La sentencia contra Rosa Vásquez revela un patrón grave en la gestión del proyecto del Centro Cívico de Matucana. Durante su periodo como alcaldesa, el presupuesto inicial de S/ 1.6 millones terminó duplicándose hasta superar los S/ 3.2 millones. La investigación judicial determinó un perjuicio económico acreditado superior a S/ 1.34 millones.

A ello se suma un hecho particularmente alarmante: la existencia de una resolución municipal duplicada, con la misma fecha y numeración que la original, pero con un presupuesto incrementado. La pericia grafotécnica concluyó que aquel documento fue falsificado.

Aunque Vásquez delegó algunas funciones, el tribunal señala que nunca perdió el deber de cautelar los intereses públicos. Los cuadernos de obra advertían retrasos, escasez de materiales y fallas de ejecución. Ninguna de estas señales fue atendida. El gasto se amplió sin sustento técnico y la obra quedó inconclusa, sobrevalorada y convertida en un ejemplo de cómo la mala gestión pública permite que los recursos estatales se diluyan entre papeles y sellos.

La sentencia también pone en evidencia un problema mayor: la crisis ética en la función pública. En un país golpeado por la corrupción, que una autoridad actualmente a cargo de un presupuesto regional significativo arrastre una condena por peculado y falsificación genera una preocupación legítima. No es solo un caso en Huarochirí: es un golpe directo a la confianza ciudadana y un mensaje peligroso de tolerancia a la impunidad.

La pregunta es inevitable:
¿Cómo puede mantenerse en el poder una funcionaria cuya conducta, de acuerdo con una sentencia firme, vulneró la ley y la confianza pública?

La ciudadanía tiene derecho a exigir principios básicos: honestidad, responsabilidad y respeto al cargo. En este caso, la justicia ya ha establecido que esos deberes fueron incumplidos.

Un escrito presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones solicita que se ejecute de manera inmediata la inhabilitación impuesta a la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, tras la sentencia que la declara responsable de delitos de corrupción vinculados a su gestión en Huarochirí. La petición señala que, al existir una pena de inhabilitación vigente, la gobernadora ya no puede continuar ejerciendo funciones públicas.

El documento advierte que mantener en el cargo a una autoridad sentenciada por delitos dolosos afecta la legalidad y la estabilidad de la gestión regional. También recuerda que el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate ordenó cursar los partes judiciales al JNE para hacer efectiva la inhabilitación.

De concretarse la separación del cargo, el vicegobernador Nicolás Barrera Morán asumiría la gobernación regional conforme a la normativa vigente. El escrito concluye señalando la necesidad de que el JNE actúe con celeridad para garantizar la continuidad institucional y el cumplimiento de la ley.

La gobernadora regional vuelve a infringir la Ley de Neutralidad Electoral. A pesar de que su esposo ya fue ratificado y presentado como candidato al Congreso, ella continúa publicitando a diario sus actividades oficiales, violando de manera directa la Ley 31457 y la Ley Orgánica de Elecciones.

La norma es clara: cuando un familiar directo postula, la autoridad no puede usar recursos del Estado para difundir su gestión, pues eso genera ventaja electoral indebida. Pero la Gobernadora sigue utilizando plataformas oficiales, personal público y canales institucionales para promover su imagen y, de forma indirecta, favorecer la campaña de su esposo. Esto no es comunicación institucional: es propaganda encubierta e ilegal.

Exigimos el cese inmediato de toda publicidad oficial ligada a la Gobernadora durante el proceso electoral.

El respeto a la ley y a la igualdad de condiciones no es opcional. Basta de usar el cargo público para impulsar campañas familiares.

Fuente: Diario El Chaski

Luego de quedar expuesta en la Comisión de Fiscalización del Congreso, Rosa Vásquez recién decidió invitar a la gerenta regional de Control de Lima Provincias de la Contraloría, Carmen Bazán Guerra, pese a que anteriormente había puesto trabas y cerrado las puertas a cualquier supervisión. Que no engañe a nadie: no es que ahora esté “abierta” a que la investiguen, sino que la situación la obligó.

Rosa Vásquez quedó en ridículo cuando la Contraloría presentó un informe ante la Comisión de Fiscalización que evidenció la falta de cooperación de su gestión. Tras ser expuesta a nivel nacional, no le quedó otra opción que permitir el ingreso de los órganos de control. Pero la pregunta es inevitable: ¿a qué teme Rosa Vásquez? ¿Tiene algo que ocultar?

No puede pretender mostrarse como una autoridad transparente cuando ha sido sentenciada, se mantiene investigada y, además, ha obstaculizado procesos de supervisión. Si la Fiscalía avanza con el caso “Los Compadres”, esta conducta podría jugar en su contra en futuras audiencias.

Lo ocurrido no es gesto de transparencia, sino reacción obligada. Estaremos atentos, porque todo indica que más denuncias podrían salir a la luz.

