Tras el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial, la validez y el manejo logístico del voto de los peruanos residentes en el exterior han generado debate político en el país ante la estrecha diferencia de los resultados entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular (50.107%) y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (49.893%).
Francisco Belaúnde, internacionalista, y Silvia Guevara Pérez, experta en derecho electoral, analizaron en Prueba de Fuego de RPP la relevancia de esta circunscripción y las garantías de custodia de las actas procesadas por la ONPE para asegurar la transparencia del escrutinio final.
La vigencia de la ciudadanía
La discusión sobre la pertinencia del voto extranjero ha cobrado fuerza a raíz de propuestas que buscan limitar este derecho basándose en el tiempo de residencia fuera del país.
Al respecto, Francisco Belaunde calificó como un despropósito cualquier intento de menoscabar la ciudadanía de quienes mantienen vínculos familiares y económicos con el Perú, subrayando que muchos emigraron por situaciones complicadas pero no han renunciado a su nación.
Belaunde calificó como una «barbaridad» procurar eliminar el derecho al voto a connacionales en el extranjero y señaló que se trataría de una acto de «discriminación».
Para el internacionalista, sugerir un plazo de 10 o 15 años para restringir el sufragio no tiene sustento jurídico ya que la nacionalidad se mantiene inalterable a pesar del paso del tiempo. Insistió en que estas iniciativas solo buscan segregar a un grupo de la población que sigue siendo parte activa de la vida nacional.
Un marco legal basado en la Constitución y la representación política
Desde la perspectiva legal, Silvia Guevara Pérez explicó que la Constitución establece las causales para la pérdida de la ciudadanía y «vivir en el exterior no es una de ellas».
La especialista recordó que, desde el año 2021, los peruanos en el exterior conforman una circunscripción electoral propia con dos escaños en el Congreso, lo que refleja su importancia numérica y el vínculo que mantienen a través de remesas y propiedades.
Guevara Pérez puntualizó que el sistema electoral ha evolucionado desde 1980 para integrar a los ciudadanos en el extranjero, por lo que no puede existir una desconexión institucional.
La especialista señaló que «no hay ninguna restricción en en la norma electoral que está orientada a limitar el derecho de sufragio» por razones de ubicación geográfica.
Seguridad logística y la cadena de custodia en la segunda vuelta
Uno de los puntos de mayor controversia ha sido el cambio en el procesamiento de las actas entre la primera y la segunda vuelta, lo que ha motivado recursos de nulidad de parte del partido Juntos por el Perú.
Guevara Pérez afirmó que la decisión de la ONPE de no digitalizar las actas en los consulados y traerlas físicamente al Perú responde a una facultad logística para garantizar la transparencia y evitar dudas sobre la actuación de las oficinas consulares.
«Un lineamiento es un documento, un instrumento orientador que está dentro de las competencias de la ONPE, poder determinar la forma logística y de cómo va a llevar y a materializar finalmente el desarrollo de sus competencias», indicó la especialista.
Además, señaló que para asegurar que el material electoral no sea manipulado, la ONPE dispuso el uso de valijas diplomáticas, las cuales están exentas de las revisiones ordinarias de equipaje.
De esta manera, tanto las actas como las cédulas de votación se mantienen selladas y bajo resguardo hasta su llegada a los centros de procesamiento oficiales en territorio nacional, explicó.
Respuestas ante las sospechas de interferencia política
La entrevista también abordó los cuestionamientos sobre el cambio de embajadores en países con alta concentración de votantes, como Estados Unidos y España.
Francisco Belaunde desestimó estas sospechas al señalar que los relevos diplomáticos no son inmediatos y que los funcionarios continúan en sus cargos hasta el cambio de gobierno, por lo que su influencia en el proceso electoral conducido por diplomáticos de carrera sería nula.
«Hay cierta desesperación por el resultado y están viendo, jalando, tratando de jalar algún argumento absurdo para tratar de poner la duda», cuestionó Belaúnde.
Finalmente, el internacionalista consideró que los argumentos que vinculan los nombramientos políticos con la conducción de los consulados carecen de razonabilidad. Para el especialista, estas críticas forman parte de una narrativa de sospecha que no se ajusta a la realidad administrativa de las misiones peruanas en el exterior.
