Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitación de Willy Huerta por 10 años por caso golpe de Estado

Una figura política más podría ser inhabilitada próximamente. Se trata de Willy Huerta, exministro del Interior durante la gestión de Pedro Castillo. La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda su inhabilitación por 10 años, con 14 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. Este informe se elaboró sobre la base de las denuncias constitucionales 547 y 575. En ellas, Huerta es señalado como una pieza clave en el intento de golpe de Estado llevado a cabo por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. En ese entonces, Huerta ocupaba la cartera del Interior.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Willy Huerta no ejerció su derecho a la defensa. Aunque fue invitado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), no se conectó a la videollamada correspondiente. Por ello, los congresistas presentes pasaron directamente a debatir la aprobación de los informes finales.

Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), detalló los argumentos que sustentan el informe final elaborado por dicho grupo de trabajo: “El denunciado reconoce que facilitó su equipo celular al señor expresidente Pedro Castillo para que se comunique con el comandante general de la Policía, el general Raúl Alfaro Alvarado, comunicación en la que le habría transmitido la orden de cerrar el Congreso e intervenir a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El denunciado Willy Huerta no se retiró ni manifestó oposición alguna al mensaje presidencial, sino que incluso acató las órdenes del señor Pedro Castillo”, señaló Camones.

Con este panorama, será el Pleno del Congreso el que decida la inhabilitación de Huerta para ejercer función pública. Ahora se espera que el siguiente paso sea incorporar la decisión sobre el informe final en la agenda del pleno para su debate y votación.

PJ ordenó embargo de bienes del exministro Willy Huerta por proceso en su contra por el intento de golpe de Estado

El Poder Judicial ordenó el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre ocho bienes inmuebles del exministro del Interior, Willy Huerta, como parte del proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar fundada la solicitud que hizo la Procuraduría General del Estado para que se ordenara la ejecución de estas medidas cautelares reales sobre estos bienes inmuebles consistentes en un inmueble, una finca, un departamento, un terreno, una tienda y un lote ubicados en Lima y sobre un inmueble y un lote en el Callao.

El magistrado ordenó trabar embargo en forma de inscripción y orden de inhibición hasta por la suma de dos millones 287 mil 271.11 soles sobre los derechos y acciones que le corresponderían al extitular del Interior respecto a estos bienes inmuebles por lo que dispuso que se oficie su decisión al Jefe de Registros Públicos (SUNARP) – Zona Registral número IX -Sedes Lima y Callao – Oficina Registral de Lima y Callao remitiendo los partes judiciales correspondientes, a fin de que se cumpla con lo ordenado por su despacho en este caso.

Pedido busca asegurar pago de reparación civil

Mediante una resolución emitida el último 26 de diciembre, el juez supremo Juan Carlos Checkley determinó que resulta atendible el pedido de la Procuraduría General del Estado, ya que se cumple con los presupuestos establecidos en la ley para imponerse las medidas de embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre estos bienes inmuebles.

Ello con el fin de asegurar el pago de la reparación civil que pretende la defensa legal del estado peruano que asciende a la suma de 67 millones 711 mil 48.33 soles que deban pagar el exministro Willy Huerta, en forma solidaria, junto al expresidente Pedro Castillo y los demás acusados en este caso de ser hallados culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía en este proceso penal.

“En consecuencia, se cumple con los presupuestos establecidos en la Ley para imponer la medida de coerción procesal de carácter real solicitada – embargo en forma de inscripción y orden de inhibición-; por lo que, es atendible el pedido del actor civil”, precisa el magistrado.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 25 años de prisión contra el exministro del Interior, Willy Huerta, así como su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargo público al acusarlo como presunto coautor del delito de rebelión en agravio del Estado.

Poder Judicial rechazó pedido de prisión preventiva contra Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez

El Poder Judicial a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundado pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez, y los exministros Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino, investigados por rebelión y conspiración en agravio del Estado.

Asimismo, el juez Juan Carlos Checkley impuso a los tres procesados la medida de comparecencia con restricciones con reglas de conducta, y el pago de una caución económica de S/ 100 mil soles contra Betssy Chávez, 80 mil soles a Willy Huerta y 50 mil soles a Roberto Sánchez.

El magistrado estableció que si bien existen graves elementos de convicción que vinculan a los tres con los delitos imputados y la pena a imponérseles es superior a cuatro años, no existe el peligro de fuga ni obstaculización de la investigación.

Cómo se recuerda, la Fiscalía, acusa a los exministros de ser coautores del intento de autogolpe de Estado que intentó dar el expresidente, Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022.

Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra Bettsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó prisión preventiva por 18 meses para la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez por su participación en el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

Esta medida corresponde, según informó el Ministerio Público, al proceso penal que se les sigue en calidad de coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración.

Migraciones emite alerta migratoria para Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez

La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta migratoria en contra de la expremier Betssy Chávez y los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, tras un pedido formulado por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos.

Recientemente, Chirinos había pedido a Migraciones emitir una alerta migratoria contra los exministros investigados por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobara el informe final que recomendaba acusarlos constitucionalmente por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, el 7 de diciembre.

La legisladora formuló el mismo pedido para el ex primer ministro, Aníbal Torres.

En un oficio, el gerente general de Migraciones, Hialmer Saturnino, le comunicó a Chirinos Venegas que Chávez, Sánchez y Huerta han sido registrados en el Sistema Integrado de Migraciones (SIM), a fin de que dicha alerta sea de conocimiento en tiempo real en 17 jefaturas zonales, dos centros binacionales de atención fronteriza, 35 puestos de control migratorio, 22 puestos de control fronterizo y seis puestos de verificación migratoria a cargo del organismo.

“Se ha dado instrucciones a todos los jefes zonales para que se actúe de manera inmediata y con la diligencia que el caso amerita, si es que los ciudadanos Betssy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez pretendan salir de territorio nacional por alguno de los Puestos de Control Migratorio habilitados en todo el país”, se lee en el oficio N° 000224-2023-GG-Migraciones.

En otra misiva, Migraciones remarcó que Aníbal Torres ya cuenta con una alerta migratoria, después de que la Corte Suprema le impusiera 18 meses de impedimento de salida del país, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.