Fuente: Diario El Chaski

Se vienen elecciones, y desde este medio consideramos necesario informar a la población sobre quiénes son los personajes que hoy se encuentran alineados y afiliados políticamente a la actual gobernadora regional, Rosa Vásquez, sentenciada en primera instancia a 9 años de prisión por corrupción, sanción que se hará efectiva solo cuando sea confirmada en segunda instancia.

Uno de ellos es KARINA LEANDRO, quien anteriormente postuló por otro partido a la alcaldía provincial de Huaura. Hoy aparece en fotos por todos lados con Rosa Vásquez, ocupando además un cargo de jefatura en el Gobierno Regional. Recordemos que, en su desesperación política, Leandro se alió con el ex chofer de Beto Barba, Jorge Chávez, un personaje prepotente durante la gestión Barba Mitrani. No olvidemos tampoco que, por ambición de poder, Karina Leandro traicionó a su anterior partido al no apoyar a su propio candidato en segunda vuelta, optando por unirse a la “cholita”. Todo indica que esta señora calcula cada movimiento para mantenerse cerca del poder, sin importar a quién traicione. Si así actúa antes de llegar al cargo, ¿cómo será si gana la alcaldía? ¿Otro caso estilo Santiago Cano? Según fuentes, ya se sentía alcaldesa y hasta desconocía a quienes antes llamaba amigas.

Otro personaje es LIMSAY BERNAL, actual consejera por Lima Provincias y futura candidata por Alianza para el Progreso, quien buscaría la alcaldía de Cajatambo, salvo que cambie de decisión a último momento. Limsay llegó a la política como una figura que prometía renovación, pero rápidamente se alineó con Rosa Vásquez, dejando de fiscalizar. Se mantuvo en silencio incluso tras el allanamiento al Gobierno Regional. Apenas ingresó al consejo, se rodeó de los ex asesores de la ex consejera María Pía, conocidos por manejar intereses propios. Limsay, envuelta en escándalos amorosos y sin mostrar resultados, terminó traicionando también a su ex candidato regional de Patria Joven, quien fue responsable de su arrastre electoral. Se convirtió en aquello que juró nunca ser, quedando políticamente desgastada y reducida a un “cadáver político”.

Finalmente, aparece HENRY BUSTAMANTE para sorpresa de todos, ex presidente del directorio de la Beneficencia de Huacho y excandidato a la alcaldía por Renovación Popular. Ahora se habría aliado con el partido de la sentenciada Rosa Vásquez, con el objetivo de postular como gobernador regional, desplazando a Luchito Ueno, alcalde de Barranca. La fórmula incluiría a Rosa Vásquez como vicegobernadora, dependiendo de lo que determine la segunda instancia judicial. Bustamante fue despedido por Santiago Cano al enterarse de su acercamiento con APP, y se le acusó de hacer campaña desde la Beneficencia. Su decisión de unirse a la gobernadora sentenciada demuestra una clara intención de asegurar poder político, pese a los antecedentes de corrupción confirmados en primera instancia.

Por todo ello, advertimos a la provincia de Huaura y a la región: estos personajes solo buscan el voto para luego beneficiarse del cargo. No olvidemos que ya se probó corrupción en la gestión de Rosa Vásquez como alcaldesa de Huarochirí. Que no vuelvan a engañar a la población. Se vienen elecciones… y el riesgo de que este nuevo clan llegue al poder está más latente que nunca.

Por Pepe Ramos

Miles de pobladores muestran su indignación frente al Juez que ha condenado a Rosa Vásquez por peculado doloso a 9 años de prisión efectiva y le ha suspendido la misma, hasta que quede consentida.

Resulta, a todas luces, una aberración judicial, condenar a una gobernadora por graves actos de corrupción y suspender la prisión efectiva, es como decirle:  » Yo sé que eres corrupta y mereces la cárcel porque te he hallado culpable y tienes que pagar por el crimen perpetrado, pero te voy a dejar en libertad para que sigas robando».

Es como si a un extorsionador le suspendieran la prisión efectiva para que siga delinquiendo.

Y, es que, como quiera que su condena es de primera instancia, no puede ser vacada ni ser suspendida, ya que, de acuerdo a la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, para ser vacada tiene que tener sentencia consentida y para ser suspendida tiene que tener sentencia condenatoria en segunda instancia.

Si el Juez hubiera ordenado la inmediata ejecución de la prisión efectiva, entonces tenía que ser suspendida, pero le han hecho un gran favor, como siempre, el Poder Judicial

Es indignante, realmente, por eso no te olvides, querido lector, de sus candidatos que están camuflados en Alianza para el Progreso, la ‘A’ de Acuña, me refiero al Dr.  Juan Díaz Amado, y al Dr. Edwin Ferrer, ellos trabajan con la Cholita, son gente que está en el Hospital de Huaral y que forman parte de ese gobierno corrupto de una condena por Peculado y pretenden gobernar Huaral y Chancay, no te olvides nunca.