En diálogo con Exitosa, el abogado internacional, Manuel Cancio Meliá, aseguró que el expresidente de la República, Pedro Castillo, no cometió el delito de rebelión, el pasado el 7 de diciembre de 2022. Según precisó, el exmandatario no llegó a materializar un golpe de Estado. 

«Esa es mi convicción»

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado indicó que ha llegado a dicha conclusión luego de haber realizado el estudio de la jurisprudencia de la propia Corte Suprema del Perú.  Además, indicó que el golpe de Estado «no es un concepto jurídico penal«.

«Esa es mi convicción, mi convicción es que no solamente con argumento de derecho comparado, sino sobre todo estudiando la jurisprudencia de la propia Corte Suprema del Perú, ha de llegarse a la conclusión que en este caso no se ha llegado a cometer el delito de rebelión», dijo a nuestro medio.

De tal modo, Cancio llegó a la conclusión de que lo presentado aquel 7 de diciembre del 2022, fue una «improvisación» por parte del expresidente Castillo. Según precisó, efectivamente el discurso de Castillo fue inconstitucional, sin embargo, el derecho penal peruano «no castiga los malos pensamientos, castiga hechos».

Sobre posible tentativa del delito de rebelión

En tal sentido, añadió que no se llegó a concretar ninguna acción sobre el alzamiento de armas por parte de los estamentos armados del Perú; ante ello, concluye que ni siquiera existiría una tentativa del delito de rebelión. 

Cabe mencionar que, su análisis se ha limitado solo respecto al delito de rebelión, por lo que, sobre las responsabilidades de otras conductas de Castillo, no tendría una determinación. «La acusación (por el delito de rebelión) carece de sustento«, añadió.

«La ley en el Perú, respecto al delito de rebelión, lo que dice es que el delito de rebelión consiste en alzarse en armas, eso ni se intentó, ni se hizo, ni siquiera se conspiró para ello», argumentó Manuel Cancio.

Como se recuerda, durante su juicio oral, el expresidente Pedro Castillo Terrones ha sido constante rechazar los cargos que le imputa el Ministerio Público, argumentando que el Congreso de la República nunca fue disuelto como tal. 

De esta manera, el abogado internacional, Manuel Cancio Meliá, aseguró que el expresidente Pedro Castillo no cometió un delito de rebelión el pasado el 7 de diciembre de 2022 y señaló que el exmandatario no llegó a materializar un golpe de Estado.

En la sesión 52 del juicio que enfrenta por el fallido golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo sorprendió al invocar a mandatarios de la región para unirse en una «guerra» contra la corrupción y la delincuencia. «Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil, de una vez vamos a la guerra. Pero a la guerra para terminar con la delincuencia, corrupción», declaró desde el penal de Barbadillo, en el que cumple prisión preventiva.

Asimismo, Castillo reiteró que es inocente y que no se ha probado el delito que se le imputa. «Hasta el momento no se me encuentra el delito que se me imputa; simplemente decirles que soy un presidente secuestrado, un presidente que empezó a impulsar el desarrollo de miles de compatriotas», afirmó.

El exmandatario también arremetió contra sus detractores, a quienes llamó «falsos patriotas con mapa en mano, sin autoridad moral como líderes que vendieron armas a la FARC de Colombia», y recordó además que «encontraron droga en el avión presidencial».

Incluso, mientras la jueza Norma Carbajal le ordenaba que terminara su alocución porque ese solo era el momento de su presentación, cuestionó el vínculo de las autoridades con la ciudadanía por los rechazos que les cuando visitan su localdad. «El pueblo no recibe a sus autoridades en una plaza», sentenció.

Pedro Castillo: Fiscalía presentó denuncia constitucional por caso ‘Los niños’

El Ministerio Público, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el exmandatario Pedro Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

De acuerdo la tesis de la Fiscalía, Castillo habría liderado una organización criminal con la ayuda de legisladores y otros funcionarios para poder reunir votos congresales a cambio de algunos beneficios.

