La congresista Ruth Luque anunció la presentación de una moción de censura contra Fernando Rospigliosi por presunta intimidación a jueces del Poder Judicial que debían resolver la aplicación de la Ley 32107 en el proceso por la masacre de Cayara. La medida busca sancionar lo que se considera una injerencia directa en una decisión jurisdiccional aún pendiente.
La iniciativa sostiene que el parlamentario, en su condición de primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Legislativo, utilizó una columna de opinión y declaraciones televisivas para identificar a los magistrados del caso y advertirles sobre denuncias y sanciones si no aplicaban la norma que limita la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad anteriores al 2002.
El documento recuerda que las expresiones se difundieron horas antes de la audiencia en la que se evaluaba la situación de dos exmilitares procesados por la matanza de 1988, y que el propio Rospigliosi apareció conectado virtualmente a la sesión judicial, lo que reforzó la percepción de presión institucional.
La censura propuesta señala que estos hechos comprometen la separación de poderes, afectan la imagen del Congreso y resultan incompatibles con el deber constitucional de respetar la autonomía de los órganos jurisdiccionales en procesos de alto interés público.
Advertencias y amenazas: la conducta de Rospigliosi frente a jueces del caso Cayara
La moción precisa que el legislador publicó un artículo en el diario Expreso en el que mencionó con nombre y apellido a los magistrados encargados del caso Cayara, a quienes calificó con antecedentes negativos y advirtió que podrían ser denunciados ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA y el Ministerio Público.
A estas afirmaciones se sumaron declaraciones televisivas en las que sostuvo que un juez que no aplicara la Ley 32107 cometería delito flagrante y debía ser sancionado de inmediato, lo que, según los firmantes, configuró un mensaje directo de amedrentamiento contra autoridades que aún no emitían fallo.
La moción añade que la presencia virtual del congresista en la audiencia del pasado 12 de enero, luego de esas advertencias públicas, creó un contexto de presión política sobre la Sala que evaluaba la prescripción solicitada por la defensa de los procesados.
Fernando Rospigliosi: los fundamentos que sustenta la moción de censura en su contra
El texto cita el pronunciamiento de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, que calificó los actos atribuidos a Rospigliosi como graves por tratarse de un proceso vinculado a presuntas violaciones de derechos humanos y por enviar un mensaje de intimidación a magistrados.
También se invoca la Constitución, que consagra la separación de poderes y la independencia judicial, y se subraya que, al ocupar un alto cargo en el Parlamento, el congresista tenía un deber reforzado de neutralidad frente a decisiones jurisdiccionales en trámite.
La propuesta concluye que el uso del cargo para condicionar o influir en resoluciones judiciales amerita una censura política por vulnerar el orden democrático y afectar la confianza ciudadana en las instituciones.
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