Una decisión judicial en el Perú ha desatado una serie de cruces entre Estados Unidos y China.
A inicios de febrero, el Primer Juzgado Especializado en los Constitucional de Lima excluyó al puerto privado de Chancay de ser regulado y fiscalizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).
El juzgado declaró fundada una acción de amparo de la compañía Cosco Shipping Ports y puso límites a la intervención del Estado peruano en el terminal portuario, fijando que el Ositrán, sus dependencias y organismos técnicos también deberán abstenerse de ejercer sus facultades de supervisión y sanción sobre el puerto.
No obstante, el juez Juan Carlos Núñez determinó que la única excepción a esta normativa será la fijación de las tarifas a usuarios finales, y solo si el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirma previamente que no hay competencia en el mercado.
El conflicto surgió porque el Ositrán pretendía aplicar al puerto un régimen de regulación integral, similar al de los puertos públicos o aquellos que el Estado entrega en concesión.
Pero el magistrado subrayó en su fallo que el Megapuerto de Chancay, operado por Cosco Shipping, fue construido y financiado íntegramente con capital privado – sin subsidios estatales ni contratos de concesión –, por lo que no se puede tratar igualmente a un puerto privado y a uno estatal.
La sentencia establece que forzar la regulación sobre una infraestructura privada vulneraría derechos fundamentales como la propiedad y la libertad de empresa.
Con una capacidad de un millón de contenedores al año, el Megapuerto de Chancay es propiedad de un consorcio donde el 60% pertenece a la empresa estatal china Cosco Shipping Ports Limited y el 40% a la minera peruana Volcan Compañía Minera, a través de su subsidiaria Inversiones Portuarias Chancay (IPCH).
Cosco Shipping es el operador principal, integrándose en la iniciativa china de la Nueva Ruta de la Seda, mientras que Volcan aporta conocimiento local y participación en el mercado de minerales.
El objetivo del puerto es convertirse en el principal hub (centro de conexiones) del comercio marítimo de China con Sudamérica.
Ositrán advierte desprotección de usuarios y una apelación
En entrevista con RPP, la presidenta del Ositrán, Verónica Zambrano, sostuvo que el fallo judicial recortaría las funciones del organismo para verificar que se cumplan los derechos de los usuarios finales (importadores, agentes de aduana y dueños de carga).
Zambrano complementó que, sin la intervención de su entidad, los usuarios quedarían en una situación de vulnerabilidad, puesto que no habría quién garantice el derecho a la información transparente sobre los servicios, el derecho a la no discriminación en el trato comercial y el acceso a un procedimiento de reclamos formal ante una instancia reguladora.
Comentó, además, que Ositrán aún no ha sido formalmente notificado del fallo judicial, pero anunció que, apenas reciban la notificación, apelarán la decisión.
La respuesta de Cosco Shipping
Mientras tanto, el gerente general adjunto del Megapuerto de Chancay, Gonzalo Ríos Polastri, rechazó que no exista una presencia estatal en sus operaciones y defendió el marco legal que regula el funcionamiento como puerto de titularidad privada.
El ejecutivo alegó que, en Chancay, operan permanentemente diversas entidades del Estado encargadas de la supervisión, control y fiscalización de las actividades portuarias.
“La Ley del Sistema Portuario es clara: Ositrán solo interviene en puertos privados cuando existen aspectos de competencia determinados por otra autoridad. Hoy, incluso, Ositrán ha reducido su posición únicamente al tema de protección de usuarios, dejando fuera la regulación de calidad de servicio y otras funciones”, sostuvo.
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