La verdadera responsable del fracaso en seguridad ciudadana es Rosa Vásquez, según cifras oficiales del MEF

Mientras que algunos parásitos periodistas responsabilizan al alcalde Santiago Cano, la verdad es otra: Rosa Vásquez solo destinó S/ 20 mil de un presupuesto superior a los S/ 2,300 millones para seguridad ciudadana en el 2025.

El descaro político en la Región Lima ha llegado a niveles insospechados. Voceros mediáticos al servicio de “La Cholita”, se han dedicado a desviar la verdad, culpando de la inseguridad ciudadana en Huacho al alcalde provincial de Huaura. Pero la realidad es contundente y demuestra quien tiene la verdadera responsabilidad de garantizar políticas y recursos para enfrentar la criminalidad es el Gobierno Regional de Lima, presidido por Rosa Vásquez, y lo ha hecho con negligencia criminal.

De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del MEF, el Gobierno Regional de Lima maneja para este 2025 un presupuesto que supera los S/ 2,366 millones. Sin embargo, para la categoría presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, se destinó apenas S/ 20 mil soles, una cifra ridícula que representa menos del 0.001% del presupuesto total.

Lo más indignante es que esos S/ 20 mil ya fueron ejecutados en su totalidad. Según los reportes oficiales, el GORE Lima certificó, comprometió, devengó y giró esa suma. En otras palabras, para todo un año de lucha contra la delincuencia en una región de más de un millón de habitantes, Rosa Vásquez dispuso menos de lo que cuesta sostener a un subgerente de seguridad ciudadana en su propia sede regional.

La conclusión es ineludible: la inseguridad ciudadana que asfixia a la Región Lima no es consecuencia de falta de dinero, sino de la indolencia, el abandono y la absoluta falta de voluntad política de Rosa Vásquez, quien optó por priorizar otros intereses y dejar a la población a merced de la delincuencia y el sicariato.

Mientras tanto, los operadores mediáticos de la región, en lugar de fiscalizar a la verdadera responsable, se ensañan con las autoridades locales para desviar la atención, tratando de cargarle un muerto que no le corresponde. Lo hacen porque cobran mensualmente jugosos sueldos de la misma gestión que mantiene abandonada la seguridad ciudadana.

Las protestas en contra de Rosa Vásquez son de nunca acabar

Por Dante Pacheco

Sin vergüenza alguna, además de exhibir una gran coraza, la gobernadora regional está llegando a nuestra provincia desafiando a quienes ya no la toleran, tanto por su incapacidad como por su incompetencia. Llegó al hospital de Huaral trayendo una incubadora, como si se tratase de un gran logro en favor de la salud de todos los huaralinos.

La implementación de equipos, material siempre será bien recibido, no obstante, la traída de la incubadora no es lo prioritario que requiere nuestro hospital, porque no solamente tenemos falencias de muchas cosas, tampoco tenemos personal suficiente, los especialistas son escasos y la atención es deprimente, agregándose que el hospital adolece de cosas elementales y por demás básicas y sobre ello no existe respuesta alguna por parte del GORE.

También se menciona que bien podría traer la incubadora el director de la Diresa, sin embargo, fue ella quien quiso darse un baño de popularidad, que tampoco lo merece. la obra de saneamiento en Palpa sigue esperando, los colegios los Naturales, Huando, Cabuyal, el Carmen, entre otros, continúan esperando que se ejecuten sus proyectos, pero lejos de cumplir huye de los reclamos y de los periodistas, aunque no puede fugar de las protestas que cada vez son mayores, como el caso que se dio con personal del colegio INEI 34, cuyas aulas están por colapsar, al parecer nada de esto le importa aunque esto signifique un mayor desafío a los huaralinos que no le dan credibilidad a lo que dice y lo que es peor, le han perdido el respeto. Rosa Vásquez en lugar de recibir flores o muestras de agradecimiento se llena cada vez más de reclamos y protestas que la están colocando en la cuerda floja… ya nadie la quiere y solo esperan que prontamente se culmine su periodo y desaparezca.

Roberto Carlos de la Cruz Escalante, el magistrado que parece asumir la defensa de Rosa Vásquez en el juicio “El Matucanazo”

EL JUEZ DE ROSA

La actuación del magistrado Roberto Carlos de la Cruz Escalante en el juicio conocido como “El Matucanazo” es por decirlo menos, sospechosa, ya que ha decido tomar una postura defensiva frente a la acusación fiscal, lo que lo aleja de la imparcialidad.

