¡Traición a la niñez! Rosa Vásquez hunde la educación mientras sus consejeros actúan como cómplices de la ruina

Lima Provincias atraviesa su hora más oscura bajo el mando de una gestión que ha decidido que la educación de miles de niños vale menos que una campaña política. Mientras la gobernadora Rosa Vásquez se desvive en blindar los líos judiciales de su entorno y aceitar la maquinaria electoral para su esposo, Ramón Aldave, las escuelas de nuestra región se han convertido en trampas mortales de adobe y olvido.

Una Gobernadora de «Cero en Conducta»

Es indignante, casi criminal, que, tras casi cuatro años en el poder, la gestión de Vásquez no tenga nada que mostrar más que escombros. El informe de la Contraloría 2026 es una bofetada a la realidad que la gobernadora pretende maquillar con propaganda barata.

¿Cómo se puede hablar de «progreso» cuando en Huaral, Huaura, Cañete y Barranca los niños asisten a colegios que no tienen psicólogos, que carecen de agua en los baños y cuyas paredes amenazan con desplomarse sobre sus cabezas? Rosa Vásquez ha demostrado que su única prioridad es el poder familiar, dejando a la deriva la salud mental y la seguridad física de los estudiantes.

Consejeros Regionales: Los «Mudos» de la Plaza de Armas

¿Y qué decir de los consejeros Regionales? Esos personajes que cobran puntualmente para, supuestamente, fiscalizar. Hoy el pueblo los señala como lo que son: un adorno caro en el Consejo Regional. Su labor de fiscalización es un chiste de mal gusto que termina en una foto para el Facebook, estrechando la mano de la gobernadora mientras los techos de los colegios se caen. Son cómplices por omisión, mudos por conveniencia y responsables directos de que Lima Provincias tenga la peor infraestructura educativa de los últimos años. ¿Para eso votamos por ustedes? ¿Para que sean guardaespaldas de la incapacidad?

El Informe del Horror: La Educación en Cuidados Intensivos

Los datos de la Contraloría no mienten, aunque en el GORE Lima intenten esconderlos:

Huaral y Huaura en abandono: Colegios como Señor de la Soledad y Mercedes Indacochea operan en condiciones que insultan la dignidad humana.

Sin seguridad ni futuro: 11 colegios sin certificado de seguridad (ITSE). Están jugando a la «ruleta rusa» con la vida de los niños.

Mobiliario de burla: Alumnos de secundaria usando sillas de inicial. Una imagen que resume perfectamente la «talla» de gestión que tenemos: chica, precaria y ridícula.

¡Basta de Desidia!

La gestión de Rosa Vásquez pasará a la historia como el periodo donde la educación fue canjeada por favores políticos y ambiciones familiares. Mientras ella se preocupa por las encuestas y los procesos judiciales, hay una generación entera que está perdiendo su futuro en aulas miserables.

Los informes de Contraloría los puedes hallar en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/1358284-contraloria-colegios-de-lima-provincias-carecen-de-psicologos-y-presentan-deficiencias-en-infraestructura?fbclid=IwY2xjawQPHjJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE4ZFE2dkZVRkh1ZDZNcWpUc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHikawTs3km2gXZuhVdowO4rQwV2-kn5nX8aiA1aMmETIU4tbXyE6mOz2AeBx_aem_dcnxHe_-qdOxjphqNYphwg

El cinismo de Rosa Vásquez

Por Dante Pacheco

El cinismo de la gobernadora regional no tiene punto de comparación, demostrando una vez más que esta señora no tiene sangre en la cara y que siendo una mentirosa profesional pregona a los cuatro vientos que las autoridades mentirosas debieran ser vacadas.

En una ceremonia pública con motivo de una inauguración en Caqui-Aucallama, Rosa Vásquez con todo el desparpajo del mundo manifestó que las autoridades que les mienten a las personas y que no cumplen con sus promesas debieran ser vacadas. Resulta increíble cómo es que esta autoridad regional habla como si ella siempre hubiese cumplido con sus promesas o que jamás hubiese mentido a la población.

Tenemos que recordarle un caso dramático cuando jugó con los sentimientos de los directivos del colegio “Antonio Graña” y con la comunidad educativa en general al mentirles sobre la construcción de su plantel, los engaño inventando toda una patraña para decirles que la construcción estaría a cargo de una empresa minera bajo la modalidad de obras por impuesto, sin embargo luego se supo que todo fue un montaje, una tremenda mentira cuando la propia empresa minera emitió un pronunciamiento indicando que ellos nunca se comprometieron a ejecutar esa obra. Engañaron a los huandeños y miserablemente jugaron con sus sentimientos, pero aun así ella se llena la boca diciendo que las autoridades mentirosas debieran ser vacadas de sus cargos por lo que decimos que ella tendría que ser una de las primeras, porque esto de Huando no es el único caso de sus tantas mentiras, lanza piedras al cielo sabiendo que tiene trecho de vidrio, pero como su cinismo no tiene límites, nada le interesa aparecer como caradura… Esa es la gobernadora regional.