Además, se encuentran involucrados congresistas del partido Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’, entre ellos Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero y Carlos Zeballos, a quienes se les imputa haber cometido delitos como organización criminal, tráfico de influencias o cohecho pasivo impropio. También figuran Karol Paredes y Carlos Alva, por presunta participación en organización criminal.

La Fiscalía de la Nación presentó este viernes una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo y 24 parlamentarios por supuestamente haber integrado una red criminal encargada de negociar votos en el Parlamento a cambio de licitaciones y contrataciones públicas en ministerios y organizaciones estatales.

La denuncia fue presentada a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Castillo Terrones fue el líder de una red criminal presuntamente compuesta por 15 congresistas de Acción Popular, denominados ‘Los Niños’, y nueve de las bancada izquierdista de Perú Libre y del extinto Bloque Magisterial.

La denuncia constitucional también alcanza a sus exministros, como el prófugo Juan Silva, titular de Transportes y Comunicaciones; Jorge Luis Prado, exministro de la Producción; y Betssy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros y titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La Fiscalía imputa a Silva el delito de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, mientras que a Prado le atribuye organización criminal y negociación incompatible, y a Chávez se le acusa de negociación incompatible.

¿Cómo habría operado la red presuntamente liderada por Castillo?

Según la investigación, la supuesta red negociaba votos parlamentarios a cambio de direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Producción, así como en organismos descentralizados como la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional y la Empresa Nacional de Puertos.

Cabe precisar que, a raíz de este caso y otros de presunta corrupción denunciados desde el inicio de su gobierno, Castillo Terrones afrontó una tercera moción de vacancia ante el Congreso y debía exponer su defensa ante el pleno el 7 de diciembre de 2022. No obstante, el exmandatario optó por anunciar el cierre arbitrario del Parlamento.
Horas después de su anuncio, el profesor chotano fue destituido del cargo y reemplazado por su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.

Actualmente, Castillo es enjuiciado por la presunta comisión del delito de rebelión por su fallido golpe de Estado, por el que la Fiscalía pide que sea condenado a 34 años de cárcel, mientras que también solicita que se impongan 25 años de prisión a Chávez. 

El Congreso busca impedir que el expresidente Pedro Castillo postule en las elecciones generales del 2026. La Comisión Permanente aprobó este miércoles declarar procedente dos denuncias constitucionales contra el exmandatario con el objetivo de inhabilitarlo de ejercer cargos públicos, justo cuando hay un proceso electoral en marcha.

Las dos denuncias constitucionales que fueron declaradas procedentes son por el supuesto intento de intervenir la Derrama Magisterial y el uso de la Fuerza Aérea para favorecer a sus familiares.

Avanza juicio político contra Pedro Castillo

Con esta decisión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) tiene 15 días para avanzar la investigación y presentar un informe final que resuelva la inhabilitación de Pedro Castillo.

La primera acusación constitucional, referida a la intervención de la Derrama Magisterial, fue presentada por el congresista de Podemos Perú, Juan Burgos. La Comisión Permanente la declaró procedente con 17 votos a favor, 8 en contra y una abstención.

La segunda denuncia constitucional, respecto al presunto uso irregular de los vuelos de la FF.AA para beneficio de sus sobrinos y familiares, fue interpuesta por el congresista no agrupado Edward Málaga. La Comisión Permanente la declaró procedente con 15 votos a favor, 13 en contra y una abstención.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), María Acuña, deberá elegir a dos delegados que se hagan cargo de elaborar los informes finales de las dos investigaciones contra Pedro Castillo.

Congreso pretende vengarse de Pedro Castillo

El Congreso ha demostrado que cuando se trata de desplazar a sus potenciales rivales políticos y electorales, pisa el acelerador. Sucedió con el expresidente Martín Vizcarra, quien busca ser candidato presidencial, pero lo han inhabilitado tres veces de la función pública.

Similar panorama afronta Castillo. En un contexto en que agrupaciones de izquierda, como Juntos por el Perú y el Nuevo Perú, buscan conformar una alianza electoral con él, el Congreso acelerar dos denuncias constitucionales que puedan terminar inhabilitándolo de la función pública y, por ende, de ser candidato en las elecciones generales del 2026.