La Procuraduría del Congreso de la República presentará esta tarde una apelación al fallo judicial que ordena a ese poder del Estado emitir un nuevo pronunciamiento para que se le otorgue la pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo, la misma que asciende actualmente a S/15,600 mensuales.
La sentencia del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, se recuerda, dispuso también el Legislativo asuma los costos procesales generados por la demanda planteada por la defensa legal del golpista exmandatario.
En declaraciones a Perú21, el procurador general del Parlamento, Manuel Peña, recordó que pesa sobre Castillo una acusación constitucional por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión «que no ha sido valorada por la Corte Superior de Justicia, por lo que —subrayó— no le corresponde la pensión vitalicia» en este momento.
Dicha acusación fue aprobada por el Pleno del Parlamento en febrero del 2023 y fue formulada por la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides.
«El juez no ha considerado los argumentos expuestos por nuestra parte que se amparan en la Ley Nº 26519, que establece en su segundo artículo que el derecho de los expresidentes constitucionales a gozar de una pensión, equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad, queda en suspenso en caso el exmandatario tenga formulada una acusación constitucional en su contra», puntualizó.
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Peña agregó que la sentencia ordena al Congreso a emitir un nuevo pronunciamiento sobre el tema y ello, subrayó, no ocurrirá en tanto no haya una sentencia consentida en última instancia.
«El abogado del Pedro Castillo puede interponer una ejecución anticipada de sentencia, pero esta se vuelve inejecutable por lo que estamos comentando», prosiguió.
«Lo que se ordena es que se emita una nueva resolución, un nuevo documento por parte de la administración. Mientras no se efectúe eso no se puede considerar que se le tiene que hacer un pago a esa persona», explicó.
Sobre el plazo en el que debe resolverse el tema en el ámbito judicial, Peña indicó que eso dependerá de la carga procesal que pueda tener la sala a la que se incorpore el caso en segunda instancia, pero comentó que en algunos casos su resolución puede demorar siete u ocho meses.
Mientras tanto, no habrá desembolso en favor de quien el 7 de diciembre de 2022 dio un golpe de Estado, hecho por el que es procesado actualmente en el Poder Judicial y por el que el Ministerio Público ha pedido para él 34 años de cárcel. Por lo pronto, Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.
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