EL JUICIO

El juicio continúa. La Fiscalía Anticorrupción imputa a la gobernadora Rosa Vásquez el delito de peculado doloso por presuntas irregularidades vinculadas a la obra “Centro Cívico de Matucana”. Se solicita 9 años y 5 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación y días-multa contra la gobernadora.

Además, se formula pretensión resarcitoria por S/ 4.3 millones, compuesta por S/ 1.3 millones de daño patrimonial (perjuicio económico a la entidad) y S/ 3 millones por daño extrapatrimonial, a pagarse solidariamente por los acusados.

La acusación alcanza también a Walter José Tovar Macutela (ingeniero civil) y a Constantino Javier Ventura Morote (administrador), como coautores de peculado; para Tovar y Ventura, la Fiscalía añade el delito de falsificación de documento público. La etapa de juzgamiento se sigue el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate (CSJ Lima Este) —integrado, entre otros, por Roberto Carlos De la Cruz Escalante.

JUEZ SUSPENDIDO Y ABSUELTO

El Órgano de Control de la Magistratura – OCMA, a través de la Resolución N.° 25, 14/03/2023 sancionó al juez Roberto Carlos De la Cruz Escalante con tres meses de suspensión por tolerar un patrón de reprogramaciones, notificaciones mal hechas y ausencia de apremios en el Exp. N.° 00201-2014-39-2901-JR-PE-02.

En apelación, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CE-PJ) —sesión del 21/02/2025; declaró infundada su excepción de prescripción, pero revocó la suspensión y lo absolvió, bajo un argumento formalista: la supervisión de especialistas y notificaciones no sería del juez, sino del Administrador del Módulo Penal.

Este mensaje corrosivo desplaza la responsabilidad hacia abajo mientras el conductor del proceso queda blindado frente a la inercia que él mismo debe corregir. El propio expediente disciplinario, además, culmina con destitución del auxiliar Luis A. Recuay Navarro por cobros indebidos en la Sala Mixta de Pasco, evidenciando un entorno contaminado. Que el juez De la Cruz haya intentado, además, hacer valer la prescripción del procedimiento alimenta el incentivo de “estirar” casos hasta dejarlos morir. Finalmente, la decisión premia el formalismo y castiga al eslabón bajo, debilitando el deber de dirección, celeridad y tutela efectiva contra la corrupción.

Fuente: Investigación Definitiva N.° 3437-2018-Pasco (CE-PJ, 21/02/2025) y Resolución N.° 25 (OCMA, 14/03/2023).

JUEZ RESPONSABILIZA A LA VÍCTIMA

El 4 de diciembre del 2020, el juez Roberto Carlos De la Cruz Escalante emitió una sentencia que generó profunda polémica y cuestionamientos. Se trata del proceso seguido bajo el Expediente N.° 00122-2020-0-3208-JR-PE-01, en el cual se juzgaba la difusión no consentida de imágenes íntimas, tipificada en el artículo 154-B del Código Penal.

Pese a tratarse de un delito de violencia digital con graves impactos en la dignidad y privacidad de las víctimas, el magistrado decidió absolver penalmente a la querellada, aunque a la vez le impuso una reparación civil de S/ 3,000, configurando una contradicción evidente.

La motivación del magistrado introduce la idea de “autopuesta en peligro”, trasladando la culpa a la víctima porque habría enviado el material por error vía WhatsApp, lo cual equivale a responsabilizarla del delito cometido contra ella misma. Además, sostiene que el tipo penal sancionaría solo la “primera difusión”, dejando impunes a quienes re-comparten el material, una interpretación sin sustento legal. Esta sentencia carece de perspectiva pro-víctima y de género, omite diligencias técnicas para esclarecer la trazabilidad digital y termina normalizando la viralización no consentida de imágenes íntimas y culpabiliza a la agraviada.

El fallo de este juez no solo parece jurídicamente débil y contradictorio, sino que también retrocede en la protección de derechos fundamentales en un contexto donde la justicia debería ser firme y garantista frente a la violencia digital.

UN JUEZ QUE SE COMPORTA COMO ABOGADO DEFENSOR

La actuación del juez Roberto Carlos De la Cruz Escalante en el caso de la gobernadora Rosa Vásquez despierta serias dudas sobre su imparcialidad. En la audiencia cuya transcripción hemos revisado, se observa cómo el magistrado abandona el rol de árbitro neutral para asumir un papel casi defensivo en favor de la acusada. Lejos de limitarse a garantizar el orden y la legalidad del debate, cuestiona reiteradamente los fundamentos de la fiscalía, llegando incluso a interrumpir y poner en tela de juicio la pertinencia de los cargos.

