Poder Judicial: propietarios que alquilen su inmueble a delincuentes podrían ir presos por ‘complicidad’

El Poder Judicial ha informado que las casas alquiladas a delincuentes serán decomisadas y los propietarios de dichas viviendas podrían ser condenados por ser considerados cómplices si se demuestra que tenían conocimiento de la realización de hechos ilícitos en esos domicilios.

La entidad estatal precisó que algunos delitos más graves que podría abarcar esta situación son secuestros, lavado de activos o trata de personas, por lo que los propietarios serán denunciados y condenados como cómplices por una pena igual a la del autor o de los autores del delito.

Durante el 2023, los casos de secuestros en departamentos en diversos distritos de Lima Metropolitana fueron en aumento, por lo que desde el Estado buscan revertir esos altos índices de criminalidad en la capital.

“En el caso de la reparación civil, el sujeto tiene la obligación de reparar el daño que ocasionó al cometer el delito de secuestro y, por lo tanto, esta persona que ha sido víctima del secuestro debe ser indemnizada con el pago de una reparación civil”, dijo el juez Juan Rosas Castañeda al diario El Peruano.

El jurista también sugirió a los dueños de viviendas que coloquen cláusulas en el contrato para regular visitas o que puedan dejar constancia de la no permisividad a hechos ilícitos al interior del espacio rentado.

De acuerdo a información policial, existe una tendencia en Lima de que los malhechores alquilen propiedades de lujo en distritos como Miraflores y San Isidro para despistar las investigaciones en su contra sobre presuntos delitos.

¿Qué es el Poder Judicial y cuáles son sus funciones?

El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Su función principal es administrar justicia, es decir, aplicar las leyes para resolver conflictos y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Algunas de las funciones específicas del Poder Judicial son:

  • Interpretar y aplicar la Constitución y las leyes: el Poder Judicial tiene la autoridad para interpretar la Constitución y las leyes y asegurar su cumplimiento en los casos concretos que se presenten ante los tribunales.
  • Resolver conflictos: el Poder Judicial resuelve conflictos entre individuos, organizaciones y entidades públicas, aplicando las leyes pertinentes y buscando una solución justa y equitativa.
  • Proteger los derechos fundamentales: el Poder Judicial protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad, la igualdad y la dignidad humana, garantizando que no sean vulnerados por acciones de otros poderes o de particulares.
  • Controlar la constitucionalidad de las leyes: en algunos sistemas judiciales, el Poder Judicial tiene la facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes, es decir, de determinar si una ley es conforme a la Constitución y, en caso contrario, declararla inconstitucional.
  • Supervisar la actuación de otros poderes: el Poder Judicial también puede tener la función de supervisar la actuación de otros poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo, para garantizar que se ajusten a la Constitución y a las leyes.

En vivo: Poder Judicial evalúa prisión preventiva para Alejandro Toledo por caso Carretera Interoceánica

El Poder Judicial realiza este 20 de marzo la audiencia presencial de variación de comparecencia simple por prisión preventiva del expresidente Alejandro Toledo, por el caso del tramo 4 de la carretera Interoceánica.

La audiencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional inició desde las 11 de la mañana en la sede de la Corte Superior Nacional ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna y según informaron tiene carácter inaplazable.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó que se dicte 36 meses de prisión preventiva al expresidente en este caso.

Investigación

De acuerdo con las investigaciones de Fiscalía, el exmandatario habría recibido seis millones de dólares como soborno por parte de la constructora brasileña Camargo y Correa para garantizar la adjudicación del tramo 4 de la Carretera Interoceánica.

Esta acusación comprende al expresidente Alejandro Toledo, así como a Avraham Dan On, Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font y Marcos de Moura, en la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión.

