Tras el asesinato de 13 trabajadores mineros de empresa R&R de Minera Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad, el pasado 4 de mayo, las autoridades continúan investigando a los posibles responsables. Los agentes de la PNP señalaban a alias ‘Cuchillo’ como el principal sospechoso, mientras que el Ministerio Público también considera que dicho criminal habría contado con un cómplice dentro de la misma empresa.

Según información de la Fiscalía, Nicolás Cueva Rojas (41 años), minero ilegal que es propietario de R&R y de Libmar SAC, detalló que José Lozano Peche, quien fue uno de sus trabajadores, renunció 2 días después de la matanza de 13 mineros en Pataz. El negocio en cuestión es una compañía dedicada a la explotación de minerales en zonas asignadas por la minera Poderosa.

José Lozano renunció dos días después de matanza en Pataz

Durante la diligencia judicial ante el Ministerio Público, Cueva Rojas reveló que José Ramiro Lozano Peche, conocido como ‘Técnico’, se encargaba de seleccionar al personal de seguridad para Libmar SAC, empresa que opera en el anexo Santa María, una de las áreas más conflictivas de la provincia de Pataz, región La Libertad. “Sí conozco al ‘Técnico’ porque él era el responsable de escoger al personal de seguridad para mi empresa», explicó

“Ya no trabaja para mí, se retiró del trabajo. No recuerdo exactamente, pero creo que fue el martes 29 de abril. Los muchachos del campamento me informaron que se estaba yendo. Cuando fui a buscarlo, ya no estaba. Lo llamé y me contestó diciendo que se estaba retirando, luego cortó la llamada”, agregó Cueva Rojas.

El ‘Técnico’ fue sentenciado a 8 años de prisión

Según información oficial de la PNP, esta no es la primera vez que el ‘Técnico’ enfrenta problemas con la justicia, ya que enero del presente año, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz informó que tanto él como Edulfo Alejandro Peche Bazán fueron sentenciados a ocho años de prisión por poseer un fusil de largo alcance sin el permiso correspondiente.

Las investigaciones también revelaron que ambos estaban reclutando «gente que tenga un fierro largo» por encargo de mineros que buscaban seguridad armada para sus operaciones.

Reclutaba a personal para enfrentar a delincuentes armados en Pataz

En otro momento de la diligencia judicial, Cueva Rojas enfatizó que José Lozano reclutaba a hombres mayores de 21 años para enfrentar a los «parqueros», delincuentes armados con dinamita y armas de fuego, dedicados al robo de minerales y al control de cuadrantes mineros.

El empresario relató que, en la madrugada del 27 de abril, su capataz, Miller Chayo Lizarde Soto, le informó que unos «parqueros» habían detonado dinamita en la entrada de una mina ubicada en el nivel 2410, bloqueando el acceso y dejando atrapados a 13 trabajadores.

Desde este viernes 9 de mayo rige el toque de queda en Pataz, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, tal como lo establece el Decreto Supremo N.° 060-2025-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano y que prorroga el estado de emergencia en dicha provincia liberteña por 30 días calendario, período en el cual las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Durante la vigencia del Decreto Supremo N.° 060-2025-PCM, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

“Es imperativo devolver la tranquilidad a Pataz, azotada por la violencia derivada de la minería ilegal. Por esa razón el Gobierno nacional ha dispuesto la extensión del estado de emergencia en la provincia y ha incluido medidas adicionales y extraordinarias orientadas a hacer frente al accionar de grupos hostiles que han derramado la sangre de peruanos inocentes”, sostuvo el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

La norma indica que está exceptuado de la inmovilización social obligatoria el personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud, así como enla continuidad de los servicios de agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas.

Durante el toque de queda se permite la atención en farmacias y boticas, y el desplazamiento peatonal o en vehículo particular de aquellas personas que requieren atención médica urgente o necesiten adquirir medicamentos.

Suspensión de actividad minera

El decreto supremo dispone también la suspensión del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito para el desarrollo de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba.

Según la norma, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asume el Comando Unificado en la provincia de Pataz, el cual deberá informar a los titulares de los ministerios de Defensa e Interior, dentro de los cinco días posteriores al término del estado de emergencia prorrogado, las acciones realizadas durante la extensión del régimen de excepción y los resultados obtenidos.