La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Sullana abrió este domingo una investigación preliminar contra la empresa Petroperu por la presunta comisión del delito de Contaminación del Ambiente. Esto debido al derrame de crudo de la playa Las Capullanas, distrito de Lobitos, Talara.
Personal del Ministerio Público acudió a la zona del derrame para verificar los trabajos de limpieza. La Fiscal Silvia del Carmen Neyra Herrera fue la encargada de liderar dicha labor y verificó, junto a otras autoridades, la contaminación en la zona.
Fueron los ciudadanos del norte del país quienes reportaron ayer del derrame de petróleo y los daños ocasionados a la biodiversidad. En un comunicado, la Municipalidad Distrital de Lobitos detalló que varias especies, como cangrejos y pulpos, están «cubiertos de crudo».
Empresa se pronuncia
Por otro lado, la empresa Petroperú informó que, tras detectar a las 9:00 a. m de la presencia de hidrocarburos en la playa Las Capullanas, situada a 10 kilómetros al norte de la refinería Talara, personal de la compañía desplegó un equipo de contingencia y limpieza para atender dicha situación.
La compañía señaló que este problema se dio durante maniobras previas al embarque de hidrocarburos en el buque Polyaigos, en el terminal submarino de la refinería Talara.
Un reportaje denunció que sicarios, traficantes de armas y hasta reos en cárcel figuran en el padrón único de afectados por el derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022 en el mar de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.
Según el programa Panorama, personas que no están relacionadas con la actividad pesquera y el turismo han cobraron indemnizaciones que van desde los 68 000 soles hasta los 97 000.
Por ejemplo, Aljemiro Sobrado Meza, acusado de tráfico de armas, es uno de los beneficiarios de la compensación otorgada por la empresa petrolera Repsol, responsable del desastre ecológico. El chofer de combi de 57 años, de acuerdo con la investigación periodística, fue indemnizado con 97 500 soles.
“También tenemos conocimiento de que hay personas en el extranjero que están en esa lista y han cobrado un platal. Es lamentable que tantísimas personas que no tienen absolutamente nada que ver con el mar, la pesca o un negocio [reciban esta compensación]. Sin embargo, los verdaderos damnificados no estamos en el padrón”, contó con malestar la presidenta de la Asociación Independientes de Chancay, Inés Ramírez Arias.
Más delincuentes beneficiados
No es la única irregularidad, pues Juan Sulca Atencia (alias ‘Calata’), conocido como el rey de las extorsiones y sicariatos en Ventanilla, también forma parte de la nómina. Este sujeto que actualmente purga prisión en el penal de Sarita Colonia fue resarcido con la ingente suma de 68 000 soles.
“No lo puedo creer. Cómo es posible que las autoridades no hayan podido comprobar que esto estaba suscitando, cuando realmente aquí muchas personas exigimos justicia para se incluidos en un padrón único. Las autoridades han debido de verificar si realmente eran los damnificados”, cuestionó indignada Zoila Cuba, representante de Ganaderos de Sector Humedales de Chancay.
En el documento de damnificados se encuentran también presos sentenciados, como Jairo Castilla Vargas, quien desde abril de 2019 permanece recluido en el centro penitenciario de Ancón, tras participar con Anderzón Paez Cordero en el crimen del policía Willi Lozano Ruiz en Ventanilla. Ambos, detalló el dominical, ya fueron compensados con 65 000 y 97 500 soles, respectivamente.
De acuerdo con el portal de Transparencia del Estado, el padrón único ha sido elaborado por la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Lima Metropolitana y Callao, con la información suministrada por las municipalidades distritales de Ancón, Aucallama, Chancay, Santa Rosa y Ventanilla. Sin embargo, el coronel EP Pedro Diaz, titular de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), deslindó cualquier error.
«No es nuestra responsabilidad. Nosotros hemos dado la asistencia técnica a cada una de las oficinas de Defensa Civil de los distritos afectados, tanto a Ventanilla, Ancón y Santa Rosa. Lo que nosotros subimos fue la data correcta. Lo que se depuró han sido casos de gente que se duplicaba o que tuvieron mal llenados los DNI”, explicó.
