La presidenta Keiko Fujimori confirmó que su Gobierno derogará la ley de puntos para el transporte. La medida surge tras la reunión que sostuvo el ministro Rafael Rey con gremios de transportistas el 22 de agosto, convocada luego de que los gremios anunciaran un paro para el 25 de agosto en protesta por los asesinatos de choferes. «Hemos anunciado la derogatoria de la ley de puntos para ser una ley conversada y consensuada con los diferentes sectores», declaró la mandataria durante una transmisión en vivo por sus redes sociales.
Según explicó Fujimori, las multas de tránsito consideradas abusivas no se cobrarán en su totalidad. «Las multas abusivas no se van a cobrar, solo el 10% del valor», precisó. A esto se suma otro beneficio: los puntos de las infracciones tampoco se contabilizarán, al menos por un tiempo determinado que el Gobierno aún no detalló con precisión.
La reunión con los gremios no fue la única mesa de trabajo instalada esa semana. Fujimori anunció una segunda mesa, esta vez con el Ministerio del Interior, enfocada en la seguridad ciudadana, el otro reclamo central detrás de la convocatoria al paro. «La segunda mesa de trabajo se ha establecido con el ministro del Interior de cara a todo el proceso de seguir consiguiendo el orden en nuestro país», indicó la presidenta.
La mandataria cerró sus declaraciones con un mensaje de agradecimiento hacia el gremio. Según dijo, los propios transportistas ya se pronunciaron sobre los acuerdos alcanzados. «Agradezco las declaraciones de los propios transportistas, que están viendo sobre todo la intención y las decisiones que estamos tomando en nuestro gobierno», afirmó Fujimori.
El paro del 25 de agosto quedó levantado tras la reunión
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, confirmó que el paro previsto para el 25 de agosto quedó sin efecto. Los nueve gremios que firmaron la convocatoria original decidieron levantar la medida luego de conocer los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo. «Ya se cumplió el sentido del pedido, cumplido el objetivo, levantamos la medida, porque esa era la única razón», declaró el dirigente.
La decisión llegó después de la reunión que representantes de distintos gremios sostuvieron el sábado 22 de agosto con Fujimori y miembros del Ejecutivo. Vargas explicó que su organización no participó directamente del encuentro, pero conoció los compromisos asumidos y los consideró suficientes para desactivar la paralización. Entre los acuerdos figuran el reforzamiento del Plan Escudo y una mayor coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones.
No todos los gremios respaldan el desenlace. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), cuestionó que la reunión con Fujimori se realizara con organizaciones ajenas a la convocatoria original del paro. El dirigente exigió medidas concretas contra las extorsiones, los atentados y los asesinatos de conductores, además de la instalación de cámaras de vigilancia en los buses y una indemnización para las familias de choferes asesinados.
Luis Quispe Candia: «Es un premio a los infractores»
El diputado Luis Quispe Candia, presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados, cuestionó los descuentos de hasta 90% que aprobó el Ejecutivo para las multas de tránsito. El legislador advirtió que la medida funciona como un premio para quienes incumplen las normas y señaló que puede debilitar el efecto disuasivo de las sanciones.
Los cuestionamientos del diputado llegan en un contexto de alto volumen de infracciones en la capital. Entre enero y junio, antes del nuevo régimen del Gobierno, el SAT de Lima registró 496.156 multas por más de S/201 millones. De ese total, se pagó el 69,8% de las sanciones, pero los descuentos ya vigentes en ese periodo redujeron en 72,5% el monto que debía cobrarse.
Para Quispe Candia, el problema de fondo es la señal que envía la reducción. El legislador explicó que la medida beneficia a los infractores y no reconoce ningún incentivo a quienes sí pagaron sus papeletas a tiempo. Consideró, además, que el descuento no resolverá problemas estructurales como la congestión vehicular ni la inseguridad en el transporte público, aunque valoró que el Ejecutivo excluyera del beneficio a infracciones graves como conducir en estado de ebriedad o sin licencia.
El congresista no se quedó solo en la crítica. Anunció que su comisión buscará una reunión con el ministro Rafael Rey para conocer los detalles del régimen excepcional y plantear observaciones, aunque descartó por ahora una interpelación. También adelantó que trabaja en una propuesta para crear juzgados administrativos especializados en tránsito, que permitan a los conductores impugnar papeletas ante una instancia independiente sin dejar de sancionar a quienes sí cometen infracciones.