Dina Boluarte firma Ley APCI, norma que fiscaliza fondos de las ONG

La presidenta Dina Boluarte asumió este lunes una decisión clave para la fiscalización de los fondos internacionales. Desde el Ejecutivo, firmó la nueva ley de la APCI, que modifica el marco legal de la cooperación internacional no reembolsable y fortalece el rol de supervisión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG).

La norma, aprobada recientemente por el Pleno del Congreso con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, impone nuevas condiciones para el manejo de recursos provenientes del exterior.

Con esta ley, la APCI encabezará la fiscalización de la organización, ejecución y supervisión de los proyectos financiados por cooperación internacional, con el objetivo de evitar irregularidades y mejorar la transparencia en la administración de fondos.

Además, la ley establece la creación de un registro público obligatorio para las ONG receptoras de cooperación, lo que permitirá monitorear el uso de cientos de millones de dólares que llegan al país cada año a través de este mecanismo.

Con la firma de la ley, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ya confirmó su intención de respaldar esta legislación, que modifica los artículos 3, 4, 21 y 22 de la Ley N.º 27692.

Con la nueva ley, la APCI también se encargará de implementar la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), lo que refuerza su papel como entidad rectora en el manejo de fondos no reembolsables.

Miembros de ONG vinculada al sobrino de Dina Boluarte tienen cargos en el Estado: uno de ellos ganas hasta S/16 mil

Dos integrantes de la disuelta ONG Perú Eco Social Group, que integraba el sobrino de Dina Boluarte, José David Ugarte Boluarte, actualmente trabajan para el Estado. Se trata de Javier Umeres Cáceres, actual asesor del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, y su padre, Juan Francisco Umeres Rodríguez, quien se desempeña como subprefecto del distrito cusqueño de Echarate, reveló un reportaje de Cuarto Poder.

Padre e hijo, al igual que el sobrino presidencial, eran parte de la organización. Javier Umeres era el fundador de la asociación, su padre era el vicepresidente y José Ugarte Boluarte fungía de secretario técnico internacional. Bajo ese cargo, el familiar de la jefa de Estado era el encargado de buscar fuentes de financiamiento nacional y extranjero.

La ONG fue dada de baja el 31 de octubre del 2024, a los pocos días de la designación de Javier Umeres en el Ministerio de Cultura. Antes de ello, el último trabajo de Javier Umeres, antropólogo, había sido la de inspector municipal en Cusco. Pasó de ganar 5200 soles a casi 16 mil soles mensuales como funcionario en este gobierno de Dina Boluarte.

Sin embargo, Umeres hijo negó conocer al sobrino presidencial, pese a que integró la ONG que fundó en el 2019. «(¿Conoce usted al señor José David Ugarte Bolaurte?) Por su puesto, es un colega. (¿De dónde?) de la universidad. (¿Han trabajado juntos?) Trabajado no», respondió a Cuarto Poder. 8

«(¿Quién es el secretario internacional?) Le voy a pedir por favor que… en otro espacio. ¿No es el señor Boluarte?) La verdad, no recuerdo bien… Pero usted la fundó. Sí, yo la fundé porque teníamos unos proyectos en ese entonces», agregó.

Otro de los beneficiados

En tanto, Juan Francisco Umeres Rodríguez, padre de Javier Umeres, fue el vicepresidente de la ONG integraba por el sobrino de la presidenta. En agosto del 2023, fue designado subprefecto del distrito cusqueño de Echarate por Jorge Luis Ortiz Marreros, quien es investigado por presuntamente ser miembro de los Waykis en la sombra, la presunta organización criminal en la que Nicanor Boluarte habría decidido de manera ilícita la designación precisamente de prefectos y subprefectos.

Umeres padre figura en la planilla del Ministerio del Interior. Es imputado en el presunto delito de estafa y falsedad ideológica, y también investigado por abuso de autoridad.

Al respecto el abogado Walter Palomino dijo: «Se tiene que el Estado debería elegir a los mejores / Si es que esto se pasa por encima/ y más bien se elige a una persona en virtud de los vínculos amicales que podría tener, lo que podría pasar es que tengamos a una persona, a un funcionario público incompetente, que no lleva a cabo sus funciones. Incluso imaginemos que lo lleva adecuadamente, pero ha sido elegido en virtud de esta amistad que podría existir. Esto igualmente sería ilegal, porque habría sido privilegiado en desmedro de otros, en virtud únicamente a aspectos vinculados a criterios no legales».