¿Con qué recursos financia su campaña Ramón Aldave, esposo de la gobernadora Rosa Vásquez?

El candidato de Alianza para el Progreso (APP) con el número 1 al cargo de diputado, Ramón Aldave —esposo de la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez— consignó en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ingresos anuales por un total de 24,000 soles.

De acuerdo con el portal oficial Voto Informado del JNE, el postulante declaró percibir ingresos únicamente del sector público por dicho monto, equivalente a 2,000 soles mensuales, mientras que en el sector privado registró ingresos de 0.00 soles.

Esta información ha generado interrogantes en torno a los recursos que se destinarían para el desarrollo de su campaña electoral, considerando el alcance territorial de la región Lima, que comprende nueve provincias y 128 distritos.

Cabe señalar que, conforme a la normativa electoral, los candidatos deben reportar el financiamiento de sus campañas ante los organismos correspondientes, a fin de garantizar la transparencia en el proceso electoral.

Arturo Uribe y el blindaje a Rosa Vásquez en el Consejo Regional de Lima

En el Consejo Regional de Lima Provincias hay nombres que ya no generan sorpresa, sino indignación. Uno de ellos es Arturo Uribe, expresidente del Consejo Regional y exregidor tres veces por la provincia de Huaura, hoy sindicado como uno de los principales operadores del blindaje descarado a la gobernadora sentenciada Rosa Vásquez.

Uribe no destaca por su trabajo, ni por iniciativas, ni por defender a la población. Destaca por todo lo contrario. Su paso por el Consejo ha estado marcado por ausencias, silencios cómplices y una presencia más frecuente en eventos sociales que en sesiones de fiscalización. No por nada, en los pasillos ya es conocido como el “consejero turista”, ese que aparece cuando conviene y desaparece cuando hay que dar la cara.

Mientras Huaura enfrenta problemas urgentes, Uribe se limita a calentar el asiento, obedecer órdenes y levantar la mano cuando la gobernadora lo necesita. Fiscalización cero, independencia ninguna. Su rol parece claro: blindar, proteger y ejecutar lo que la sentenciada Rosa Vásquez ordene, sin cuestionar y sin importar el daño institucional.

La situación se vuelve aún más turbia con la presencia del exregidor SAÚL SAAVEDRA dentro de su entorno cercano. Un personaje que, pese a los cambios de gestión, sigue incrustado en el poder regional. Nadie explica cómo ni por qué, pero ahí sigue, operando en las sombras junto a Arturo Uribe, según diversas fuentes.

Lo más grave es que no se trata solo de incapacidad o desinterés, sino de presuntos vínculos con asuntos delicados que ya están siendo investigados. Información sensible, testimonios y documentos vienen siendo recopilados y pronto saldrán a la luz, dejando en evidencia lo que hoy muchos prefieren callar.

La ciudadanía debe abrir los ojos. Arturo Uribe no representa a Huaura, representa sus propios intereses y los de quienes hoy están desesperados por aferrarse al poder. Si mañana intenta volver a postular, que nadie diga que no sabía.

José Caico: El consejero que blindó a Rosa Vásquez mientras la salud en Cañete se cae a pedazos

Otro de los consejeros regionales que habría salido a blindar políticamente a la gobernadora regional sentenciada, Rosa Vásquez, es José Caico Fernández, representante de la provincia de Cañete. Su defensa cerrada ha despertado serios cuestionamientos, sobre todo porque no existirían argumentos técnicos ni políticos que expliquen su respaldo “a capa y espada” a una autoridad duramente cuestionada.

Según información proveniente de fuentes consideradas fidedignas, la verdadera razón de este blindaje estaría en el manejo del sector Salud en la provincia de Cañete, el cual de manera irregular estaría siendo controlado por la esposa del propio José Caico Fernández. El hecho resulta aún más grave si se considera que el consejero preside nada menos que la Comisión de Salud del Consejo Regional de Lima Provincias, configurándose un presunto y escandaloso conflicto de intereses.

La figura de José Caico no es ajena a la polémica. El consejero registra antecedentes públicos por haber sido intervenido en presunto estado de ebriedad, para luego darse a la fuga, motivo por el cual fue declarado reo contumaz. Pese a ello, hoy tiene en sus manos la responsabilidad de fiscalizar un sector tan sensible como la salud, mientras la población sufre las consecuencias de su inacción.

