PJ ordena reincorporar a Delia Espinoza como fiscal suprema titular tras declarar fundada en parte demanda de amparo

La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda de amparo presentada por Delia Milagros Espinoza Valenzuela contra el Congreso. Como parte de la decisión, el colegiado ordenó su reincorporación como fiscal suprema titular del Ministerio Público.

La resolución fue emitida el 26 de mayo de 2026 dentro del Expediente 02530-2025-0-1801-SP-DC-03. El fallo declaró inaplicables para la demandante los efectos de las Resoluciones Legislativas del Congreso 008-2025-2026-CR y 007-2025-2026-CR, ambas publicadas el 5 de diciembre de 2025.

Demanda cuestionó inhabilitación y formación de causa penal

En la demanda de amparo, Delia Espinoza solicitó la nulidad e ineficacia de la resolución legislativa que dispuso su inhabilitación por diez años para ejercer función pública. También pidió dejar sin efecto la resolución que declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y posible instigación del delito de usurpación de funciones.

La exfiscal de la Nación sostuvo que el procedimiento parlamentario seguido en el marco de la Denuncia Constitucional 528 vulneró el derecho al debido proceso. Entre los cuestionamientos planteados mencionó presuntas afectaciones al derecho de defensa, a la motivación de las decisiones, a un procedimiento imparcial y al derecho a la igualdad y no discriminación.

Caso se originó por reglamento aprobado en el Ministerio Público

Según la demanda, la Denuncia Constitucional 528 fue presentada el 24 de octubre de 2024 por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza. El caso estuvo vinculado con la aprobación del Reglamento «Actuación fiscal en la investigación del delito», aprobado mediante la Resolución 2246-2024-MP-FN.

La demandante señaló que la resolución cuestionada fue emitida y firmada únicamente por el entonces fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana. Además, indicó que no existían actas, acuerdos o documentación que acreditaran la participación de la Junta de Fiscales Supremos o de Delia Espinoza en la elaboración y aprobación del reglamento materia de la denuncia constitucional.

Sala ordenó restitución del cargo

La sentencia señaló que el proceso de amparo tiene una finalidad restitutoria y que corresponde reponer las cosas al estado anterior a la vulneración o amenaza de un derecho constitucional. En ese contexto, la sala dispuso la reincorporación de Delia Espinoza como fiscal suprema titular del Ministerio Público.

El colegiado precisó que la reincorporación procederá siempre que no exista resolución administrativa, judicial o de otra índole que disponga lo contrario. Asimismo, dejó a salvo la potestad del Congreso para actuar conforme a sus atribuciones constitucionales respecto de los hechos imputados a la demandante, garantizando el respeto de sus derechos fundamentales.

Congreso aprueba inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años: horas antes envió autógrafa que la sacaría del CAL

El Pleno del Congreso de la República decidió inhabilitar por 10 años para ejercer función pública a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. El motivo fue que presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas que votaron a favor de la ley que facultaba a cobrar doble sueldo a los legisladores que anteriormente fueron parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

La sanción impuesta por el Parlamento se aprobó con 70 votos, mientras que 18 congresistas votaron en contra y 2 en abstención.

El 12 de marzo, el Legislativo había rechazado inhabilitar a Espinoza al no lograr los votos necesarios (66) para consumar su venganza. Sin embargo, el congresista Jorge Montoya presentó una reconsideración a la votación.

Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y aliados votaron por inhabilitar a Delia Espinoza

El Congreso concretó su cometido contra Espinoza con los votos a favor de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú.

Las bancadas que votaron a favor y también en contra fueron Bloque Democrático, Honor y Democracia, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Perú Libre, Somos Perú y los congresistas no agrupados.

Por su parte, la Bancada Socialista fue la única que se opuso totalmente a la sanción contra Espinoza.

Bancadas	A favor	Abstención	En contra	Total general
ACCIÓN POPULAR	6			6
ALIANZA PARA EL PROGRESO	12			12
AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4			4
BANCADA SOCIALISTA			3	3
BLOQUE DEMOCRÁTICO POPULAR	1		3	4
FUERZA POPULAR	15			15
HONOR Y DEMOCRACIA	3		1	4
JUNTOS POR EL PERÚ – VOCES DEL PUEBLO – BLOQUE MAGISTERIAL	1		6	7
PERÚ LIBRE	6		1	7
PODEMOS PERÚ	6	1		7
RENOVACIÓN POPULAR	9			9
SOMOS PERÚ	5		2	7
NO AGRUPADO	2	1	2	5
Total general	70	2	18	90

Reacciones

En su cuenta de X, la electa diputada Indira Huilca criticó que «la pequeñez de los Rospigliosi y los doble sueldo no tiene límite» y que el Congreso le teme a Espinoza, «cuya legitimidad le ha permitido ganar la elección de un gremio importante como el CAL».

«No quieren ningún contrapeso ni oposición desde la sociedad civil. Para ellos la dictadura parlamentaria no es suficiente, quieren una dictadura total», expresó.

Por su parte, Rodolfo Pérez, exabogado de Espinoza que la defendió en marzo, señaló: «El Congreso más abusivo y vengativo que nunca. Han inhabilitado por segunda vez a la doctora Delia Espinoza. Votaron una reconsideración que tenía dos meses de presentada. Es una persecución descarada contra la única autoridad que los enfrentó de verdad».

Ruth Luque también protestó por la sanción contra la exfiscal de la Nación y responsabilizó al «pacto del Pleno (fujimorismo, Renovación, Cerronismo, APP y un largo etc.)» por esa decisión.

«La semana pasada aprobaron una ley para retirarla del cargo que ejerce en el CAL y hoy insisten con esta denuncia. No le perdonan que se les haya enfrentado. Sobretodo Rospligliosi, quien tiene una sentencia penal por difamación debido a la denuncia interpuesta por Delia Espinoza. El fujimorismo y el porkysmo son lo mismo», publicó.

Congreso intenta sacar a Delia Espinoza del Colegio de Abogados

El último miércoles 6 de mayo, el Congreso, a través de su presidente, Fernando Rospigliosi, remitió al Gobierno de José María Balcázar la autógrafa de ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CAP). Sin embargo, el documento incluyó un texto de contrabando con la finalidad de impedir que Espinoza continúe como decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

En la autógrafa se añadieron dos disposiciones complementarias. Una de ellas establece los requisitos para integrar la comisión organizadora de los colegios profesionales y precisa que no podrán formar parte de estas las personas que hayan sido inhabilitadas para ejercer función pública.

“No pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública”, señala el texto enviado por el Congreso.

Fuerza Popular se lava las manos y justifica ataques de Fernando Rospigliosi a Delia Espinoza

El partido fujimorista Fuerza Popular publicó un comunicado en respaldo a su militante y actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de que este fuera querellado por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras haberla calificado como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”. Bajo la premisa de que “judicializar el debate político debilita la democracia”, la agrupación naranja justificó las expresiones vertidas por el titular del Parlamento.

“La crítica política a funcionarios públicos forma parte del debate democrático y debe ser protegida por la libertad de expresión. Las opiniones expresadas por Fernando Rospigliosi se dieron en un contexto de cuestionamiento político a decisiones de una autoridad pública como Delia Espinoza, y no como una acusación penal concreta”, señala el pronunciamiento.

Del mismo modo, la organización liderada por Keiko Fujimori calificó la denuncia presentada por Espinoza como “inconstitucional”, al sostener que las declaraciones de Rospigliosi constituyen “opiniones” y que, como tales, están protegidas dentro de sus atribuciones como parlamentario.

“Además, no hay que olvidar que la crítica y la opinión de Rospigliosi han sido expresadas en su condición de congresista. Por tanto, la Constitución establece que los parlamentarios no rinden cuentas ni pueden ser juzgados por los votos y opiniones que emiten. (…) En democracia, quienes ejercen funciones públicas están sujetos a un mayor nivel de escrutinio y crítica, incluso cuando el lenguaje es duro o incómodo”, señala el comunicado.

Comunicado de Fuerza Popular sobre querella de Espinoza a Rospigliosi | Composición: LR.

Delia Espinoza querelló a Fernando Rospigliosi: exfiscal de la Nación exige el pago de un millón de soles como reparación civil

Actualmente, el Poder Judicial admitió a trámite la querella presentada por Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi por haberla llamado “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” en su cuenta de X (antes Twitter). Tras esta publicación, el 10 de julio de 2025, Espinoza remitió una carta notarial a Rospigliosi en la que le exigía que se retractara de sus declaraciones. No obstante, el congresista no atendió el pedido y, por el contrario, ratificó públicamente sus afirmaciones. Por esta razón, el proceso judicial continuó.

La extitular del Ministerio Público solicita como reparación civil el pago de un millón de soles. En entrevista con Infobae, Espinoza afirmó que, de recibir este monto, lo donará al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

“Yo misma me aseguraré de que ese dinero sea bien destinado. Para mí, ni un centavo. ¿Por qué? Porque si ha habido una falta de respeto, una difamación que ha mellado mi honor personal, quiero dedicárselo a los niños que están sufriendo de cáncer, a los niños y adolescentes. Ese es mi pedido”, dijo Espinoza al mencionado medio.

Juicio contra Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza: jueza admite que se incorpore nueva imputación

Este último martes de 3 marzo inició el juicio oral por la denuncia entablada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presunta difamación. La audiencia fue de carácter virtual, pero con presencia obligatoria de ambas partes. Si Rospligliosi no se conectaba sería declarado reo contumaz, advirtió la jueza Norma Carbajal.

Contra el titular de Parlamento se solicita una pena privativa de la libertad de 2 años y una reparación civil de S/1 millón. Según los numerales 1 al 5 del artículo 462 del Código Procesal Penal (CPP), previo al juicio se instó a las partes a conciliar y alcanzar un acuerdo. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo.

Tras ello, el abogado de Delia Espinoza, Julio Huerta, solicitó que se amplíe la imputación contra el presidente del Congreso por llamar «desquiciada» a la exfiscal el pasado 23 de enero de este año. Por su parte, el abogado de Rospigliosi, Humberto Abanto, se opuso argumentando que ese hecho no fue parte del pedido inicial de la querella.

La jueza Norma Carbajal aprobó el pedido porque, según indicó, la ley permite agregar una imputación a la querella. Es por eso que se adhirió el calificativo que utilizó Rospigliosi contra Espinoza en su cuenta de X (antes Twitter). A pesar de que la defensa del querellado presentó un pedido de reposición, la magistrada lo declaró improcedente.

Parte de la audiencia del juicio oral

Durante los alegatos, el letrado Huerta sustentó la querella al citar los tuits que publicó Rospigliosi en su cuenta de X. Según el abogado, ello está tipificado como una presunta difamación agravada e indicó que la pena oscilaría entre los 20 y 28 meses. Huerta mencionó que al presidente del Congreso le correspondería una condena por 2 años y 4 meses porque no tiene antecedentes.

Por otra parte, Abanto señaló que existe libertad de expresión dentro de una sociedad democrática. «Una de las cosas que más se tiene que tener en cuenta es que, cuando se trata de la libertad de expresión, es la notoriedad de la persona a la que se alude, porque cuando se trata de una persona que se ha expuesto a la crítica por funciones públicas, la línea de las críticas es más amplia que la de un servidor público», dijo.

Sobre el calificativo de «desquiciada» que hizo referencia Rospigliosi, Abanto aseguró que no se hizo alusión a la salud mental de Espinoza. Finalmente, la magistrada programó la siguiente sesión para el martes 10 de marzo a las 2 de la tarde.

Fernando Rospigliosi y Delia Espinoza: El motivo de la denuncia

La exfiscal de la Nación presentó una querella contra Fernando Rospigliosi debido a que, el 7 de julio de 2025, este publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) un mensaje en el que la calificó como «aliada del terrorismo y economías ilegales» por haberse reunido con familiares de las víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

El 10 de julio de 2025, Espinoza, envió una carta notarial a Rospigliosi solicitando que se retractara de sus declaraciones. Sin embargo, Rospigliosi no solo ignoró la solicitud, sino que reafirmó sus afirmaciones.

Tweet de Fernando Rospigliosi

Congreso debatir nueva denuncia constitucional contra Delia Espinoza

Mientras se desarrollaba la audencia inicial por el juicio oral, el Consejo Directivo del Congreso aprobó debatir el próximo 12 de marzo el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618 contra Delia Espinoza.

Las mismas le imputan a la exfiscal de la Nación una presunta infracción a los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución y piden su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. El informe final fue presentado el 10 de diciembre de 2025.

Así, Espinoza deberá afrontar nuevamente un proceso ante el Congreso. En diciembre de 2025, el Parlamento ya la inhabilitó de ejercer cargo público.

Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir su inhabilitación impuesta por el Congreso

El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, con la que busca revertir la inhabilitación por diez años que le impuso el Congreso y dejar sin efecto las resoluciones legislativas aprobadas en su contra. La Sala Constitucional consideró que el recurso cumple con los requisitos legales para ser evaluado en el fondo.

La decisión judicial fue emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que declaró procedente el amparo contra los actos parlamentarios que apartaron a Espinoza de la función pública y habilitaron una acusación penal. El colegiado señaló que corresponde analizar si el procedimiento seguido por el Parlamento respetó el debido proceso.

La Sala Constitucional evaluará si el Congreso vulneró el debido proceso al inhabilitar a Delia Espinoza. Foto: La República

En su demanda, Delia Espinoza sostiene que el Congreso excedió sus atribuciones constitucionales al imponer la sanción política. También cuestiona la motivación de las resoluciones legislativas y menciona una afectación directa a sus derechos fundamentales como autoridad del Ministerio Público.

El Poder Judicial evalúa decisiones del Congreso contra Delia Espinoza

La demanda de amparo se dirige contra la Resolución Legislativa que dispuso la inhabilitación de Delia Espinoza para ejercer función pública durante una década. Según el recurso, esa decisión se adoptó sin una evaluación objetiva de los hechos ni una garantía efectiva de defensa.

El escrito también cuestiona la resolución que declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra. Espinoza afirma que el Congreso adelantó opinión y transformó un procedimiento político en un mecanismo sancionador, sin respetar los límites que fija la Constitución.

Además, la exfiscal solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado en la denuncia constitucional seguida en su contra. A su criterio, el proceso parlamentario estuvo marcado por vicios que comprometen su validez y afectan la independencia de la Fiscalía.

Poder Judicial programa audiencia por demanda de amparo de Delia Espinoza

La Sala Constitucional también fijó una audiencia única para el 9 de marzo de 2026. En esa sesión virtual, las partes expondrán sus argumentos y se definirá el rumbo de un proceso con alto impacto político e institucional.

Además, el Poder Judicial otorgó un plazo de diez días al procurador del Congreso para responder la demanda de amparo. Esta etapa permitirá conocer la defensa institucional del Parlamento frente a los cuestionamientos planteados por Delia Espinoza.

Con la admisión de la demanda de amparo, el Poder Judicial deberá pronunciarse sobre la legalidad de las resoluciones emitidas por el Congreso y verificar si el procedimiento parlamentario respetó las garantías del debido proceso. El análisis se centrará en los actos que derivaron en la inhabilitación de Delia Espinoza y en la formación de causa penal, conforme a los límites establecidos por la Constitución.

Delia Espinoza es inhabilitada por 10 años: Congreso impide retorno de fiscal al Ministerio Público

El Congreso de la República aprobó este miércoles la inhabilitación por diez años de la fiscal de la Nación Delia Espinoza, tras aceptar dos pedidos de reconsideración y someter el caso a una nueva votación plenaria. La decisión llega luego de un primer intento fallido, cuando la moción no alcanzó los votos necesarios y la denuncia constitucional había quedado en vía de archivo.

En la primera votación, la propuesta para sancionar a Espinoza obtuvo solo 63 votos a favor de los 68 requeridos, lo que representó un revés para los impulsores de la denuncia. Sin embargo, tras la intervención de los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow, quienes solicitaron la reconsideración, el Pleno volvió a debatir el caso en una sesión con 116 parlamentarios presentes. Finalmente, la inhabilitación se aprobó con 71 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones.

La sanción se fundamenta en la acusación de que Espinoza habría respaldado y elaborado el reglamento “Actuación Fiscal en la Investigación del delito”, documento que, según los denunciantes, contraviene la Ley 32130. No obstante, informes oficiales señalan que ese texto nunca fue debatido ni votado por la Junta de Fiscales Supremos, sino que se trató de una acción adoptada durante la gestión temporal de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación interino.

Durante su intervención, Espinoza denunció el carácter arbitrario de la acusación y atribuyó la medida a una represalia por las denuncias constitucionales que presentó contra varios congresistas. Advirtió sobre las implicancias de esta decisión para el ejercicio independiente del Ministerio Público y señaló: “O te doblegas o te sacan. O te sometes o pierdes tu trabajo, pierdes tu sueldo, tu seguro social, pierdes tu vida, pierdes lo que amas hacer”.

La defensa de la fiscal fundamentó que su actuación siempre se mantuvo dentro de las competencias que le otorga la Constitución y orientada a la defensa de la legalidad. Sin embargo, el informe respaldado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales argumentó que Espinoza vulneró los artículos 45, 93 y 139 de la Carta Magna, configurando los posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Críticas y celebración

La inhabilitación de Delia Espinoza desencadenó reacciones opuestas en el Congreso. Mientras el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, saludó la medida y calificó a la exfiscal como “desquiciada”, otras voces parlamentarias expresaron alarma por lo que consideran una decisión motivada por la venganza política y el deseo de controlar instituciones incómodas para la mayoría legislativa.

Parlamentarias como Susel Paredes, Sigrid Bazán y Flor Pablo denunciaron presiones, arbitrariedades y un grave atropello al equilibrio de poderes, señalando que la destitución responde al interés de excluir a una funcionaria que impulsó investigaciones contra varios congresistas. En la misma línea, el abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, calificó el procedimiento como tramposo y arbitrario, resaltando las coacciones y el clima hostil dentro del proceso parlamentario.Publicación de Rodolfo Pérez, abogado de Delia Espinoza.

Eventual segunda inhabilitación

La posibilidad de una segunda inhabilitación contra Delia Espinoza toma fuerza luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobara un nuevo informe final que plantea excluirla de la función pública por otros diez años. El documento, elaborado por el congresista Elvis Vergara Mendoza, señala presuntas infracciones constitucionales y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato por parte de Espinoza.

Esta nueva medida se fundamenta en la denuncia constitucional que la propia Espinoza presentó contra once legisladores. Estos congresistas votaron a favor de una ley que permite a exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional percibir, al mismo tiempo, pensión y remuneración, situación que encendió el debate sobre la legalidad de ese beneficio.

Para la defensa de Espinoza, su actuación se mantuvo dentro del marco constitucional, justificando que su intervención buscaba proteger la legalidad y asegurar la persecución del delito en el ámbito parlamentario. No obstante, el informe sostiene que su proceder vulneró los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución del Perú.