Un nuevo escándalo sacude al distrito de Chancay. De acuerdo con el Informe de Control Específico N.º 002-2025 de la Contraloría, la gestión del alcalde Juan Álvarez Andrade habría incurrido en graves irregularidades al contratar a Elizabeth Díaz Villalobos como coordinadora del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) sin que esta cumpla con el perfil profesional requerido para el cargo.
Según el documento oficial, la contratación no solo vulneró los criterios técnicos mínimos exigidos, sino que además generó un perjuicio económico al Estado.
A pesar de no reunir los requisitos, Díaz Villalobos percibió una remuneración mensual de 7,000 soles durante el año 2024, acumulando un total de 77,000 soles pagados con recursos públicos.
Lo más grave del caso radica en la presunta transgresión de un convenio interinstitucional suscrito entre la Municipalidad Distrital de Chancay, la Municipalidad Provincial de Huaral, la Municipalidad de Aucallama y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que en la cláusula séptima de dicho acuerdo se establece claramente que la función de coordinador del PDU debía ser asumida por los gerentes municipales de cada jurisdicción, sin generar costos adicionales para el Estado.
Sin embargo, el alcalde Juan Álvarez Andrade habría ignorado esta disposición y optado por designar a una persona de su entorno político, desplazando a la gerente municipal que, por norma, debía asumir dicho rol. Este hecho no solo evidencia un posible acto de favoritismo, sino también un uso indebido de recursos públicos en perjuicio directo de la población chancayana, especialmente de los sectores más vulnerables.
El caso podría acarrear serias consecuencias legales. La conducta descrita configuraría indicios de presuntos delitos como negociación incompatible, colusión o aprovechamiento indebido del cargo. Asimismo, los regidores de la comuna no quedarían exentos de responsabilidad, ya que su omisión en las labores de fiscalización podría derivar en denuncias penales por incumplimiento de funciones.
Este Informe de Control Específico N.º 002-2025 de la Contraloría, no solo pone en evidencia una presunta red de favorecimientos políticos dentro de la gestión municipal, sino que también reabre el debate sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos y el rol fiscalizador de las autoridades locales.
Los regidores aún están a tiempo de actuar conforme a ley, ejercer control político y evitar que este caso se convierta en un nuevo símbolo de impunidad en la administración pública local.
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