«La voy a meter a la cárcel»: La dura advertencia de López Aliaga a la directora de la ONG Manuela Ramos

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, amenazó a la directora de la ONG Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez, con «meterla a la cárcel» luego de que afirmara que el burgomaestre estaría realizando falsas afirmaciones sobre la organización feminista. 

RLA advierte a ONG Manuela Ramos

Durante un discurso protocolar, López Aliaga afirmó que la ONG recibió financiamiento de USAID y el 80% de este presupuesto fue destinado a los sueldos de planilla. Sin embargo, dichas acusaciones fueron negadas por Gutiérrez durante una entrevista para Canal N.

«Le he dado 24 horas para que me diga la verdad. Señora, ya está en mis redes sociales el pedido. Usted me ha dicho mentiroso, yo la voy a meter a la cárcel a usted», declaró durante una actividad oficial. 

En otro momento, RLA criticó a los organismos internacionales de derechos humanos asegurando que estos son dirigidos por «caviares«. En ese sentido, destacó que es necesario «cambiar las cosas» y plantear una política similar a la de Estados Unidos. 

ONG Manuela Ramos hace mal uso de fondos

El burgomaestre señaló que de los 1.4 millones de dólares que habría recibido la ONG de USAID, más de un millón se habría empleado para cubrir gastos personales. Ello en lugar de ser empleados para proyectos de ayuda social en beneficio de poblaciones vulnerables. 

«Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió», declaró anteriormente para un medio local.

A través de sus redes sociales, la ONG Manuela Ramos le respondió al alcalde Rafael López Aliaga sobre sus acusaciones de mal uso de fondos de USAID. En ese sentido, expresó su rechazo a dichos comentarios y aseguró tener la certeza de que estas acciones se dan como parte de una «campaña en contra de la sociedad civil organizada y el derecho a la participación, libertad de expresión y nuestra lucha permanente por los derechos de las mujeres, personas LGBTIQ y la igualdad de género en el país».

Rafael López Aliaga acusa a ONG Manuela Ramos de robar un millón de dólares de USAID

Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, se pronunció sobre su propuesta de crear una comisión en el Congreso que fiscalice a los supuestos beneficiarios del financiamiento de USAID en el Perú.

El político de Renovación Popular mencionó que la ONG feminista Manuela Ramos habría sido parte de estos beneficiarios y aseguró que esta le «ha robado» al pueblo peruano.

«Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió», aseguró en Canal N.

Según López Aliaga, ese millón de dólares se habría usado para pagar planillas y no para ayudar a los «necesitados», por lo que considera que es algo que «no es justo».

De la misma forma, el burgomaestre acusó a diferentes medios de recibir dinero y dijo que se «necesita explicar» por qué fueron financiados por Estados Unidos.

ONG pide que menores y personas vulnerables de Venezuela no presenten pasaporte ni visa para ingresar al Perú

Desde el próximo 2 de julio, los ciudadanos de Venezuela que quieran ingresar a territorio nacional deberán contar con un pasaporte ordinario vigente y visa peruana, según una disposición de la Superintendencia Nacional de Migraciones, emitida el último jueves.

Dicha resolución deja sin efecto una resolución del 2019, y establece que para la calidad migratoria temporal se requiere pasaporte ordinario venezolano vigente y visa otorgada para una oficina consular peruana.

Al respecto, el exdiputado venezolano Óscar Pérez Torrez, fundador de la ONG Unión Venezolana, en diálogo con RPP, indicó que ha hecho un pedido a las autoridades peruanas para que se deje sin efecto la presentación de dichos documentos para sus connacionales niños, niñas, adolescentes, adultos mayores de 60 años, y personas en situación de vulnerabilidad.

«No podemos pretender meter a todos los migrantes venezolanos en un mismo saco»

Pérez Torrez indicó que era «muy respetuoso» con las nuevas disposiciones migratorias del gobierno peruano, pero consideró que esto respondía a una política motivada por una «percepción» relacionada a la seguridad interna del país.

«Yo creo que, al final, los niños, niñas y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad están pagando las consecuencias de la percepción que se tiene en este momento en torno a la migración venezolana. Yo no pienso tapar el sol con un dedo, obviamente ha traído algunos problemas, pero es una minoría. No podemos pretender meter a todos los migrantes venezolanos en un mismo saco», sostuvo.

Por ello, resaltó que su solicitud va «enmarcada dentro de lo que son principios fundamentales de la política migratoria nacional de Perú y de la propia Ley de Migraciones», que dispone «garantizar la unidad migratoria familiar, el interés superior del niño, niña y adolescente, y de no criminalización de la migración». 

