Por Dante Pacheco:
La extradición del ex Presidente Alejandro Toledo ha significado todo un revuelo para los operadores judiciales, los opinólogos, los políticos y politiqueros así como para la prensa nacional, claro que se trataba de un hecho sin precedentes, pero no es el primer ex mandatario que llega a Barbadillo para esperar en el encierro un proceso judicial, allí esta Pedro Castillo, también Alberto Fujimori que debió ser extraditado en su momento de Chile, también estuvo Ollanta Humala y pudo haber llegado Alan Garcia.
La connotancia es que los niveles de corrupción atribuidos a Toledo superan largamente los más de treinta millones de dólares por parte de Odebrecht, pero no es el único proceso en curso, hay otros que caminan a paso lento, sin embargo es necesario aclarar que la extradición no tiene nada que ver con una supuesta persecución política ni que la justicia peruana haya inventado situaciones comprometedoras para con el ex mandatario, es decir que si Toledo está en el Perú es porque el Poder Judicial estadounidense -que es riguroso- validó las evidencias, o las pruebas que como argumentos para la extradición presentó la Fiscalía y el propio Poder judicial, lo que significa que si EEUU validó es porque hay un sustento apropiado que ameritaba su presencia en el Perú para que responda por graves delitos de corrupción.
Esta premisa permite reconocer la labor realizada por las autoridades correspondientes, reconocer además que se hizo un trabajo serio, claro que demoró mucho tiempo pero que eso estuvo en manos de la justicia norteamericana, en otras palabras la justicia peruana hizo lo que debió hacer, sin embargo la otra cara de la moneda está en otros procesos donde se ha notado con preocupación la mano blanda de las autoridades y operadores judiciales, manos blandas o condescendientes con la corrupción o manos que se dejaron romper por el poder del “poderoso caballero don dinero”.
ara nadie resulta un secreto el hecho de que en provincias como la nuestra los operadores judiciales buscan algún error en atestados a fin de poner en libertad a delincuentes convictos y confesos, o sea que examina los expedientes procurando encontrar alguna falla para aprovechar de ello y poner en las calles a quienes son capturados en flagrancia, portando armas de fuego o aquellos sorprendidos con las manos en la masa.
Es decir que mientras que el Poder judicial logra satisfacer los requerimientos de la justicia norteamericana -muy exigente- en nuestro propio país, en provincias los operadores judiciales hacen de las suyas siguiendo el camino de la corrupción… qué hacer, resulta obvio que se tiene que corregir, sin embargo no se encuentra forma pues resulta toda una cadena donde la mayoría resultan involucrados, eso hace mucho daño porque el trabajo de la policía resulta infructuoso y decepcionante para quienes realizan de la mejor amanera su labor, aunque con esto no se quiere ocultar las acciones de malos policías, pero por algo tenemos que empezar o caso contrario la lucha contra la corrupción será en vano y al fin y al cabo lo único que tenemos que hacer es sumergirnos en las pestilentes aguas de la corrupción, nadando en esa dirección o parecer raros nadando contra la corriente pelando contra molinos de vientos. Hagamos conciencia y empecemos por nosotros mismos, pero ya basta de las dos caras de una misma moneda.