El nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que varias oficinas del Ministerio Público corren el riesgo de cerrar si no se les otorga un mayor presupuesto. El anuncio se realizó durante la ceremonia en la que juró como titular de esta institución.

“Cada despacho del Ministerio Público tiene que realizar el trabajo que corresponde a dos. Eso no es adecuado. Muchos de nuestros fiscales renuncian y ese es un gran problema. Por eso he señalado al presupuesto como el principal problema, porque si no contamos con los recursos necesarios, como reitero, iremos cerrando una por una las oficinas del Ministerio Público”, indicó.

En la ceremonia estuvieron presentes otras autoridades, como el presidente José María Balcázar, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y las fiscales Patricia Benavides y Zoraida Ávalos. Durante su intervención, Gálvez comparó la situación presupuestaria de la Fiscalía con la del Poder Judicial.

“El Ministerio Público tiene 9000 fiscales y se le asignan solo 2,870 millones de soles. (…) En el Poder Judicial hay 25,000 trabajadores y 5000 jueces. Nuestra actividad es más costosa; sin embargo, a ellos se les asignan 4500 millones de soles”, señaló.

Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación, pese a cuestionamientos

Durante su etapa como fiscal interino, la labor de Gálvez ha recibido fuertes cuestionamientos. Las críticas se enfocan principalmente en la desactivación de equipos de investigación considerados clave, entre ellos Lava Jato, Los Cuellos Blancos, Eficcop y el grupo encargado de casos relacionados con víctimas de protestas sociales.

En enero, adoptó decisiones que generaron polémica al disponer el archivo de investigaciones importantes. Entre ellas se encuentran el proceso contra la fiscal suprema Patricia Benavides y miembros de la JNJ, así como la indagación contra la expresidenta Dina Boluarte por la presunta omisión de funciones durante los incendios forestales de 2024, que dejaron más de 20 fallecidos. Según las resoluciones emitidas, no se encontraron pruebas suficientes para determinar responsabilidades penales.

En febrero, las controversias persistieron. Gálvez archivó la denuncia contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y también resultó beneficiado con el cierre de una acusación en su contra por presunta organización criminal. A ello se sumaron críticas por no apelar el fallo de la Corte Suprema que descartó declarar ilegal a Fuerza Popular, pese a que el Ministerio Público aún contaba con plazo para hacerlo.