Sus intervenciones no buscan esclarecer hechos en beneficio del tribunal, sino socavar el trabajo del Ministerio Público, como si se tratara de un abogado defensor. En un proceso donde están en juego más de 4.3 millones de soles de perjuicio al Estado, este comportamiento resulta alarmante, pues erosiona la confianza ciudadana, proyecta una imagen de indulgencia hacia la corrupción y deja abierta la sospecha de que el magistrado favorece a la gobernadora en vez de cumplir su deber de impartir justicia con objetividad.

LO QUE VIENE

En el próximo informe presentaremos un análisis detallado de las intervenciones del juez durante las audiencias, citando textualmente sus preguntas y observaciones dirigidas a la fiscal.

Pondremos bajo la lupa esas expresiones para mostrar cómo, en vez de buscar esclarecer, parecen alinearse con la estrategia de defensa de la gobernadora Rosa Vásquez. Esto permitirá al público apreciar con claridad el presunto sesgo que contamina el proceso y entender por qué la imparcialidad judicial está seriamente comprometida en este caso.

Fuente: Contra Poder

¿Se consumó la coartada?: Rosa Vásquez habría sacado al prefecto regional para blindar su plan de impunidad

La impunidad no descansa. Y hoy, un nuevo episodio confirma que la corrupción no solo delinque, también mueve hilos en los más altos niveles del poder: el Dr. Douglas Arámbulo Carreño ha sido removido del cargo de Prefecto Regional de Lima Provincias, en lo que ya se denuncia como una maniobra política ejecutada por la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado, en alianza con el gobierno de Dina Boluarte y la maquinaria de Alianza Para el Progreso.

La salida de Arámbulo no es casual, ni técnica, ni administrativa: es el cumplimiento de un pedido reiterado por Rosa Vásquez desde que este funcionario, respetuoso de la ley y sin militancia servil, se convirtió en un obstáculo para sus ambiciones de control total. La gobernadora no le perdonó nunca su autonomía, su firmeza frente a las presiones y, sobre todo, su negativa a convertirse en títere político de un régimen regional salpicado por el escándalo y los procesos judiciales.

Con una carta digna y serena, Arámbulo se despide con la frente en alto y el corazón agradecido, dejando entrever la lucha silenciosa que sostuvo en un cargo cada vez más asediado. En sus palabras resuena la integridad de quien sirvió con transparencia y lealtad a su pueblo, sin doblegarse ante la coacción del poder.

Pero mientras él se retira con honor, la gobernadora procesada por peculado avanza en su siniestro plan de impunidad: consolidar su maquinaria política, colocar operadores leales en los cargos clave del Ministerio del Interior y preparar su salto al Congreso para blindarse con inmunidad parlamentaria. Porque Rosa Vásquez no busca servir, busca salvarse de la cárcel.

Hoy queda claro: APP no solo es aliada de Boluarte, también es cómplice de la corrupción que se reorganiza para sobrevivir. Y con la salida de Arámbulo, Rosa Vásquez se salió con la suya. Ya lo había intentado, ya lo había exigido, y ahora lo ha logrado.

¿Hasta cuándo permitiremos que los corruptos manejen el Estado como si fuera su feudo personal? ¿Hasta cuándo callará el Ejecutivo ante los pactos oscuros disfrazados de cambios institucionales? La salida del Dr. Douglas Arámbulo es una clara advertencia: la justicia en el Perú no solo está en riesgo por la corrupción, sino por la política que la protege.

Fuente: Central de Noticias

¿La coartada de la impunidad? El plan de Rosa Vásquez para evitar la cárcel

La corrupción en el Perú ya no se oculta: ahora se organiza, se protege y se candidatea. La gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado -procesada por peculado durante su gestión como alcaldesa de Huarochirí- está ejecutando un plan siniestro para burlar a la justicia y salvarse de la cárcel: postular al Congreso para blindarse con inmunidad parlamentaria.

Pero eso no es todo. Para que su coartada funcione, la cuestionada autoridad ha comenzado a remover piezas incómodas del tablero del poder, exigiendo la renuncia inmediata del prefecto regional Douglas Arámbulu Carreño y del subprefecto de Huaura, Víctor Zegarra Fernández, con el único objetivo de colocar a sus operadoras políticas, como Karina Leandro, quien actuaría como su marioneta para manejar políticamente las provincias desde el Ministerio del Interior.

