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Viceministro de Transportes es sentenciado a seis años de cárcel por actos de corrupción en Corpac

El viceministro de Transportes, Luis César Rivera Pérez, fue condenado a seis años de cárcel por interesarse en contratar los servicios de seguridad de dos empresas para el aeropuerto Juan Velazco Astete y la estación de radar Acopia Grande de Cusco, cuando ocupaba el cargo de gerente central de Aeropuertos Corpac.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao anunció en su cuenta en Twitter que demostró ante el Poder Judicial que, Rivera Pérez, cometió el delito de negociación incompatible (sancionado en el artículo 399 del Código Penal), en perjuicio del Estado.

Al igual que el exgerente general de Corpac, Dhenis Gamth Cabrera Garrido; el administrador del aeropuerto de Cusco, Carlos Enrique Huaroto Gerónimo; el jefe de equipo de administración del aeropuerto, Jorge Antonio Herrera Alcocer; y el gerente de seguridad del aeropuerto, José Antonio Custodio Cáceres Montanchez, a quienes también les impusieron la misma sanción penal.

Por su parte, el gerente general de la empresa World Security and Services S.A.C., Emilo Huamán Pérez, y el representante legal de Walkers Protection S.A.C., Henrry Smith Achaca Vergaray, fueron sentenciados en su calidad de cómplices del delito antes mencionado.

Rivera Pérez ocupa el cargo de viceministro de Transportes desde el 2 de junio de este año, y tres días después el dominical Punto Final de Latina dio cuenta de que el recién nombrado funcionario enfrentaba un juicio por corrupción. Ingreso al MTC cuando Juan Barranzuela era el titular del sector y permaneció en el cargo tras la juramentación de Geiner Alvarado como ministro de Transportes.

Abogado de Juan Silva asegura que el prófugo exministro de Transportes «está dispuesto a entregarse»

El abogado Alfredo Yalán, defensor legal del prófugo exministro de Transportes Juan Silva, confirmó que el exfuncionario se encuentra en el Perú. Esto luego de que el censurado ministro del Interior, Dimitri Senmache, señalara -por error- que se había fugado del país.

«He tomado conocimiento de que el ministro del Interior indicó que mi cliente podría haber viajado al extranjero o se podría haber fugado al extranjero. Al respecto debo precisar que mi cliente está en el Perú, está en territorio nacional porque él quiere seguir creyendo en las instituciones como el Ministerio Público o el Poder Judicial«, indicó.

«El hecho de que el fiscal de la Nación anterior Pablo Sánchez o un juez supremo no estén administrando justicia con arreglo a ley, con el principio de legalidad, con objetividad, no implica que dos instituciones tan serias estén fallando. Por ello mi cliente no tiene porqué fugarse al extranjero, él sigue creyendo en las instituciones peruanas», agregó.

El abogado de Juan Silva también manifestó que su patrocinado tiene intención de entregarse y colaborar con la Justicia, pero con una condición: el nombramiento de un equipo técnico que verifique el concurso público de la construcción del puente Tarata III.

«Él está dispuesto a entregarse, solamente está esperando que la Fiscalía de la Nación realice el peritaje en toda la licitación del Puente Tarata III y ayer hemos presentado un cuarto recurso que pide encarecidamente que la Fiscalía de la Nación nombre dos peritos para lograr detectar que el comité, compuesto por tres personas (…)», indicó.

«Eso es lo único que está esperando mi cliente para colaborar con la Justicia. De modo tal que todo está ahora en manos de la Fiscalía de la Nación, como siempre ha estado», añadió.

Por último, el abogado sostuvo que cuando el exministro se entregue a la Justicia, revelará información importante. «Apenas se entregue, va a ser importantes declaraciones y va a involucrar a los funcionarios de alto nivel que están involucrados en la construcción del puente Tarata III, pues hasta ahora la Fiscalía no sabe la verdad», apuntó.

«Lo único que está esperando mi cliente es que se haga el peritaje que demuestre la falsificación que ha existido y existe en la licitación pública del puente Tarata para ponerse a derecho, pues desde el 26 de mayo se ha solicitado que nombren de urgencia ese peritaje», reiteró.