El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria -Sede La Molina- aprobó el inicio de un nuevo juicio por corrupción contra Rosa Vásquez Cuadrado, actual gobernadora regional de Lima Provincias, ya condenada en primera instancia por otro caso.

“Peculado doloso, malversación y colusión agravada”, son los cargos que debe enfrentar la aún funcionaria. Esta vez, tiene cinco coacusados y cinco presuntos cómplices.

Pago irregular

Al igual que con los actos que le han valido una condena de nueve años (aún en apelación), los hechos delictivos se habrían cometido en el periodo 2012-2014, cuando Vásquez era alcaldesa de Huarochirí.

Esta vez no se trata de un centro de convenciones, sino del Mercado Municipal de Matucana-Huarochirí, ejecutado bajo la modalidad de administración directa.

Entre los hallazgos de la Fiscalía Anticorrupción, figuran la compra de 1,096 metros cuadrados de cerámicas, de los cuales solo se han encontrado 472 m2.

También se acusa un desvío de pagos que no correspondían a la construcción del mercado, sino al centro cívico de Matucana. Esto incluye una sobrevalorización de la obra, con un perjuicio de 712,813 soles.

Como si fuera poco, hay dos resoluciones diferentes con la misma fecha, y el mismo numero, pero con montos de pago diferentes.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó para el 09 de febrero de 2026 la audiencia pública en la que se evaluará la solicitud de vacancia contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, una decisión que llega en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana y fuertes cuestionamientos a la gestión regional.

Durante la audiencia se escucharán los argumentos a favor y en contra del pedido de vacancia; sin embargo, la expectativa no solo gira en torno al resultado, sino también a si el máximo ente electoral actuará con firmeza e independencia, priorizando el interés público por encima de cualquier cálculo político.

En la región Lima, el caso ha reavivado el malestar ciudadano y la exigencia de autoridades íntegras, capaces de responder a las necesidades urgentes de la población. La audiencia del 09 de febrero no solo definirá el futuro político de Rosa Vásquez Cuadrado, sino que pondrá nuevamente a prueba la credibilidad del JNE y su real compromiso con la lucha contra la corrupción.

La pregunta que recorre las calles de nuestra región es un grito desesperado por justicia: ¿Por qué la Fiscalía y el Poder Judicial parecen avanzar a paso de tortuga cuando se trata de Rosa Vásquez y Santiago Cano? Mientras otros casos se resuelven con una celeridad envidiable, los expedientes de estas autoridades duermen el «sueño de los justos». ¿Es ineficiencia o estamos ante una red de nexos y arreglos bajo la mesa?

La Sombra de los «Intocables» y el Factor Ramón Aldave

Los rumores son cada vez más fuertes. Se especula que las investigaciones por presunta corrupción no avanzan debido a vínculos directos dentro del sistema judicial. En el ojo de la tormenta aparece Ramón Aldave, señalado como el presunto operador en la sombra. Se dice que el caso de «Los Intocables» podría alcanzar no solo a consejeros regionales, sino a la propia gobernadora Rosa Vásquez y a su esposo.

Vásquez, a quien muchos comparan con el estilo político de César Acuña, enfrenta hoy cuestionamientos por el financiamiento de la campaña al Congreso de su esposo. ¿De dónde sale el dinero? La falta de respuesta de la pareja solo alimenta las sospechas de una gestión que parece haber aprendido las peores mañas de la política tradicional.

Santiago Cano: ¿Alcalde o Intocable?

Por otro lado, el alcalde provincial Santiago Cano se jactaría en reuniones privadas de ser «inmune» a la justicia. Allegados a su círculo íntimo sugieren que su modus operandi sería idéntico al de Aldave. Con antecedentes como la cuestionada venta de terrenos en Hornillos durante su primera gestión y sus presuntos nexos en el caso «Los Emperadores del Norte Chico», la pregunta es inevitable: ¿Quién sostiene a Cano? ¿Es respeto institucional o un temor fundado hacia los contactos que el alcalde ostenta en el mundo de lo ajeno?

Un Poder Judicial bajo sospecha

La Contraloría ha emitido informes, existen evidencias y casos documentados, pero la acción fiscal sigue dilatándose. Incluso, la reciente sentencia contra Rosa Vásquez ha sido interpretada por analistas como un «salvavidas» legal para permitirle mantenerse en el cargo, dejando la pelota en la cancha de un Consejo Regional que, según fuentes internas, ya habría sido «alineado» por la pareja regional.

¿Hay arreglos bajo la mesa? ¿Cuánto cuesta el silencio de quienes deben impartir justicia?

Estamos recibiendo información relevante sobre fiscales y jueces que estarían involucrados en estas demoras estratégicas. En los próximos días, revelaremos las pruebas de estos presuntos pactos que mantienen a la región secuestrada por la impunidad.

La salud jurídica e institucional de la Región Lima vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Como es de público conocimiento, Rosa Vásquez Cuadrado, actual presidenta regional, cuenta con una sentencia emitida en diciembre, acompañada de inhabilitación, lo que la incapacita legalmente para continuar en el cargo que, inexplicablemente, aún ostenta, Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha remitido un oficio formal al Consejo Regional, instándolo a actuar conforme a sus competencias, es decir, proceder con la destitución inmediata de la autoridad sentenciada. El mandato es claro: nadie con sentencia e inhabilitación puede gobernar.

En este contexto, el consejero regional Michel Acevedo Valerio, en ejercicio de su rol fiscalizador, presentó una solicitud al presidente del Consejo Regional, Ronald Alberto Soberón Vizcarra, para que convoque a una sesión extraordinaria y se aborde el Oficio N.° 0072-2026 de la Secretaría General del JNE, vinculado al Expediente Judicial N.º 2883-2018 El objetivo del pedido es contundente y legítimo: garantizar la transparencia, el respeto irrestricto al marco legal vigente y el correcto funcionamiento del Gobierno Regional de Lima, en defensa de los intereses de la ciudadanía.

Recordemos que la sentencia está relacionada con el perjuicio de más de un millón de soles a la Municipalidad Provincial de Huarochirí, hecho debidamente acreditado en el expediente judicial de referencia. La impunidad no puede seguir sentándose en el sillón regional.

La decisión no admite dilaciones. El Consejo Regional en pleno debe estar a la altura de las circunstancias históricas, cumplir su rol de fiscalización y control político, y tramitar lo evidente: el retiro del cargo de Rosa Vásquez Cuadrado.

La ciudadanía observa. Estaremos atentos y vigilantes a cada paso, porque la legalidad, la ética pública y la democracia no se negocian.

Fuente: El Yauyinazo Oficial