APRA rechazó que el Poder Judicial autorizara levantar el secreto de comunicaciones a teléfonos de Alan García

El equipo legal del Partido Aprista Peruano (PAP), en una conferencia de prensa realizada este lunes, rechazó la resolución judicial que autoriza levantar el secreto a las comunicaciones de dos teléfonos celulares incautados por el Ministerio Público en la vivienda del expresidente Alan García, ubicada en el distrito limeño de Miraflores, tras su muerte, el 17 de abril de 2019.

En esa línea, el abogado Erasmo Reyna indicó que presentarán las acciones legales correspondientes para cuestionar la resolución del juez Leodan Cristobal Ayala, quien declaró fundado el requerimiento realizado por el despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez.

Se busca «ventilar públicamente todas las conversaciones de Alan García»

Al respecto, Aurelio Pastor, exministro de Justicia del segundo gobierno de García Pérez, consideró «inconstitucional» la medida sobre estos equipos incautados como parte de la investigación preparatoria seguida al exministro aprista Luis Nava y otros, por el caso Metro de Lima vinculado a Odebrecht.

“(Presentaremos) los recursos necesarios para que la Fiscalía entienda que no puede llevarse a cabo y se proteja las conversaciones de carácter político, jurídico y familiar que no competen en absoluto a la investigación que lleva a cabo el señor Domingo Pérez», sostuvo. 

«Acá lo que se está buscando es ventilar públicamente todas las conversaciones de Alan García, y hacer de cada conversación un espectáculo político, donde se va a tratar de involucrar no solamente a políticos, sino también a abogados, familiares, gente del mundo empresarial que tenían comunicación con Alan García porque se trataba de un expresidente», agregó.

El también excongresista señaló que «es ilegal, inconstitucional y sería absolutamente aberrante permitir que a partir de una investigación no motivada para el caso de este teléfono se empiece a hacer una novela por capítulos para distraernos a los peruanos de lo que es realmente la preocupación nacional».

«Hay temas en la agenda nacional que se quiere sacar para poner al centro a la figura de Alan García, a los dirigentes del partido, y a la familia de Alan García, y nosotros no podemos permitir que eso suceda«, puntualizó. 

Razones para ejecutar la medida

Mediante una resolución emitida el último 11 de marzo, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado Cristóbal Ayala precisó que la medida decretada por su despacho es idónea, necesaria y proporcional, al precisar que, si bien el expresidente Alan García fue excluido de esta investigación tras su muerte; con la solicitud presentada, el ente fiscal no busca información penal respecto de la persona fallecida, menos de sus herederos, sino sobre los otros investigados con los que el exmandatario tuvo comunicación en vida con el uso de los equipos incautados “por lo que resulta legítima la solicitud respecto a la intervención de equipos de la persona fallecida”.  

“Los equipos celulares incautados podrían contener elementos de convicción que coadyuven a esclarecer hechos máxime si se investiga presuntos hechos de lavado de activos a través de empresas off shore vinculadas a la empresa Odebrecht y a Faresh Miguel Ayala Herrera”, señaló.

El juez Leodan Cristobal Ayala remarcó que, si bien esta incautación fue realizada por la Fiscalía Provincial de Miraflores, esta instancia dejó expresa constancia de que dichos equipos se encontraban a disposición del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato.

Presidente del PJ pide inhabilitar a jueces que liberen a delincuentes

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, expresó su rechazo por la mala actitud de algunos jueces y fiscales que liberan a delincuentes de manera irregular e hizo un llamado a los congresistas para aprobar una ley que sancione e inhabilite a perpetuidad a estos magistrados.

“Los jueces y fiscales son independientes, pero tienen que responder por eso (liberación irregular de delincuentes). Tiene que haber una figura penal que sancione e inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a esas lacras que solo hacen daño a este país”, manifestó con severidad.

Arévalo admitió que por la decisión de malos jueces la población no cree en los magistrados ni en el Poder Judicial. “Sería bueno que el Parlamento recoja mi voz. No más jueces que liberen asesinos”, reiteró.

Asimismo, aclaró que el Poder Judicial no avala y nunca ha avalado la actitud de esos malos magistrados.

“No sé por qué (toman esa decisión). Quizás invocando de alguna manera perversa su autonomía, su independencia, están liberando a delincuentes”, dijo.

El presidente del Poder Judicial brindó estas declaraciones al participar en la firma del convenio marco interinstitucional entre el titular de la Corte de Cajamarca, Percy Horna León, y el gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara, para el uso de la pulsera de protección contra la violencia de género “Estamos contigo”.

Poder Judicial admitió a trámite demanda de amparo contra la reelección de congresistas y la Bicameralidad

El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo interpuesta contra la reelección de congresistas y la Bicameralidad que aprobó en dos votaciones el Parlamento la semana pasada. Esta medida fue interpuesta por César Benavides Rodrigo, Polidoro Bonilla Sánchez, Germán Chamba Calle, Mickey Alvarez Aguirre y Luis Muro Querevalu, miembros del Frente de Defensa de Lambayeque. 

La acción de amparo argumenta que no se está respetando la decisión de la ciudadanía porque en el referéndum del 2018 se rechazó esas propuestas. Además, exigen que se declare como inaplicable la reforma constitucional que pretende reinstaurar ambas figuras.     

Esta medida va específicamente en contra de la primera votación realizada el 16 de noviembre del año pasado. La Sala Civil de Lambayeque será la encargada de tratar este tema y ya fijó para el 17 de abril la audiencia.

Controversial proyecto

El Pleno del Congreso aprobó la semana pasada, en segunda votación, el retorno a la bicameralidad con 91 votos a favor, 30 en contra y una abstención. Por tratarse de una reforma constitucional, se requerían dos votaciones con resultado a favor por encima de 87 votos en dos legislaturas diferentes y consecutivas, con el fin de aprobarse sin recurrir a un referéndum. La primera votación ocurrió el 16 de noviembre de 2023, votación que alcanzó 93 votos a favor. 

Esta reforma permite que a partir de las próximas elecciones generales se elijan ya no a 130 congresistas como hasta la fecha, sino a 190 parlamentarios que estarán agrupados en dos cámaras, la de senadores con 60 miembros y la de diputados con 130 integrantes. 

La ley de la Bicameralidad introduce 74 cambios en 56 artículos de la carta magna, entre ellos, la figura de la reelección congresal. El texto de la norma señala que para ser senador uno de los requisitos es haber sido congresista o diputado y deja sin efecto el artículo 90-A de la Constitución que establece que los congresistas no pueden ser elegidos por un nuevo periodo de manera inmediata.

Poder Judicial cambia a presidenta de sala que verá juicio contra Keiko Fujimori

La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Poder Judicial cambió a la magistrada que presidía el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, el cual tendrá a cargo el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En este caso, el equipo especial para el Caso Lava Jato solicita una condena de 30 años y 10 meses de cárcel para Keiko Fujimori, sindicada de haber realizado actos de lavado de activos para ocultar aportes de la empresa brasileña Odebrecht en sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.

Según la resolución administrativa N°000141-2024-P-CSNJPE-PJ, publicada el 6 de marzo en el diario oficial El Peruano, la nueva presidenta de este colegiado es Juana Mercedes Cabellero García. La anterior magistrada que lo dirigía, Nayko Techy Coronado Salazar, seguirá integrando este tribunal junto con el juez Max Oliver Vengoa Valdiglesias.

Juana Caballero también fue designada presidenta del Octavo Juzgado Penal Unipersonal Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. En el documento oficial, se indica que la conformación de ambos colegiados se da “de acuerdo al orden de antigüedad de los jueces integrantes” de la Corte Superior Nacional.

Como se conoce, el Ministerio Público asegura que Keiko Fujimori, su exesposo Mark Vito y otros integrantes de la cúpula fujimorista incurrieron en los delitos de lavado de activos y organización criminal. El 1 de julio del 2024 iniciará el juicio oral. La resolución del cambio en la conformación del juzgado fue firmada por la jueza Porfiria Edita Condori Fernández, presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Poder Judicial