Una ciudadana de nacionalidad dominicana, identificada como Joani Rosal Soto, de 45 años, fue intervenida cuando intentaba salir del país rumbo a Madrid con un carnet de residencia español falsificado. El hecho ocurrió el pasado 20 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando personal de migraciones, en coordinación con la Policía Nacional, fue alertado del incidente.

“Surge la sospecha en el check-in, al momento de ir a dejar el equipaje con la aerolínea. Nos pide a nosotros el apoyo y ahí acudimos. Lo que la señora tenía era un documento de residencia española adulterado. Con ese documento, ella trataba de ingresar a España. Recordemos que para un ciudadano dominicano, ingresar a un territorio de la comunidad Schengen, y básicamente a España, requiere de su pasaporte y una visa”, señaló personal del Ministerio del Interior para Panamericana.

PNP no descarta que mafias operen vendiendo documentos falsificados

La mujer fue detenida para las diligencias de ley, pero el caso dejó en evidencia la existencia de mafias dedicadas a la falsificación de documentos. “Sabemos que inclusive cobran entre US$5.000 a US$6.000 posiblemente por hacer este tipo de documentos. Hemos tenido casos de pasaportes de países muy cercanos donde cambian la tapa y ponen pasaporte oficial del país, tal y obviamente ya se reconoce”, indicó.

En lo que va del año, agentes de migraciones han denegado el ingreso al Perú a 1.949 ciudadanos extranjeros por distintos motivos migratorios. Desde el 1 de junio, con el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto, se registraron 957 casos de inadmisión. Las causas más frecuentes son por no cumplir con el perfil de turista (50.3%), carecer de visa (22.2%) o pasaporte directo (17.3%), presentar documentación adulterada o falsa (5.1%), así como motivos de seguridad nacional, orden interno y/o público (5.1%). La mayoría provienen de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, China, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Haití, México, República Dominicana y Venezuela.

Integrantes de la banda de Jeff Hidalgo, ‘Cachete’, buscado por ser el brazo derecho del sanguinario Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’, fueron los que asesinaron a balazos al alférez de la Policía Jhordy Escobedo Mori (23) cuando estaba con su enamorada embarazada en una camioneta en Carabayllo, el 23 de octubre.

Así lo estableció la Policía al precisar que los delincuentes intentaron robarle el vehículo, pero el agente los enfrentó para proteger su propiedad y a su pareja.

Máximo López Yllaconza (31), ‘Max’; Alfredo Huaripoma Dávila (27), ‘Gordo Alfredo’; y Kevyn Gamarra Bustamante (33), ‘Maverick’, de ‘Los Malditos de Puente Piedra’, se dedicaban al robo de camionetas de alta gama desde el 2024.

Ambos cayeron los primeros días de noviembre. Ayer, la Policía informó que se busca a Flavio Moreno (26), Pelao’, quien tiene orden de detención preliminar, y a alias ‘Lucho’.

¿Cómo ocurrió el asesinato del policía?

Se estableció que minutos antes del crimen, a diez cuadras, quisieron robarle el carro a un hombre. Al llegar a la avenida San Pedro, donde Escobedo estaba estacionado, ‘Pelao’ le apuntó por adelante desde el lado del conductor, mientras que, por otro lado, desde atrás, ‘Max’ hizo lo mismo. Tenían revólveres. ‘Gordo Alfredo’ iba a conducir la camioneta de concretarse el atraco.

“De acuerdo al análisis en la escena del crimen y trayectoria de los disparos se estableció que fue ‘Max’ el que efectuó los disparos que acabaron con la vida del alférez. Este también hizo disparos”, dijo el jefe de la División de Investigación de Homicidios, coronel Carlos Morales.

Los asesinos huyeron en un Nissan rojo, posteriormente recuperado, y un auto amarillo aún no ubicado. “Ellos obedecen a ‘Cachete’, que tiene investigaciones vinculadas a ‘El Monstruo’. Este grupo realizaba sus acciones ilícitas en Lima Norte”, precisó el coronel.

El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Roger Quispe Aranda, cayó cuatro metros desde una ventana de primer piso mientras acataba una orden de tareas de limpieza en la comisaría de Pamplona II, en el distrito de San Juan de Miraflores. El accidente le ha ocasionado un traumatismo craneoencefálico severo, lo cual impide que realice sus actividades cotidianas con normalidad, ya que la parte derecha de su cuerpo no responde.

Según cuentan los padres del policía, los médicos tuvieron que operar una parte del cerebro a fin de salvarle la vida; sin embargo, ha quedado con secuelas irreversibles por una orden que habría sido dada por la capitán Lisset Quispe, lo cual aún es materia de investigación. «Me dice ‘Mayor’. Él piensa que va a ir a trabajar», sostuvo Reinaldo Quispe, padre del suboficial.

Orden incumple con el reglamento policial

De acuerdo con la Resolución Directoral N.º 541-2016-DIRGEN/EMG PNP, «ningún suboficial de armas PNP deberá ser asignado a cumplir labores ajenas al servicio policial tales como (cocinero, conservador de ambiente, mozo, etc.)». Por ello, la tarea de limpieza de ventanas entra dentro de las actividades prohibidas por dicha norma, según precisa José Palacios, abogado de Roger Quispe.

Pese a ello, el suboficial Roger Quispe se encontraba en el tragaluz de la institución, cumpliendo con la tarea asignada cuando cayó al vacío. De acuerdo a los testimonios recogidos por Cuarto Poder, el efectivo fue asignado a limpiar zócalos, techos, pisos y ventanas, instantes previos al accidente que ha ocasionado que no pueda hablar ni reconocer a sus familiares.

«Está completamente prohibido porque no es la función de un funcionario público, ni de un suboficial (…) él cae después de haber estado limpiando las lunas de la comisaría. Hay mentiras y, a la luz, saldrá la verdad», afirmó Palacios. Asimismo, el dominical intentó comunicarse con la capitán Lisset Quispe para obtener su versión de los hechos. «El caso está siendo investigado y está bien porque así veremos cómo sucedieron los hechos», sostuvo antes de cortar la llamada.

El reclamo de los familiares del policía

Los padres de Roger Quispe señalaron que, inicialmente, se les informó que el accidente fue causado por un choque vehicular. Asimismo, aseguraron que no recibieron un apoyo logístico ni asistencia oficial para cubrir los tratamientos médicos.

Hilda Aranda, madre del suboficial, solicitó la ayuda del Ministerio del Interior, ya que su hijo requiere de una placa de titanio. Asimismo, la familia ha presentado la denuncia, la cual está a cargo de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores.