El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, con la que busca revertir la inhabilitación por diez años que le impuso el Congreso y dejar sin efecto las resoluciones legislativas aprobadas en su contra. La Sala Constitucional consideró que el recurso cumple con los requisitos legales para ser evaluado en el fondo.
La decisión judicial fue emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que declaró procedente el amparo contra los actos parlamentarios que apartaron a Espinoza de la función pública y habilitaron una acusación penal. El colegiado señaló que corresponde analizar si el procedimiento seguido por el Parlamento respetó el debido proceso.
La Sala Constitucional evaluará si el Congreso vulneró el debido proceso al inhabilitar a Delia Espinoza. Foto: La República
En su demanda, Delia Espinoza sostiene que el Congreso excedió sus atribuciones constitucionales al imponer la sanción política. También cuestiona la motivación de las resoluciones legislativas y menciona una afectación directa a sus derechos fundamentales como autoridad del Ministerio Público.
El Poder Judicial evalúa decisiones del Congreso contra Delia Espinoza
La demanda de amparo se dirige contra la Resolución Legislativa que dispuso la inhabilitación de Delia Espinoza para ejercer función pública durante una década. Según el recurso, esa decisión se adoptó sin una evaluación objetiva de los hechos ni una garantía efectiva de defensa.
El escrito también cuestiona la resolución que declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra. Espinoza afirma que el Congreso adelantó opinión y transformó un procedimiento político en un mecanismo sancionador, sin respetar los límites que fija la Constitución.
Además, la exfiscal solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado en la denuncia constitucional seguida en su contra. A su criterio, el proceso parlamentario estuvo marcado por vicios que comprometen su validez y afectan la independencia de la Fiscalía.
Poder Judicial programa audiencia por demanda de amparo de Delia Espinoza
La Sala Constitucional también fijó una audiencia única para el 9 de marzo de 2026. En esa sesión virtual, las partes expondrán sus argumentos y se definirá el rumbo de un proceso con alto impacto político e institucional.
Además, el Poder Judicial otorgó un plazo de diez días al procurador del Congreso para responder la demanda de amparo. Esta etapa permitirá conocer la defensa institucional del Parlamento frente a los cuestionamientos planteados por Delia Espinoza.
Con la admisión de la demanda de amparo, el Poder Judicial deberá pronunciarse sobre la legalidad de las resoluciones emitidas por el Congreso y verificar si el procedimiento parlamentario respetó las garantías del debido proceso. El análisis se centrará en los actos que derivaron en la inhabilitación de Delia Espinoza y en la formación de causa penal, conforme a los límites establecidos por la Constitución.
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