El Poder Judicial decidió prolongar por 18 meses la prisión preventiva que enfrenta el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, a raíz del autogolpe que orquestó en diciembre de 2022, cuando fue destituido.

El fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, hecho público este jueves, revocó la resolución de primera instancia que había ampliado la medida coercitiva por 14 meses. El tribunal argumentó que la subsistencia del peligro de fuga justifica la prolongación de la prisión preventiva.

Según el documento, este riesgo es aún mayor, dado que el proceso judicial contra Castillo “tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable”. El exmandatario se encuentra recluido en el penal de Barbadillo desde el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.

Por esa decisión, el Congreso decidió su destitución y, posteriormente, el arresto por su propia escolta. Adicionalmente, pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.

La resolución señala que, aunque Castillo ejercía el cargo de presidente y previamente era docente de primaria, con domicilio familiar estable, existió una “voluntad clara” de huir del país y acceder a la Embajada de México, a pesar de que días atrás el exgobernante mostró un documento en que la sede diplomática aseguraba que no le dio asilo.

“El contenido de la constancia […] no es determinante. En efecto, la forma y circunstancias de la detención en flagrancia […] confirma esta voluntad de alejarse de la justicia penal, más allá de que, tras la detención y prisión preventiva, se indique oficialmente que no se recibió solicitud de asilo por el propio encausado,” se lee en el fallo.

“Lo expuesto permite inferir razonablemente la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable. El recurso defensivo, en este extremo, debe desestimarse. Corresponde prolongar la medida de prisión preventiva”, añade.

El proceso judicial por el autogolpe de Estado se encuentra en la etapa de control de acusación, periodo en el que el juez Juan Carlos Checkley analiza la acusación fiscal y los argumentos de la defensa, para decidir si el caso avanza a juicio. Por este caso, la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para el expresidente.

Además, ha pedido 25 años de prisión para la ex primera ministra Betssy Chávez, los exministros Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas, y los oficiales de la Policía Nacional (PNP), Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, todos presuntos partícipes en el fallido autogolpe. El expremier Aníbal Torres, en tanto, afronta un pedido de 15 años de pena privativa de libertad por rebelión.

Red de corrupción

Independientemente de la decisión de la Corte Suprema, Castillo hubiera seguido tras las rejas por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su Gobierno. El fiscal supremo Helder Terán proyectó una pena de más de 31 años de cárcel para el exgobernante, a quien se le imputan cargos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, con la condena total estimada de 18 años y 4 meses por organización criminal, 6 años y 8 meses por tráfico de influencias y 6 años y 4 meses por colusión.

La investigación también implica a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes se ha solicitado prisión preventiva. El expediente abarca presuntas irregularidades en las obras del Puente Tarata II, en San Martín, y otros supuestos casos de corrupción relacionados con Petroperú y el Ministerio de Vivienda.

En un fallo reciente, este 10 de julio, el Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación presentado por Pedro Castillo Terrones contra el auto de primera instancia que había desestimado su solicitud de tutela de derechos. Esta decisión es parte del procedimiento de investigación preparatoria seguido en su contra por varios delitos graves, incluyendo rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, en perjuicio del Estado y la sociedad.

Como se recuerda, el expresidente fue arrestado tras una intervención policial, realizada el pasado 7 de diciembre de 2022. Durante este procedimiento se le incautó documentos y otros elementos considerados pruebas por las autoridades. Luego de su detención, Castillo presentó una solicitud de tutela de derechos con el objetivo de que se excluya el acta de intervención policial de esa fecha, argumentando que se vulneraron sus derechos durante el procedimiento.

Tras ello, el 2 de octubre de 2023, la solicitud de tutela de derechos del exmandatario fue rechazada en primera instancia, considerando que no se habían vulnerado sus derechos fundamentales en el proceso de intervención policial.

Ante esta decisión, el recurso de apelación interpuesto por Castillo fue examinado por la Corte Suprema, que finalmente decidió confirmar la decisión de la primera instancia. En consecuencia, el Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la validez de la intervención y las pruebas obtenidas.