No obstante, Fernando Saavedra, exsubgerente de Defensa Civil de Ventanilla, sostuvo que «la elaboración del padrón estaba a cargo de los mismos pescadores» y que Indeci era «el responsable y encargado de aplicar los filtros finales».
A dos años del derrame de petróleo en el Perú, el bufete internacional de abogados Pogust Goodhead indica a Infobae que han revisado las condiciones bajo las cuales Repsol afirma haber “compensado” a las víctimas, y creen que ello no constituye una reparación real. Conoce en esta entrevista los pormenores de la demanda.
En entrevista con Infobae Perú, Tom Goodhead, director de la firma británica de abogados Pogust Goodhead— la cual recientemente presentó una demanda millonaria contra la gigantesca Repsol en La Haya (Holanda) por el derrame de petróleo en las costas peruanas—, afirma que los acuerdos gestados entre la multinacional y las víctimas no han sido adecuados ni justos.
La base de esta demanda por más de US$1.000 millones representa a más de 34.000 peruanos, y de acuerdo con Tom Goodhead, es la primera vez que trabajan en un caso de esta magnitud en el Perú. El objetivo de llevar el litigio en Países Bajos, señala, es para garantizar que “las grandes corporaciones no puedan pisotear las vidas y los derechos de las personas vulnerables sin que hayan consecuencias”.
El pasado miércoles 10 de enero, Stichting Environment and Fundamental Rights (SEFR), una organización sin fines de lucro de Países Bajos, demandó a la empresa Repsol por originar el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla en el 2022. Este documento se presentó ante una corte de La Haya en los Países Bajos y reúne a más de 34.000 ciudadanos de las zonas de Ancón, Aucallama, Chancay, Huacho, Santa Rosa y Ventanilla que se vieron perjudicados por la negligencia de la petrolera.
Pogust Goodhead, bufete que asumirá la defensa de SEFR, señaló en una nota de prensa que la primera audiencia está programada para junio, en la cual se determinará si la demanda procede en la jurisdicción de la corte de La Haya.
“Nuestro objetivo es que todos los afectados por esta catástrofe reciban una compensación justa por el daño que Repsol les causó. Le vamos a mostrar al mundo lo que esta empresa hizo en Perú”, indicó Tom Goodhead, socio y CEO global de PG, quien estima que el monto de la demanda supere los 1.000 millones de dólares.
Esta demanda legal se ha interpuesto en los Países Bajos debido a que la empresa Repsol Perú V.B. está registrada fiscalmente en este país. Al tratarse de un tribunal internacional, se aplicarán estándares ambientales a nivel global, lo que sugiere que las compensaciones para las víctimas podrían ser más completas y cuantiosas que las obtenibles a través de una demanda local.
Los afectados, pescadores, vendedores informales y pequeños comercios que perdieron ingresos debido al derrame, se unieron a la demanda mediante la firma en centros de inscripción ubicados en los distritos de Ancón, Chancay y Ventanilla entre noviembre del año pasado y enero de este año.
Repsol, derrame de petróleo Ventanilla. Foto: Gianella Aguirre/LR
Asimismo, T. Goodhead, líder del bufete, destaca su experiencia en casos similares, como la victoria en 2022 en la fase jurisdiccional a favor de más de 700.000 víctimas del desastre de la presa Mariana, la mayor catástrofe ambiental de Brasil, enfrentando a BHP, la compañía minera más grande del mundo, en las cortes de Inglaterra y Gales. También logró un acuerdo en 2022 con Volkswagen por 193 millones de libras esterlinas en beneficio de usuarios afectados por la manipulación de indicadores de emisiones de carbono de sus vehículos.
Por ello, el bufete espera que la empresa opte por una conciliación con las víctimas para evitar un proceso de litigación prolongado y costoso. En caso de litigio, estima que el proceso podría tomar entre dos y tres años, y PG representará los intereses de todos los demandantes.
Respuesta de Repsol sobre demanda
Mediante un comunicado de prensa, Repsol señala que se encuentra revisando la demando puesta en la corte de La Haya de Países Bajos, aunque no están de acuerdo con dicha acusación internacional.
«Consideramos que esta demanda judicial no tiene fundamento. Dicho esto, reiteramos que Refinería La Pampilla es respetuosa del derecho que tienen las personas de acudir al sistema de justicia cuando lo consideren necesario. Sin embargo, de acuerdo con experiencias similares, consideramos que este caso debe ser abordado en el Perú»
Asimismo, resaltaron que la empresa ha destinado más de 1.000 millones de soles para la limpieza, remediación y compensaciones a los afectados. En la misma línea, acotaron que hace tiempo las condiciones del mar ya se encuentran con los estándares ambientales que dicta el estado peruano.
Reportes ambientales señalan que mar dañado por Repsol aún no es óptimo
A pesar de que la empresa petrolera indique que las condiciones del mar peruano, que fue dañado en el 2022, son óptimas, Ministerio de Salud, respaldadao por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), ratificó que los daños continúan en 25 playas, por lo que instó a las autoridades de los distritos afectados a tomar medidas para evitar que los bañistas acudan a estos lugares.
De la misma forma, un documento publicado por el Instituto del Mar Peruano (Imarpe), con base en una evaluación realizada en junio del 2023, indica que aún no se recuperan las condiciones adecuadas en la costa para reanudar la pesca artesanal.
Iniciado el octavo mes del año se encendieron las alarmas de contaminación de nuestro mar a raíz de las evidencias de un probable derramamiento de petróleo en Ventanilla, particularmente en la playa Los delfines donde la propia población mostró evidencias de que en toda esa zona se podía observar manchas de crudo de petróleo.
La situación resulta preocupante por varias razones, Lo cierto es que las imágenes que se mostraron en las redes sociales y en la televisión nacional eran elocuentes por si solas, manchas negras notorias que no podía ser otra cosa que hidrocarburo y que la gente inmediatamente asoció con el derrame del año pasado donde se estableció que el causante fue la empresa REPSOL.
Se recuerda que el manto negro del crudo de petróleo alcanzó las playas de Chacra y Mar, el Cascajo, el Puerto de Chancay, Chorrillos, Huacho y Barranca, se obligó al cierre de las playas afectadas y a pedir que la empresa pueda indemnizar todos los afectados, lamentablemente REPSOL no ha terminado de cumplir con todo lo prometido.
En el caso del derramamiento comprobado del año 2022,los miles de afectados no han sido resarcidos económicamente, particularmente los pescadores que además han tenido que paralizar sus labores y lo otro es que REPSOL ha comunicado a la población que esta empresa no tiene nada que ver con las evidencias encontradas en los últimos días, así las cosas resulta raro que algunos funcionarios de la OEFA y otras entidades afines mantienen un silencio cómplice en favor de REPSOL y que se pretendan hacer los locos ante una situación que podría empeorar.
Es cierto que a la fecha no se tiene muy en claro la afectación, pero recién se podría decir que la transnacional tenía mayores inconvenientes, sin embargo, a la corta o a la larga la contaminación llegará y eso permitirá que nuevamente nuestras playas vuelvan a quedarse desiertas, sin pescadores, sin comerciantes, etc.
La población y las organizaciones tutelares debe monitorear en todo tiempo la condición de las aguas y las playas de nuestro litoral… salvemos lo que es nuestro, cueste lo que cueste.
La Comisión de Salud, Saneamiento Ambiental y Ecología, encabezada por los regidores Miguel Ángel Javier Chero y Silvia Dorador, inspeccionaron esta mañana las playas de Aucallama y Chancay ante la alerta de la presencia de petróleo en el litoral provincial.
«Se pudo apreciar una gran presencia de hidrocarburo en todo el litoral de Aucallama y Chancay, lo que es muy preocupante. Ahora tendremos una reunión con el alcalde para coordinar las acciones que realizaremos en adelante», subrayó el regidor Miguel Ángel Javier Chero en declaraciones a la prensa.
Asimismo, señaló que un gran número de pescadores están siendo perjudicados con esta situación y, lamentó el retroceso que esto va a significar. Indicó además, que hace unas semanas se habían realizado reuniones con empresarios turísticos y gastronómicos aucallaminos para la reactivación económica y ahora nuevamente se retrocede.
Finalmente, invocó a la unión de todas las instituciones involucradas del sector salud y ambiental para tomar las acciones y ver la forma en que se pueda ayudar a los pobladores de la provincia, afectados con esta situación.
ENFOQUE REAL 