La situación del alcalde del distrito de Chancay, Juan Álvarez Andrade, conocido como “Juanelo”, ha entrado en una fase crítica tras la confirmación de su sentencia por el delito de peculado doloso por parte de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Este hecho no es menor: se trata de un delito contra la administración pública que compromete directamente la idoneidad del funcionario para seguir manejando recursos del Estado.
Ante este escenario, la ciudadana chancayana Judith Apolinar presentó una solicitud formal de suspensión del burgomaestre, amparada en la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece claramente que un alcalde con sentencia condenatoria en segunda instancia debe ser suspendido mientras se resuelven los recursos extraordinarios, como la casación.
Sin embargo, lejos de actuar con celeridad y transparencia, el alcalde optó por una estrategia que evidencia una clara intención de dilatar el proceso. Esperó el plazo máximo de 30 días para convocar a sesión extraordinaria de concejo, agotando el límite legal. Este primer movimiento ya marcaba una línea de conducta orientada a ganar tiempo.
Lo ocurrido en la reciente sesión extraordinaria refuerza esa percepción. Bajo el argumento de que se requería contar con copias certificadas de la sentencia —documentación que, en esencia, ya es de conocimiento público y administrativo— se solicitó la suspensión de la propia sesión. Este pedido fue respaldado por la mayoría de regidores, evidenciando una preocupante falta de criterio fiscalizador.
Aquí surge un punto clave: el concejo municipal no está actuando como órgano de control político, sino como un bloque que, en los hechos, facilita la postergación de una decisión que la ley orienta con claridad. La única voz discordante dentro del concejo deja en evidencia que no existe un verdadero contrapeso institucional.
Más allá de los tecnicismos legales, el debate es profundamente ético. Un alcalde sentenciado por peculado doloso —delito que implica apropiación indebida de recursos públicos— no solo enfrenta una sanción judicial, sino un cuestionamiento moral directo a su permanencia en el cargo. La inhabilitación impuesta por el Poder Judicial refuerza esta incompatibilidad.
A ello se suma un elemento que ha generado indignación ciudadana: la presencia de personas afines al alcalde durante la sesión, quienes, según diversas versiones, serían trabajadores municipales en horario laboral. De confirmarse, esto configuraría un uso indebido de recursos humanos del Estado para fines políticos.
La percepción ciudadana es clara: existe una maniobra para extender los plazos y sostener al alcalde en el cargo el mayor tiempo posible. Las declaraciones del propio Álvarez Andrade, en las que admite la intención de “dilatar” el proceso, no hacen más que confirmar esta lectura.
El riesgo es evidente. Cada día adicional en funciones implica la continuidad de una autoridad sentenciada administrando fondos públicos, lo que erosiona la confianza en las instituciones y debilita el principio de legalidad.
Chancay enfrenta hoy no solo una crisis política, sino una crisis de gobernabilidad y ética pública. La responsabilidad ya no recae únicamente en el alcalde, sino también en los regidores, quienes tienen el deber legal y moral de actuar conforme a ley y no en función de intereses políticos o personales.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿hasta cuándo se permitirá que una estrategia dilatoria prevalezca sobre el cumplimiento de la ley?
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