El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite el habeas corpus presentado a favor del expresidente Pedro Castillo. La resolución fue firmada por la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa, con la especialista legal Rosario Mercedes Mitacc Parra a cargo del despacho.
La demanda la interpuso el abogado del exmandatario, Walter Ayala, y la dirigió contra cuatro entidades: el Despacho Presidencial, el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Gerencia General del Ministerio Público.
Dentro de esos emplazamientos, la resolución identifica de forma puntual al presidente José María Balcázar Zelada, al ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Enrique Jiménez Borra, al presidente del Congreso, a los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al juez Juan Carlos Checkley Soria del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y al fiscal de la Nación.
El juzgado admitió la demanda sin posibilidad de rechazarla de plano. La propia resolución cita el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que prohíbe el rechazo liminar en procesos de habeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. Esa regla obliga a cualquier juzgado constitucional a dar curso a este tipo de demandas y a correr traslado a la parte demandada, sin adelantar opinión sobre si el pedido prosperará.
Los siete puntos que pide anular la defensa
La demanda de Ayala contiene siete pedidos concretos. El primero es la libertad inmediata del favorecido, al considerar que permanece detenido de forma arbitraria. El segundo apunta contra la vacancia presidencial contra Castillo el 7 de diciembre de 2022.
El tercer pedido busca dejar sin efecto la Resolución N° 002-2022-2023-CR, del 12 de diciembre de 2022, que levantó el fuero o antejuicio político, por, según la demanda, no haber seguido el procedimiento constitucional establecido por ley. El cuarto pedido va contra la Resolución Judicial N° 03, del 15 de diciembre de 2022, dictada en el Expediente N° 00039-2022-4-5001-JS-PE, que impuso 18 meses de prisión preventiva, junto con la resolución de la Sala Penal Permanente que la confirmó el 28 de diciembre de ese año mediante el auto de apelación N° 256-2022.
El quinto punto pide anular la ampliación de la prisión preventiva a 36 meses, más la resolución confirmatoria del Recurso de Apelación N° 068-2023, del 31 de marzo de 2023. El sexto pedido engloba toda resolución que haya prolongado la privación de libertad, incluida la del 27 de febrero de 2024, que prolongó la medida por 12 meses adicionales, la del 5 de julio de 2024, que la amplió otra vez, y la sentencia de primera instancia del 4 de diciembre de 2025, que condenó al expresidente por el delito de conspiración para la rebelión. El séptimo pedido solicita la reposición de las cosas a su estado anterior y una investigación contra los responsables de las presuntas violaciones a sus derechos.
Los fundamentos que sostienen la demanda
La resolución resume los argumentos fácticos que la defensa de Pedro Castillo expuso. Sostiene que el expresidente fue detenido por su propia escolta policial cuando se dirigía a la embajada de México, sin orden judicial ni flagrancia, y que la orden habría partido de una llamada telefónica de un superior policial, no de un mandato judicial.