Por Jaime Toledo Maldonado
Los debates electorales fueron concebidos para que los ciudadanos conozcan las propuestas, los planes de gobierno y la capacidad de los candidatos para resolver los problemas que afectan a un país. Un debate no es un ring de boxeo, tampoco una tribuna para los agravios personales ni un espacio destinado exclusivamente a desacreditar al adversario político.
Por definición, un debate es la confrontación ordenada de ideas, argumentos y propuestas sobre temas de interés público. Su principal objetivo es permitir que los electores comparen visiones de gobierno, evalúen capacidades y tomen una decisión informada al momento de emitir su voto.
Bajo esa premisa, resulta inevitable preguntarse si durante el reciente debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se cumplieron realmente los objetivos para los cuales fue organizado.
A juicio de numerosos observadores, Keiko Fujimori aprovechó gran parte de sus intervenciones para presentar propuestas vinculadas a la seguridad ciudadana, educación, salud, la economía, el empleo y otros temas de interés nacional. Más allá de que los ciudadanos puedan estar de acuerdo o no con sus planteamientos, la candidata dedicó buena parte de su tiempo a explicar y sustentar las acciones que impulsaría en un eventual gobierno.
La actitud de Roberto Sánchez, en cambio, estuvo marcada por una constante confrontación política. Sus intervenciones estuvieron orientadas principalmente a cuestionar a su contendora, recurriendo a ataques y críticas que, en muchos momentos, desplazaron el debate de las propuestas hacia la polémica personal.
La situación resulta aún más llamativa si se considera que Sánchez formó parte del gobierno de Pedro Castillo, una administración que culminó en medio de una grave crisis política e institucional y cuyo exmandatario se encuentra actualmente enfrentando procesos judiciales. Por ello, muchos ciudadanos esperaban escuchar de Sánchez una autocrítica sobre aquella gestión y, sobre todo, conocer propuestas concretas para enfrentar los desafíos del país.
El problema surge cuando el ataque reemplaza a la propuesta. En ese escenario, el debate pierde su esencia y deja de cumplir la función democrática para la que fue creado. Los ciudadanos no necesitan candidatos expertos en insultar o descalificar; necesitan líderes capaces de presentar soluciones viables para combatir la delincuencia, generar empleo, mejorar la educación y fortalecer la economía nacional.
La democracia se fortalece cuando los candidatos confrontan ideas y proyectos. Se debilita cuando el intercambio político se reduce a una cadena interminable de agravios y acusaciones. Los electores tienen derecho a escuchar propuestas, no espectáculos de confrontación estéril.
Por ello, la pregunta sigue vigente: ¿qué es un debate? La respuesta es sencilla. Un debate es el escenario donde deben imponerse los argumentos sobre los insultos, las propuestas sobre las descalificaciones y las soluciones sobre los ataques personales.
Cuando ello no ocurre, los verdaderos perdedores no son los candidatos, sino los ciudadanos que esperaban respuestas para el futuro del país.