En Perú, las operadoras ofrecen la modalidad de prepago para que los clientes paguen según sus necesidades. De esta manera, se les brinda un número telefónico y una serie de beneficios. Sin embargo, los usuarios que dejan de recargar su saldo por un tiempo establecido pueden perder su línea, la cual se destinará a otro consumidor.

Cabe señalar que este escenario es completamente legal, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), entidad que regula el sector. Sin embargo, las empresas como Bitel, Claro, Entel y Movistar deben informar a sus clientes antes de desactivar y reciclar el número.

¿Cuánto debe pasar para que las operadoras quitan el número prepago por no recargar?

La norma de condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, emitida por Osiptel, establece que cada operadora en Perú fija su propio plazo antes de retirar el número a un usuario prepago por no recargar ni tener saldo en su línea. Los períodos, que se encuentran en las páginas de las empresas, son los siguientes:

• Bitel: 8 meses (240 días) consecutivos sin recargas para la baja del servicio en el caso de que no se cuente con saldo.
• Claro: 9 meses consecutivos (270 días) sin recargas para la baja del servicio en el caso de que no se cuente con saldo.
• Entel: 2 meses (60 días) consecutivos sin recargas para la baja del servicio en el caso de que no se cuente con saldo.
• Movistar: 7 meses (210 días) consecutivos sin recargas para la baja del servicio en el caso de que se cuente o no con saldo.

Respuesta del canal de atención de Claro por WhatsApp. Foto: propia

Sin embargo, si un usuario consulta con los canales de atención de las empresas de telefonía sobre el tiempo para perder su número, recibirá como respuesta períodos más cortos, los cuales difieren de los plazos oficiales que contempla Osiptel.

¿Las operadoras deben informar antes de quitar el número celular al usuario prepago por no recargar?

En una entrevista para La República, Matilde González, vocera de Osiptel, subrayó que todas las operadoras en Perú deben informar con 15 días calendario de anticipación, como mínimo, a la fecha del retiro de su número celular. «Tienen que avisar a los usuarios adecuadamente para que no les tome por sorpresa esa baja», señaló la representante de la entidad reguladora.

Sin embargo, existen casos en los que los clientes no reciben ninguna comunicación por parte de las empresas. Aunque el usuario incumpla con una condición del trato, está en su derecho de ser avisado, de acuerdo con Jaime Delgado, especialista en protección al consumidor, para La República. «Cuando transcurre mucho tiempo y van a dar de baja el servicio, coincido en la necesidad de que se deba advertir al público, y eso no sucede, lamentablemente», sostuvo el abogado.

¿Qué ocurre con el número prepago luego de perder la línea? por no recagar?

Después de los plazos establecidos por las operadoras en Perú, el usuario puede reclamar ante la empresa para reactivar su línea en la modalidad de prepago. En caso de que no se solucione el asunto, el cliente perderá definitivamente su número, el cual podrá ser reciclado para entregárselo a otra persona.

Por ello, Osiptel informa que se puede presentar un reclamo si el usuario no recibió ningún aviso. La solicitud primero se realiza mediante la operadora del servicio. No obstante, esta puede ser elevada al Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios del ente regulador. «Tenemos multas que van desde media hasta 1.000 UIT y dependerá del caso», aseguró González.

El 17 de febrero de este año, Rafael Muente Schwarzretomó sus funciones como presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), esto luego de que el Tribunal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) decidiera anular una suspensión que se le impuso tras revelarse que pagó con dinero público un curso de posgrado en España.

Ese mismo día, el Órgano de Control Institucional de Osiptel suscribió un informe que sostiene que Muente utilizó el vehículo asignado de manera oficial para fines distintos al cumplimiento de los objetivos de la institución.

DETALLES

De acuerdo con el documento al que accedió Correo, el jefe de Osiptelusó el vehículo institucional para trasladarse a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), lugar en el que dicta clases.

Desde el 18 de marzo de 2024 hasta el 25 de setiembre de 2024, el chofer del vehículo asignado al presidente ejecutivo del Osiptel, retiraba el auto de la sede ubicada en la avenida Del Parque Norte 1180, en San Borja, lugar donde se ubica la oficina del funcionario.

La revisión del cuaderno vehicular da cuenta de que, en la mayoría de los casos, la movilidad salía a partir de las 5 de la tarde y retornaba a la entidad fuera del horario laboral.

Al respecto, el conductor de la unidad reconoció que trasladaba a Muente hasta la universidad en San Miguel para el dictado de clases hasta las 8 de la noche, posteriormente, lo trasladaba a su domicilio en Surco.

Incluso, afirmó que el vehículo ingresaba al estacionamiento de la universidad y permanecía allí hasta que Muente terminaba de dar clases.