Los resultados están a la vista: puestos de salud en condiciones inhabitables, servicios colapsados y un Hospital Regional de Huacho que habría sido convertido en un establecimiento ineficiente, incapaz de responder a las necesidades mínimas de la población. Esta situación mantiene a los ciudadanos de Cañete y de toda la región Lima Provincias en una alarmante precariedad sanitaria.

Fuentes cercanas señalan que esta falta total de fiscalización tendría un trasfondo netamente político. José Caico Fernández buscaría postular nuevamente en las próximas elecciones, presuntamente bajo el paraguas del partido Alianza para el Progreso (APP), el mismo al que pertenece Rosa Vásquez, lo que explicaría su silencio cómplice y su nula acción fiscalizadora.

Además, se ha difundido un discurso desde su entorno que intenta desacreditar las protestas ciudadanas que exigen la salida de Rosa Vásquez, afirmando que estas marchas estarían financiadas con intereses ocultos. La pregunta es inevitable: ¿a qué le teme José Caico? ¿A perder el poder político que habría acumulado durante esta gestión?

De confirmarse las denuncias, José Caico Fernández y Rosa Vásquez serían responsables políticos directos del colapso del sistema de salud regional. Mientras se repite el argumento de que “no hay presupuesto”, la población se pregunta si los recursos estarían siendo desviados a otros fines ajenos al bienestar ciudadano.

Finalmente, información en poder de este medio señala que la esposa del consejero Caico estaría “haciendo y deshaciendo” en el sector Salud de Cañete. Asimismo, se anunciaría la pronta revelación de presuntos actos proselitistas en favor de Ramón Aldave, que incluirían la entrega de dádivas utilizando recursos del propio Gobierno Regional de Lima, hechos que, de comprobarse, configurarían graves delitos.

Consejo Regional de Lima no suspendió ni inhabilitó a sentenciada gobernadora Rosa Vásquez y le permite seguir en el cargo

El Consejo Regional de Lima ha optado por la inacción frente a un hecho gravísimo: Rosa Vásquez Cuadrado, gobernadora regional en funciones, cuenta con una sentencia condenatoria vigente de nueve años por peculado doloso, y aun así continúa ejerciendo el poder sin restricción alguna.

Lejos de asumir su rol fiscalizador y político, el Consejo Regional decidió no suspender ni inhabilitar a la autoridad condenada, escudándose en supuestas limitaciones de competencia y trasladando la responsabilidad al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La decisión no solo resulta cuestionable, sino que evidencia una conducta evasiva. En lugar de actuar con firmeza ante una sentencia judicial, los consejeros regionales optaron por solicitar “opiniones legales” al JNE y al Juzgado de Ate, prolongando una situación que socava la legalidad y normaliza la impunidad. La gobernabilidad regional queda así atrapada en un limbo administrativo que beneficia exclusivamente a la autoridad condenada.

Más preocupante aún es que durante la sesión se intentó instalar la narrativa de que la sentencia habría sido suspendida por el Poder Judicial. Esta versión es falsa. La condena no ha sido suspendida, se encuentra plenamente vigente y produce efectos legales. Por tanto, no existe vacío jurídico alguno que justifique la pasividad del Consejo. El único vacío evidente es el de voluntad política.

Han pasado más de dos meses desde que se dictó la sentencia y, pese a ello, Rosa Vásquez Cuadrado continúa gobernando, firmando documentos, tomando decisiones y administrando recursos públicos. Este escenario no solo representa una afrenta al principio de moralidad pública, sino que envía un mensaje devastador a la ciudadanía: en la práctica, una condena judicial no impide seguir ejerciendo el poder.

El Consejo Regional, al rehuir su responsabilidad, renuncia a su función de control y se convierte en un actor pasivo frente a una crisis ética e institucional. Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones es colocado como última instancia de resolución, en un contexto donde la demora favorece el desgaste de la legalidad y consolida la percepción de que el sistema protege a quienes detentan el poder.

Este caso ya no es solo un problema legal. Es una crisis política, una crisis moral y una muestra alarmante de cómo las instituciones pueden fallar cuando se trata de hacer cumplir la ley a una autoridad electa. La pregunta ya no es si corresponde la inhabilitación, sino cuántas veces más el Estado permitirá que una sentencia sea ignorada sin consecuencias.

La ciudadanía espera una respuesta clara, inmediata y contundente. Cada día de silencio y dilación no es neutral: es una forma de complicidad.