 20 años, cuando “el expresidente [Alan] García decidió reducir los salarios de un importante grupo de funcionario”.

“Lo que se está haciendo ahora es corregir este atraso en el salario del puesto de la Presidencia de la República, que no solo va a servir para la presidenta, sino para quien a partir de julio del próximo año ejerza este cargo”, manifestó.

En otro momento, el integrante del Gabinete Ministerial sostuvo que este aumento se da en atención a una resolución de la Presidencia de Servir, así como la ley de servicio civil respecto de la remuneración del presidente de la República.

Asimismo, agregó que se comparó el salario actual de la presidenta Dina Boluarte, el cual asciende a 16 000 soles, con el de los mandatarios de otros 12 países de América Latina, destacando que el suyo se encuentra entre los más bajos de la región.

“Se ha procedido a hacer una comparación internacional de los salarios que obtienen los presidentes de la República de 12 países y de ellos, el sueldo actual de la presidenta ocupaba el puesto 11, el sueldo más bajo lo tenía Bolivia”, refirió.

MEF cambiará la regla del déficit fiscal: un aval para mayor endeudamiento y descontrol del gasto público

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes anunció que su cartera cambiará las reglas del déficit fiscal — diferencia entre los ingresos y gastos del Estado — , cuya meta para este año está fijada en 2,2% del producto bruto interno (PBI). Ahora el nuevo «techo», según indicó el ministro, será de 2,8%, lo que impulsaría un mayor descontrol del gasto público y comprometería el objetivo de la consolidación fiscal en detrimento de las finanzas públicas.

«Vamos a plantear una modificación de la regla fiscal. El año pasado tuvimos un déficit de la regla de 3,6%. Queremos llegar de forma intermedia a 2,8%. [En 2025] se planteó una regla de 2,2%, pero es claro que esto implicaría una desaceleración de la economía que no consideramos necesaria», argumentó Pérez-Reyes tras el evento CEOS & Leaders Summit 2025, organizado por el Dorado Investments.

En diálogo con La República, el economista Armando Mendoza advirtió que la falta de control del gasto y la incapacidad de generar ingresos sostenibles está llevando a un mayor endeudamiento del Estado. Además, que se está comprometiendo no solamente para ahora, sino para las futuras administraciones.

«En los últimos tres años se ha abandonado esa disciplina fiscal. Muchos gastos se están generando por decisiones políticas sin mayor análisis técnico ni sustento por parte del Congreso. Y por el lado del ingreso, lamentablemente, el Gobierno tampoco ha tenido la capacidad para recuperar los niveles de recaudación tributaria a niveles mínimamente aceptables», apuntó.

La mayor preocupación radica en que esta falta de responsabilidad viene reflejando la precariedad y pérdida de institucionalidad en la política económica. Si bien la «supercrisis fiscal» no será este año ni el próximo, lo construido durante 20 años, hoy, el Congreso y Ejecutivo lo vienen estropeando, sostuvo Mendoza a este diario.

Déficit fiscal de S/40.000 millones

Recordemos que por dos años consecutivos, el Perú ha incumplido sus reglas fiscales, un mal síntoma al sostenimiento de las finanzas públicas. El año pasado se alcanzó un 3,6% cuando el techo exigía un 2,8%.

«El problema es que cuando tus gastos comienzan a sobrepasar de manera sistemática y por montos considerables tus ingresos, como es que está pasando en los últimos años, entonces ahí ya se genera una complicación. Ese 3,6% de déficit fiscal son más de S/40.000 millones que no se cubrieron con ingresos propios”, explicó Armando Mendoza.

«El MEF incumplió con la regla fiscal en 2023 y 2024. Ahora han hecho un truco. Como por sus políticas van a sobrepasar el límite de déficit de 2,2% del PBI, han elevado dicho límite a 2,8 % del PBI, para «cumplir» la regla. ¿Qué le pasa al MEF? Está en su peor momento desde 1989″, criticó el exministro de Economía Waldo Mendoza.

Consejo Fiscal alerta que reforma de APP limita competencias del MEF y pone en riesgo sostenibilidad fiscal

La reforma de las Asociaciones Público-Privadas continúa bajo la lupa. Aunque su promulgación aún está pendiente, el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 30 de mayo para presentar sus observaciones, tal como lo adelantó el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes.

