Por construir piscina y edificio ilegales, multan a familia de Susana Villarán con S/51.500

El hermano de Susana Villarán acaba de ser multado con más de 51 mil soles por la construcción de una piscina y un edificio ilegal en Lurín.

Según dieron cuenta las autoridades ediles, el consanguíneo de la exalcaldesa de Lima invadió la vía pública y los aires para ampliar su vivienda hasta donde él quería.

Como se sabe, la casa del citado familiar tiene cinco pisos, cuando la zonificación del distrito sólo permite tres como máximo. Esta extensión está prohibida.

Asimismo, para que su domicilio tenga piscina, el hermano de Susana Villarán tuvo que salirse del espacio privado y apropiarse del público sin respetar sus propios planos.

Por la primera infracción, la municipalidad decidió sancionar al clan Villarán con el monto de 41.200 soles; mientras que, por la segunda, multó con 10.300 soles.

Susana Villarán vive como “burguesa” y se da sus “piscinazos” frente al mar

En la cómoda vivienda de Lurín que está a nombre de un familiar, donde cumple su arresto domiciliario por una gracia judicial, la exalcaldesa de Lima y procesada por corrupción, Susana Villarán, no solo pasa los días frente al mar, sino que también disfruta refrescándose en una piscina construida frente a la playa.

Así lo reveló anoche un reportaje de Panorama, en el que su equipo de investigación llegó la semana que pasó hasta el predio ubicado en calle Islas Ballenas, manzana 1-27, Lote 3, de la cuarta etapa del asentamiento humano Nuevo Lurín.

Aunque ella dio como dirección para su arresto el departamento 302 (el predio familiar tiene cinco pisos, aunque la municipalidad solo le autorizó a construir tres), }Susana Villarán fue hallada en la piscina del primer piso que da al mar.

Piscina en playa

Panorama recogió testimonios respecto a que tal piscina se ubica en un área pública que habría sido invadida por los Villarán.

Sea como fuere, la exalcaldesa Susana Villarán goza de grandes comodidades mientras sigue contra ella un proceso abierto en su contra por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado.

Millones recibidos

A Susana Villarán se le atribuye, según la tesis fiscal, haber recibido 3 millones de dólares para la campaña del “No a la revocatoria” por parte de la constructora Odebrecht, mientras la empresa brasileña OAS le habría aportado otros 3 millones.

OAS le habría entregado a la exalcaldesa otros 4 millones de dólares para su campaña de reelección en 2014, en la que perdió.

Fiscalía formaliza investigación por lavado contra Villarán y 9 excolaboradores

El fiscal Walter Villanueva Luicho resolvió formalizar y continuar con la investigación preparatoria por el presunto delito de lavado de activos en calidad de autores contra la exalcaldesa limeña Susana Villarán de la Puente (2011-2014) y nueve de sus excolaboradores durante su gestión edilicia y la campaña contra la revocatoria de su mandato.

De acuerdo con la decisión del fiscal del Equipo Especial, los imputados están implicados en dos grupos: el primero, son quienes recibieron dinero proveniente de los aportes ilegales que hicieron las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, a cambio de la adjudicación del proyecto Rutas de Lima y de la concesión de Línea Amarilla, respectivamente.

La suma de origen ilícito sería de US$530.000

En este caso se encuentran involucrados los exregidores Jaime Salinas López Torres, Marisa Glave Remy, Zoila Reátegui Barquero y Carlos Juscamaita Aragüena, además de los exasesores de la exalcaldesa, Anel Townsend Diez Canseco y Jorge Nieto Montesinos.

Según la descripción de los hechos del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Walter Villanueva Luicho, de los fondos ilícitos, Jaime Salinas recibió US$120.000, Marisa Glave y Zoila Reátegui US$20.000, Jorge Nieto US$120.000, Anel Townsend US$20.000 y Carlos Juscamaita US$250.000.

El segundo caso está relacionado con la constitución y administración de la Fundación Unidos para Transformar, que alentó la exalcaldesa Villarán. De acuerdo con la imputación del fiscal Walter Villanueva Liucho, la fundación fue financiada con fondos ilícitos proveídos también por Odebrecht y OAS. Están implicados Gabriel Prado Ramos, Álvaro Espinoza Benza y Luis Gómez Cornejo Rotalde.

La imputación fiscal señala que la fundación fue usada para lavar el dinero de Odebrecht y OAS con la finalidad de financiar la reelección de Villarán a la alcaldía de Lima. El monto de probable procedencia ilícita que administró la fundación sería de S/400.000.