GASTOS

Otro dato no menor es que el conductor explicó los gastos que se realizaban por el concepto de caja chica, es decir, los gastos como la cena que debía pagar mientras esperaba al presidente ejecutivo del Osiptel.

“De lo manifestado por el chofer, se advierte que durante el período de marzo a setiembre de 2024 trasladó al señor Muente a la PUCP de lunes a jueves, todas las semanas (…)”, se lee en el informe.

De acuerdo con datos de la Oficina de Administración y Finanzas del Osiptel, los gastos efectuados por el chofer a través de la caja chica incluyen los conceptos de alimentación y movilidad fuera del horario laboral.

Entre marzo y mayo se utilizaron 550 soles para pagar los taxis de retorno a su domicilio y 293.50 soles por las cenas que consumió mientras esperaba al presidente del Osiptel.

En el caso de las cenas, algunos comprobantes son de la empresa Newrest Perú S.A.AC, que se encuentra en el comedor central de la PUCP.

Entre junio y setiembre, se autorizó el pago de 575 soles por gastos de movilidad, porque el conductor realizaba actividades labores después de las 8 de la noche.

El total asciende a 1418.50 soles.

“Se puede evidenciar que los traslados al señor Rafael Muente por los días lunes, martes, miércoles y jueves, a la PUCP, para el dictado de clases, no se encuentran enmarcado con los objetivos de la institución o labores institucionales del Osiptel, por el contrario, estas corresponden a actividades particulares”, señala el documento.

SITUACIÓN

Para el penalista Andy Carrión, lo descrito en el informe configuraría la presunta comisión del delito de peculado de uso, porque los bienes del Estado deben ser destinados únicamente para finalidades propias de la institución.

El delito mencionado tiene una pena de 2 a 4 años, además de la inhabilitación para ejercer cargo público.

“El informe constituiría un indicio relevante para afianzar la hipótesis del delito de peculado de uso. En ocasiones el OCI emite el informe y lo deriva a la Fiscalía para que ellos actúen según sus competencias”, indicó a este medio.

Para el presidente ejecutivo del Osiptel, Rafael Muente, el informe del 17 de febrero fue emitido de manera irregular.

“El Órgano de Control Interno emite este informe dirigido a quien era el presidente temporal del Osiptel (Ferrer Anívar Rodríguez), como todos sabemos, persona que fue designada por el Gobierno. Existe una evidente informalidad, una irregularidad”, indicó.

En diálogo con Correo, el funcionario señaló que no utilizó el vehículo del Estado para una actividad recreativa o banal, sino para una actividad académica que es absolutamente compatible con sus funciones.

En la misma línea, precisó que dicta clases hace más de 35 años y que fundó el curso de derecho de las telecomunicaciones en la PUCP, actividad que está vinculada con su función como presidente ejecutivo del Osiptel.

Consultado sobre por qué no utiliza su auto particular para ir a dictar clases, Muente explicó que tendría que ir hasta su domicilio y luego trasladarse a la universidad, es decir, perdería tiempo.

“Nosotros estamos 24 horas siete días a la semana al servicio de la institución. Yo en el auto hago aprobaciones, firmo virtualmente resoluciones y más. No es que mientras estoy yendo a la universidad, me desvincule a mis funciones de Osiptel”, dijo.

“Cuando se hace mención a lo exclusivo de este vehículo oficial, estamos en una zona que es blanco y negro”, agregó.

Desde su punto de vista, “hay una intención de tomar Osiptel”.

Muente agregó que desde el punto de vista jurídico, y bajo la lógica del principio de la razonabilidad y proporcionalidad, contenidos en el artículo 200 de la Constitución, que establece que ningún tipo de prohibición puede estar desvinculado al uso proporcional o razonable, el uso exclusivo del vehículo oficial no puede ser interpretado de manera tan excesivamente rígida ya que el mismo me facilita el desenvolvimiento y seguridad en mis funciones como presidente del Osiptel y no ha sido utilizado en ningún momento para actividades de ocio o de entretenimiento.

“No es la primera vez que se hacen este tipo de denuncias. Hay pronunciamientos a nivel de Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (Sentencia 04298-2012) sobre aspectos similares, los cuales concluyen que no todo uso ajeno, que no sea netamente de las funciones del cargo, del vehículo oficial, se debe considerar delito, pues caen dentro del principio de razonabilidad”, concluyó.

Cabe precisar que según el informe del OCI del Osiptel, la acción realizada por Muente contraviene lo establecido en el artículo 28 del Texto único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, referido al eficiente uso de bienes.

El informe menciona que “los vehículos del Osiptel deben utilizarse de manera racional para fines institucionales”.