«Nosotros somos categóricos en reafirmar que somos muy respetuosos de las decisiones que, en el marco de sus competencias, puede adoptar el gobierno peruano, más aún entendiendo que lo que buscan, en su criterio, es garantizar la seguridad y el orden interno», subrayó.

«Sin embargo, nosotros hemos manifestado que nos gustaría -yo ya he conversado con algunas autoridades del Perú- que se mantuviesen algunas flexibilidades, como por ejemplo no exigir pasaporte ni visado a niños, niñas y adolescentes que vienen al Perú a reagruparse con sus padres que ya viven en el Perú, mujeres gestantes, adultos mayores», agregó. 

El exdiputado venezolano resaltó que la exigencia de pasaporte es prácticamente inviable, pues en su país su costo es inaccesible para la gran mayoría. 

«En Perú, escuchamos ‘tramitar pasaporte’ y lo entendemos como algo muy sencillo (…) Un pasaporte en Venezuela cuesta 320 dólares, en un país donde un maestro gana 8 dólares al mes. Es impagable para un venezolano común y corriente», aseveró. 

«En Venezuela hay personas que, de quedarse en nuestro país, van a morir; o su situación, en cuanto a salud, se va a deteriorar de manera muy drástica (…) Una persona que tiene una enfermedad degenerativa neurológica -y no hay neurólogos en Venezuela porque, frente a la situación económica, han salido a buscar mejores destinos- le dicen que tiene que aplicarse una medicina que se llama inmunoglobulina, que en el Perú cuesta 600 dólares y la cubre el SIS, en Venezuela cuesta 5 mil dólares en un país donde una maestra gana 8 dólares al mes, un médico del sector público gana 35 dólares, un kilo de carne cuesta 10 dólares», explicó. 

Asimismo, Pérez puntualizó que «el visado no es el problema, porque tramitar el visado para estos niños ni es costoso ni demoraría mucho», sino «el tema es el pasaporte».

«Esta humilde y respetuosa solicitud la hacemos desde el punto de vista humanitario, pero además son principios fundamentales que están establecidos en la política nacional migratoria del Perú, incluso en las disposiciones preliminares del Decreto Legislativo N° 1350, Ley de Migraciones, que es la unidad migratoria familiar y el interés superior del niño, niña y adolescente», destacó. 

«Hemos manifestado públicamente que consideramos importante que se evalúe la posibilidad de permitir el ingreso, sin exigencia de visa y pasaporte vigente, a niños, niñas y adolescentes que vienen a reagruparse familiarmente con personas ya establecidas en el país, como también de mujeres gestantes, adultos mayores de 60 años de edad o personas que vienen a salvar sus vidas porque son personas que vienen en situación de extrema vulnerabilidad«, puntualizó. 

Dircote presenta a los detenidos de la ONG de Sendero Luminoso que adoctrinaba niños

El jefe de la Dircote, Max Anhuamán, aseguró hoy, en conferencia de prensa, que los niños rescatados en Trujillo recibieron adoctrinamiento terrorista por parte de miembros de la ONG Voluntad Transformadora, que funcionaba como un organismo de fachada de Sendero Luminoso.

“Lo que les puedo decir es que este organismo denominado Voluntad Transformadora, es un organismo generado de Sendero Luminoso,  es un organismo generado para tratar de tergiversar a la población y engañarla”, dijo el coronel Anhuamán.

Como se recuerda, Perú21 reveló recientemente una minuciosa labor de investigación de la Dirección Contra el Terrorismo, en la que pudo identificar y desarticular a la ONG de Sendero Luminoso, Voluntad Transformadora, que aún profesa y glorifica la figura del genocida Abimael Guzmán.

Según las pesquisas, la ONG senderista realizó su primera aparición en diciembre de 2019 como organizadora de una chocolatada en la que se entregó juguetes a niños. Su presentación como una organización sin fines de lucro de ayuda a pobladores de bajos recursos se hizo en Trujillo, en el distrito La Esperanza, en el sector Los Olivos, bajo el lema “servir al pueblo de todo el corazón”, cuyo origen maoísta fue muy publicitado en los años ochenta y noventa por Sendero Luminoso.

El coronel Anhuamán, en la conferencia de prensa de esta tarde, dijo que los niños eran obligados a realizar cánticos cargados de ideología senderista del Pensamiento Gonzalo del extinto cabecilla terrorista Abimael Guzmán, tal como se hizo en el VRAEM con los ‘niños pioneritos’, secuestrados para ser adoctrinados y convertirlos en soldados terroristas.

En la presentación de hoy, junto al coronel Anhuamán,  estuvieron el ministro del Interior, Vicente Romero; el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), general Óscar Arriola; y el fiscal Jorge Chávez Cotrina.