El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este martes 10 de noviembre tres dictámenes que buscan revertir cambios introducidos por las denominadas leyes procrimen. Las iniciativas plantean derogar la ley que otorgó facultades de investigación de delitos a la Policía Nacional, modificar los límites de la suspensión del plazo de prescripción penal y restablecer la autonomía del proceso de extinción de dominio. Los documentos fueron incorporados oficialmente a la agenda de la sesión convocada para las 3 de la tarde.
El primer dictamen corresponde al Proyecto de Ley 22, presentado por Juntos por el Perú. La propuesta plantea derogar la Ley 32130, que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú. Además, busca restituir la vigencia de los artículos que fueron modificados por dicha norma.
El segundo dictamen propone modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, así como derogar la Ley 32104, conocida como la ‘Ley Soto’. De aprobarse, se establecería un límite proporcional al tiempo de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. La tercera propuesta plantea modificar la extinción de dominio, para restablecer la autonomía de este procedimiento y fortalecer sus garantías.
De cara a la votación, las bancadas de Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Juntos por el Perú sumarían 74 votos a favor de las propuestas. En el otro bloque, Fuerza Popular y Renovación Popular concentrarían 56 votos en contra.
Para aprobar los dictámenes se necesita mayoría simple, es decir, más de la mitad de los diputados presentes en la sesión, siempre que exista el quórum reglamentario. Según el cálculo considerado para esta votación, se necesitarían 66 votos favorables. La proyección de 74 respaldos superaría ese umbral, aunque el resultado dependerá de la asistencia y del voto efectivo de los parlamentarios.
Además, una eventual aprobación en primera votación no significaría que las propuestas queden listas para su promulgación. El reglamento establece una segunda votación después de siete días calendario. Este requisito puede ser exonerado si el Pleno alcanza el voto favorable de los tres quintos de los diputados presentes.
Víctor Piñán, vocero de la bancada Obras, confirmó que su agrupación respaldará las iniciativas. «Como bancada ya hemos tomado una posición y vamos a votar a favor de la derogación de las denominadas leyes procrimen», declaró. El diputado también sostuvo que existe coincidencia con el bloque de oposición y recordó que esa postura fue expresada durante la Junta de Portavoces.
Sin embargo, el respaldo que puedan recibir los dictámenes en la Cámara de Diputados no garantiza que tengan el mismo resultado en el Senado. Piñán reconoció que todavía no había conversado con los senadores de su agrupación, aunque recordó que varios de ellos abordaron el tema durante la campaña electoral. «Ha sido una propuesta de campaña, espero que no cambien», manifestó sobre la posibilidad de que mantengan su posición.
Diputados también debatirán informe final sobre el diputado Julián Pérez y acusación contra Pedro Castillo
La agenda del Pleno también incluye el informe final de la Denuncia Constitucional 12, antes 403, contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala. El documento recomienda acusar a ambos por presuntos delitos vinculados a la gestión de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de levantarles el fuero para que el Ministerio Público proceda conforme a sus atribuciones.
En el caso de Castillo, el informe recomienda acusarlo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio. Según las conclusiones de la investigación parlamentaria, el exmandatario habría instrumentalizado su cargo para vender ascensos y favorecer indebidamente a terceros. Para Walter Ayala, entonces titular de Defensa, se plantea acusarlo por abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, al considerar que habría actuado como intermediario de intereses ilícitos.
Sin embargo, el informe recomienda archivar la imputación contra Ayala por el presunto delito de organización criminal. El documento sostiene que no se acreditó la existencia de una estructura criminal paralela a la estatal y que los delitos atribuidos no cumplen el estándar de gravedad exigido por la Ley 32138. El debate de esta denuncia ya había sido programado para el 29 de octubre, pero fue reprogramado a solicitud de Castillo y Ayala. La Comisión de Acusaciones Constitucionales remitió el informe al Pleno ante la proximidad del vencimiento de la prerrogativa de antejuicio del exministro, previsto para el 15 de noviembre.
Otro asunto incorporado a la agenda es el informe final de la Comisión de Ética que recomienda suspender al diputado Julián Luis Pérez Mallqui durante 120 días de legislatura, además del descuento de sus haberes. El documento, aprobado en mayoría el 19 de octubre, declaró fundada la denuncia presentada contra el parlamentario por vulnerar los principios de respeto, responsabilidad, integridad y justicia contemplados en el Reglamento del Congreso. De aprobarse, la resolución también será remitida al Ministerio Público.
Además, continúa pendiente la fecha y hora para la concurrencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta, y de los ministros del Interior, César Astudillo, y Defensa, Rafael Belaúnde, ante la Cámara de Diputados. La invitación fue aprobada el 10 de setiembre mediante la Moción de Orden del Día 186, pero hasta la agenda del Pleno del 10 de noviembre todavía no se había definido cuándo deberán presentarse para informar sobre sus respectivos sectores.