El Poder Judicial declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses presentado por la Fiscalía contra la expresidenta Dina Boluarte, investigada por el presunto delito de negociación incompatible en el marco del caso ‘Cirugías’. La decisión fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien determinó que no existían fundamentos suficientes para restringir el derecho al libre tránsito de la exjefa de Estado.
La resolución precisa que el Ministerio Público no acreditó que Boluarte represente un peligro de fuga ni de obstaculización a la justicia. Según el magistrado, los argumentos fiscales sobre supuestos vínculos económicos y familiares en el extranjero fueron insuficientes y carecieron de sustento. Tampoco se logró demostrar que la medida cautelar fuera necesaria o proporcional en esta etapa de la investigación.
El caso forma parte de las pesquisas fiscales que se siguen por presuntas injerencias en EsSalud, luego de que la exmandataria se sometiera a cirugías estéticas realizadas por el médico Mario Cabani. La Fiscalía investiga si Boluarte favoreció a personas allegadas al cirujano con designaciones y pagos irregulares dentro del sistema público de salud a cambio de intervenciones estéticas a su favor.
Con esta decisión, Dina Boluarte podrá salir del país sin restricciones judiciales, aunque la investigación continúa abierta. La exjefa de Estado ya enfrenta otras investigaciones por presunta corrupción, omisión de funciones y abuso de autoridad.
Fiscalía atribuye a Dina Boluarte injerencia en designaciones y pagos a allegados del médico Cabani
El fiscal adjunto supremo, Wilfredo Rivera Baltazar, detalló tres hechos vinculados a supuestos actos de interés indebido. En primer lugar, la designación de María Elena Aguilar del Águila, excolaboradora del cirujano Cabani, como presidenta ejecutiva de EsSalud en octubre de 2023. En segundo lugar, la contratación de Natalie Román Schmitt como subgerente de Promoción Social, días después de un correo electrónico en el que Cabani habría pedido el puesto a través de la secretaría de Palacio.
La tercera imputación apuntaba al pago de más de S/196.000 a favor del médico Javier Sánchez Ingunza, quien también participó en las cirugías estéticas de Boluarte. Según la Fiscalía, la entonces presidenta habría intervenido para agilizar la liquidación de haberes del galeno en la red Rebagliati. Estos hechos, de acuerdo con el Ministerio Público, configuraban un patrón de favorecimiento y posible negociación incompatible.
Rivera Baltazar también argumentó que la exmandataria cuenta con recursos y contactos para abandonar el país. Sin embargo, el juez Checkley concluyó que los indicios presentados eran conjeturales y no acreditaban un peligro procesal concreto.
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