El Gobierno declaró el estado de emergencia, por 60 días calendario, en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir a las organizaciones criminales que dirigen sus actividades ilícitas desde las cárceles hacia el exterior.
La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, comprende los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), y Trujillo Varones (La Libertad), así como sus perímetros exteriores hasta un radio de 200 metros.
En estos establecimientos, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En el perímetro establecido se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, explicó que la declaratoria permitirá implementar medidas destinadas a restablecer el orden y mejorar la gestión penitenciaria, entre ellas labores de inteligencia al interior de los penales, una adecuada distribución de los internos según los delitos cometidos y un sistema de beneficios penitenciarios diferenciados.
“Lo fundamental no serán exclusivamente las intervenciones, como requisas, que tradicionalmente se han efectuado para dar imagen de eficiencia. Lo fundamental en este momento es la labor de inteligencia al interior de los penales”, señaló en TV Perú.
Sostuvo que será necesario conocer lo que ocurre dentro de las prisiones para identificar tanto a los funcionarios que cumplen adecuadamente su labor como a quienes incurren en malas prácticas. Para ello, se integrará la inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) con la de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El objetivo, dijo, es evitar que los penales se conviertan en “universidades del delito” y establecer condiciones que permitan su transformación en verdaderos centros de rehabilitación.
Álvarez Miranda anunció también una redistribución de los internos para evitar que personas de diferente nivel de peligrosidad compartan los mismos espacios. “No es posible que dentro de un penal […] convivan presos de alta peligrosidad, que han cometido delitos con ferocidad con una banda criminal, (…) con personas que no han cometido hechos de sangre”, afirmó.
Beneficios penitenciarios
Asimismo, detalló que los beneficios penitenciarios serán diferenciados de acuerdo con el delito, la peligrosidad y la conducta del interno. En el caso de integrantes de organizaciones criminales cuyos miembros continúen cometiendo delitos, estos beneficios podrán ser suspendidos temporalmente.
La norma establece, además, que la PNP, con apoyo de las FF. AA., garantizará la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de los penales. Se realizarán controles de acceso, labores de inteligencia y operativos permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el GOES del Inpe.
Los cinco penales focalizados albergan cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales. El Ejecutivo busca recuperar el control de estos establecimientos y contribuir a la seguridad ciudadana.
Durante la emergencia se garantizará el respeto a los derechos a la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, aseveró que el Gobierno continuará adoptando medidas contra la inseguridad mientras espera la aprobación de la solicitud de facultades legislativas.
Inspección
El Ministerio de Defensa inició el reconocimiento de las zonas perimetrales externas de los establecimientos penitenciarios declarados en emergencia, como parte de las medidas dispuestas por el Ejecutivo para fortalecer la seguridad frente a las organizaciones criminales.
En Trujillo, el viceministro de Recursos para la Defensa, Darwin Eufracio León, realizó una inspección de campo en el exterior del penal Trujillo Varones El Milagro. Durante la jornada se efectuaron mediciones y se identificó el espacio donde se instalará un retén militar.
Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en el control y protección del perímetro exterior hasta un radio de 200 metros.