Por su parte, el Consejo Fiscal reiteró su preocupación por las implicancias fiscales que generarían las modificaciones propuestas al marco legal que regula la inversión mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA).

“La reforma aprobada busca impulsar las APP, pero introduce cambios normativos que debilitan seriamente disposiciones diseñadas para salvaguardar el efecto fiscal de este tipo de proyectos y evitar contingencias que comprometan la sostenibilidad fiscal”, puntualizó.

Estas son las advertencias del Consejo Fiscal

1. Debilita disposiciones para salvaguardar equilibrio fiscal

El Consejo Fiscal considera que transferir la rectoría del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP) a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) limita las competencias exclusivas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en materia hacendaria, financiera y fiscal, en las distintas fases del proceso de una APP.

En ese sentido, indicó que se elimina la obligación del MEF para emitir opinión sobre el impacto y consistencia de los proyectos con el cumplimiento de las reglas fiscales y se restringe su participación en situaciones de modificaciones al equilibrio económico-financiero.

Asimismo, alerta que sustituir el análisis de capacidad presupuestal por un análisis de “disponibilidad financiera” no garantiza el cumplimiento de los requerimientos de control presupuestal ni de capacidad fiscal.

Además, cuestiona que la autógrafa concentre el control total de los proyectos APP en Proinversión otorgándole no solo la rectoría del sistema, sino también la titularidad de los proyectos del Gobierno Nacional y la conducción de todo su ciclo, desde la formulación hasta la ejecución contractual.

“Proinversión pasaría a ser el “concedente” de los proyectos, es decir, la contraparte pública de los concesionarios privados”, explicó.

“Estas modificaciones generan un potencial conflicto de interés por parte de Proinversión, entidad que sería juez y parte en la decisión de determinar la modalidad de ejecución de todos los proyectos de infraestructura pública nacional. Dado que su función se limita a la promoción de la inversión privada en APP o PA, no puede asegurarse la maximización de valor por dinero ni el cumplimiento de los principios de responsabilidad fiscal al exceder sus competencias.”, indicó el Consejo Fiscal.

2. Contraviene prácticas internaciones

En su análisis, el Consejo Fiscal resaltó que la experiencia internacional muestra que los marcos institucionales de países con mayor experiencia en APP resaltan la importancia de la participación de los ministerios de hacienda en la evaluación fiscal de las APP.

3. Cartera de proyectos de escala fiscal inédita

La cartera de proyectos asciende a US$ 70 mil millones, lo que representa cerca del 25% del PBI del 2024. “El 12,9% de la inversión total corresponde a 17 proyectos autofinanciados y el 27,9% a 50 proyectos cofinanciados. No obstante, no se dispone de información para el 59,1% restante”, indicó.

4. Falta de control adecuado podría generar obligaciones o contingencias fiscales

El documento advierte que la reforma “rompe el vínculo entre la aprobación de APP y la planificación presupuestaria”, lo que podría llevar a la ejecución simultánea de megaproyectos sin considerar la capacidad fiscal. Esto generaría presiones insostenibles sobre el gasto público, afectando la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

También alerta que la falta de evaluación exhaustiva y de controles adecuados podría fomentar la proliferación de adendas o controversias (demandas) entre el Estado y los concesionarios.

5. Escasa discusión técnica

El Consejo Fiscal sostuvo que el proceso de aprobación de la autógrafa de ley se realizó sin la necesaria discusión técnica ya que las iniciativas presentadas el 13 de marzo y el 8 de abril de 2025 fueron exoneradas del debate y evaluación de la comisión correspondiente el 14 de abril, e incluidas en la agenda del pleno del 16 abril.

“En la misma fecha el pleno del Congreso aprobó la propuesta (y la exoneró de segunda votación) sin un debate amplio de los diferentes grupos parlamentarios”, añadió.

6. Debe enmarcarse en una política nacional de infraestructura integral y coherente

El Consejo Fiscal considera que “el Gobierno debería marcar una hoja de ruta clara, definida técnicamente, que aborde integralmente la problemática de las brechas de infraestructura y de servicios públicos en el país, y que se sujete, en todos los plazos, al espacio fiscal disponible”.