Esta movida desesperada tiene una sola explicación: Rosa Vásquez sabe que, si la justicia avanza, su destino es la cárcel. Por eso necesita comprar tiempo, presionar a los jueces, pactar en las sombras y meterse al Congreso como sea. La sospecha es grave: estaría pagando para paralizar su proceso penal, en una clara muestra de que la corrupción no solo se roba el dinero del pueblo, también se quiere robar la justicia.

¿Cómo es posible que, en un país medianamente serio, una funcionaria con un proceso por peculado -un delito que significa, literal y jurídicamente, robar al Estado- tenga la osadía de pretender una curul? ¿Y cómo puede el Ejecutivo de Dina Boluarte prestarse al juego, dándole oídos a una presunta delincuente política?

Rosa Vásquez quiere más que impunidad: quiere poder, quiere silencio, quiere blindaje y quiere reírse del pueblo en su cara. Su objetivo no es representar a Lima Provincias, es escaparse de una sentencia y garantizarse cinco años de intocabilidad desde el hemiciclo.

Esta revelación debe encender todas las alarmas ciudadanas. ¿Vamos a permitir que una procesada por corrupción se meta al Congreso a vivir con privilegios mientras sus delitos prescriben?

Organizaciones civiles, medios de comunicación independientes y líderes de opinión llaman a la resistencia activa contra esta maniobra inmoral, y exigen a la Fiscalía, al Poder Judicial y a la Contraloría que actúen con urgencia y sin miedo.

Porque si Rosa Vásquez entra al Congreso, será la justicia la que salga por la puerta de atrás.

Fuente: Central de Noticias

Rosa Vásquez y su estrategia para indisponer a la prensa ante la opinión pública

En una preocupante muestra de intolerancia y desprecio por la libertad de expresión, la Gobernadora Regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, viene calificando a los periodistas que cuestionan su gestión como «diablitos», en un intento de descalificar a quienes denuncian irregularidades, negligencias y hasta presuntos actos de corrupción, que se vendrían cometiendo durante su gestión.

Estas declaraciones no solo son inaceptables, sino que constituyen una afrenta directa a la democracia, a la prensa libre y al derecho ciudadano de estar informado.

La Gobernadora ,parece olvidar que los periodistas no son enemigos del Estado, ni de los gobernantes, sino vigilantes incómodos de la función pública.

En lugar de responder con argumentos y transparencia a las denuncias, Rosa Vásquez opta por la descalificación personal, una estrategia tan antigua como peligrosa, para encubrir posibles actos de corrupción, deficiencias en la administración pública y el evidente abandono de las provincias que conforman la Región Lima.

Durante su gestión, diversas voces de la sociedad civil, así como investigaciones preliminares de entes fiscalizadores, han señalado irregularidades en contrataciones, asignación presupuestal discrecional y ejecución deficiente de obras públicas ,Sin embargo, lejos de dar explicaciones claras, Rosa Vásquez ha preferido victimizarse y atacar a los medios de comunicación, como si la prensa fuera culpable de sus propios errores.

¿QUIÉN FISCALIZA ENTONCES A LA AUTORIDAD REGIONAL, SI NO LO HACEN EL CONSEJO REGIONAL O EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL?

La respuesta es clara: EL PERIODISMO valiente y comprometido ha asumido ese rol, enfrentando incluso amenazas y desprestigio por cumplir con su deber.

La Gobernadora olvida, también que el cargo que ostenta no es una investidura sagrada, sino un mandato popular por el cual debe rendir cuentas. Llamar “DIABLITOS” a los periodistas que informan sobre sus errores, lejos de intimidar, refuerza el compromiso de seguir investigando, de seguir preguntando y de seguir informando, porque en democracia, el poder no se protege con insultos, se defiende con hechos, con obras limpias, con presupuestos transparentes y con respeto a la ciudadanía.

Las palabras de Rosa Vásquez revelan, más que una estrategia política, una profunda incomodidad con la fiscalización ,y si algo debe incomodar a la autoridad pública no es el periodismo crítico, sino su propia conciencia, cuando sabe que no está cumpliendo con el pueblo que la eligió.

La Región Lima no necesita gobernantes que insulten; necesita líderes que respondan con altura, que acepten las críticas como parte del juego democrático y que comprendan que una prensa libre no es el problema, sino parte esencial de la solución.