Asimismo, se ordenó enviar esta decisión al órgano jurisdiccional de origen, para que sigan los pasos legales necesarios. De igual forma, la resolución deberá ser registrada, informada de inmediato a las partes involucradas y publicada en la página web del Poder Judicial para asegurar transparencia y acceso a la información.

Con la confirmación del rechazo de la tutela de derechos, el proceso de investigación preparatoria contra Pedro Castillo y otros implicados continuará su curso. La Fiscalía seguirá recopilando y presentando pruebas en apoyo de las acusaciones de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. La defensa de Castillo, por su parte, deberá ajustar su estrategia en función de este nuevo contexto legal.

Acusaciones Contra Pedro Castillo

El exmandatario enfrenta una serie de acusaciones que incluyen delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Estas acusaciones se relacionan con eventos que tuvieron lugar durante su mandato presidencial y su posterior destitución. La Fiscalía sostiene que Castillo intentó llevar a cabo un golpe de Estado y perturbó gravemente el orden público, poniendo en riesgo la estabilidad del país.

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta de la República, se refirió a la situación legal por la que atraviesa el exjefe de Estado Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo prisión preventiva por el presunto delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El letrado, en entrevista con Canal N, consideró que «en estos momentos» no debería estar ejerciendo la defensa técnica de Dina Boluarte, debido a que, a su consideración, Pedro Castillo debería encontrarse al mando del Poder Ejecutivo. Recalcó que al exmandatario no se le debió investigar durante el ejercicio de sus funciones, pero las resoluciones emitidas por el Poder Judicial permitieron las pesquisas que lleva a cabo el Ministerio Público.

«Yo no debería ser abogado en este momento, en esta condición. Hay que ser coherente en la vida, principalmente en el ejercicio de la abogacía penal. Incluso he sostenido con el expresidente Pedro Castillo que no debió ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Lamentablemente, las resoluciones del juez supremo de investigación preparatoria y la sala penal de apelaciones así lo han resuelto. Sin embargo, no debería estar sentado en la condición de abogado de la presidenta. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo», afirmó el abogado de Dina Boluarte.

Portugal señaló que Castillo Terrones no cometió el delito de rebelión cuando el entonces presidente se dirigió al país mediante un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022 y anunció que disolvería el Congreso de la República. Manifestó que se ha forzado la figura del mencionado término para «perseguir» al también docente de profesión.

«Considero que desde una perspectiva académica, eso no debió ocurrir sino hasta la finalización de su mandato. En mi opinión, es una postura académica (no hubo rebelión) diferente a la que muchos colegas han manifestado. No hubo rebelión dentro de la exactitud o tipicidad que exige el delito de rebelión, y me parece particularmente que se ha forzado esa figura para generar una persecución contra él. Independientemente de si se trata de Castillo, García, Fujimori o cualquier otro», enfatizó.

Castillo sigue negando que existió intento de golpe de Estado

El 5 de julio, el ex presidente Pedro Castillo volvió a comparecer en una audiencia del Poder Judicial. Durante su intervención en la sesión, negó categóricamente haber intentado llevar a cabo un golpe de Estado en diciembre de 2022. Este hecho ocurrió después de que se le viera en TV Perú anunciando la disolución del Congreso, tras el testimonio de Salatiel Marrufo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Castillo Terrones indicó que el 7 de diciembre no intentó fugarse del territorio nacional y que no tomó «un arma» en la mencionada fecha. El exjefe de Estado aseguró que tiene arraigo laboral y domicilio en el país. Subrayó que cuando se trasladaba a la embajada de México fue para poner a buen resguardo a su familia debido a la situación política por la que estaba atravesando.

«Señor magistrado, aquí hay una sola verdad. Yo nunca pretendí fugarme del país y nunca cometí un golpe de Estado. Nunca cogí un arma, solo un documento (…) Cuando tomé la decisión de llevar a la embajada de México a mi familia, fue para ponerla a buen resguardo debido a la situación política que estábamos atravesando. Jamás pasó por mi cabeza la idea de fugarme, señor magistrado», dijo Castillo Terrones.