Tras una fallida sesión del Consejo de Estado convocada por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y que contó con la participación del contralor general de la república, Nelson Shack; el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila; y la defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, los participantes emitieron un pronunciamiento dirigido al presidente Pedro Castillo.
En el documento, los 4 funcionarios públicos expresaron su «profunda preocupación» por la «persistencia de la crisis política» que, según indicaron, «pone en grave riesgo la institucionalidad democrática» en el país.
«Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del sistema democrático y el díalogo como mecanismo fundamental para superar la actual crisis que agobia a nuestro país, que afecta seriamente el funcionamiento del Estado y compromete el futuro de 34 millones de peruanos», señalaron.
Llamado «urgente» al diálogo
Frente a ello, los firmantes invocaron al jefe de Estado para que «convoque de carácter urgente» a todos los poderes del Estado y «órganos constitucionalmente autónomos» para «lograr consensos y acuerdos mínimos» encaminados a «restablecer la estabilidad y la paz social».
En ese sentido, plantearon una agenda con 4 puntos: la garantía de la gobernabilidad democrática, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y el sistema de justicia, la vigencia y garantía de los derechos fundamentales y la estabilidad y el desarrollo económico.
«En el interés del país, y en el marco del artículo 43 de la Constitución Política del Estado del que se desprenden los principios de separación de poderes, colaboración y cooperación entre las instituciones, es un imperativo realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar la solución de la grave crisis actual», indica el documento.
Asimismo, hicieron un llamado a «las autoridades democráticamente electas» a ejercer el poder «buscando el bien común, deponiendo cualquier interés particular».
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