El fiscal Villanueva también determinó no formalizar ni continuar la investigación contra la periodista Paola Ugaz Cruz, por no haber encontrado elementos que la relacionen con los hechos mencionados.

En la exposición y sustento de motivos que están contenidos en los 373 folios de la resolución, el fiscal Walter Villanueva señala que los hechos atribuidos a los investigados como presuntos autores de lavado de activos, están acreditados básicamente por las declaraciones de los colaboradores eficaces que trabajaron como directivos y funcionarios de Odebrecht y OAS.

Susana Villarán: Allanan empresas por concertación de adenda en proyecto Línea Amarilla

El fiscal José Domingo Pérez encabezó hoy un operativo para allanar las oficinas de las empresas que administran el proyecto Línea Amarilla, una millonaria obra que favoreció aún más a la compañía OAS cuando en 2013 se firmó la adenda N.°1 durante la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

La intervención, autorizada por el juez Jorge Chávez Tamariz, fue en las sedes de Vinci Highways Perú y Lima Expresa, compañías que están a cargo del cobro de peajes en la vía que fue construida inicialmente por Línea Amarilla SAC (Lamsac), a cargo de OAS.

Para Pérez, las empresas estarían “ocultando cosas relevantes” con la complicidad del Estudio Echecopar, cuyas instalaciones también fueron allanadas este martes.

El caso

Según la hipótesis fiscal, la Municipalidad de Lima y Lamsac suscribieron en mayo de 2011 un acta para aplicar la adenda una vez se cumpliese los tres años de plazo que estipulaba el contrato inicial firmado en noviembre de 2009, durante la gestión de Luis Castañeda.

El acuerdo consistía en permitir a OAS transferir sus acciones de Lamsac a Línea Amarilla Brasil Participacoes S.A. sucursal de Invepar y, a cambio, la comuna de Villarán exigía cambiar el nombre del proyecto a Vía Parque Rímac.

Los cambios pactados sucedieron pero antes de los tres años. Es decir, se vulneró el contrato.

“Este no fue un simple acuerdo para compromisos futuros, pues hubo obligaciones que se ejecutaron antes de la firma de la Adenda N.° 1 como ha sido el caso de la autorización para la transferencia financiera de la Constructora OAS a Invepar y el cambio de denominación del proyecto a Vía Parque Rímac”, sostiene el Ministerio Público.

La firma de la adenda sucedió finalmente el 13 de febrero de 2013. Por el lado de la comuna limeña firmó el entonces gerente municipal Domingo Arzubialde, y André Giavina Bianchi suscribió en representación de Lamsac.

El cambio del contrato modificó el monto de inversión del proyecto, que pasó de costar US$480 millones a US$561 millones, ya que se ejecutarían nuevas obras por más de US$81 millones.

Ello implicó, además, que se varíe el cobro del peaje y Lamsac, de acuerdo a la Fiscalía, hizo un reajuste del precio. Según sus cálculos, considerando el incremento de la inversión, había dejado de percibir más de US$142 millones entre 2009 y 2013, por lo que esperaba cobrar ese monto con la nueva tarifa del peaje.

La indagación señala que Lamsac pretendió conseguir ese millonario monto en medio de la campaña de revocatoria contra Villarán, que se impulsó en 2013.

José Pinheiro, presidente de OAS, se reunió con el gerente municipal José Miguel Castro para llegar a un acuerdo y fue en este contexto que este último habría pedido US$4 millones a la empresa para financiar las actividades proselitistas del ‘No’. Aunque el monto final prometido fue de US$7 millones.

En 2016, Vinci Highways compró el 100% de acciones a Invepar, y Lamsac pasó a llamarse Lima Expresa. Esa venta implicó que la compañía francesa tome posesión de la documentación que detalla las transferencias y acciones financieras realizadas desde 2009.

Esas son las evidencias que requiere el fiscal Pérez y que hasta el momento las compañías se habían resistido a entregar.

Tenga en cuenta

-Lima Expresa se pronunció. Señaló que es respetuosa del “marco legal vigente” y que está a disposición de los requerimientos de las autoridades.

-En 2019, Susana Villarán admitió que recibió dinero de las empresas OAS y Odebrecht para financiar la campaña contra su revocatoria.

-El fiscal Pérez pidió al Poder Judicial 29 años de cárcel contra Villarán por recibir aportes ilícitos.