La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) manifestó este miércoles su postura oficial frente al proceso judicial iniciado por el consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. asegurando que el Estado peruano defenderá sus prerrogativas de control sobre la infraestructura portuaria.
El pronunciamiento surge tras la emisión de una sentencia judicial que declara inaplicables diversas normas que permitían al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) supervisar las operaciones del megapuerto de Chancay.
En su comunicado, la PCM señala que el Perú promueve la inversión extranjera, pero que esta debe estar sujeta a las condiciones y vigilancia que establece la Constitución Política del Perú.
En ese sentido, aclara que «el Terminal Portuario de Chancay, de propiedad del consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., debe cumplir con lo establecido por el ordenamiento normativo peruano, incluyendo aquella regulación en materia de seguridad portuaria a cargo de una serie de entidades públicas».
«Dichas entidades cuentan con presencia en el terminal portuario y ejercen de manera efectiva las funciones de control y fiscalización que la ley les asigna», puntualiza el comunicado.
La PCM cierra su comunicado advirtiendo que de configurarse lo que indicaría la orden judicial «hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta», en cumplimiento de la normativa legal vigente.
Alcances del fallo judicial y postura de la empresa
El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, bajo la dirección del magistrado Juan Carlos Nuñez Matos, declaró fundada una acción de amparo a favor de Cosco Shipping.
La resolución judicial establece que el regulador debe omitir el ejercicio de sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción respecto al terminal portuario de Chancay, fundamentando esta decisión en la naturaleza de propiedad privada del proyecto, el cual fue financiado sin recursos públicos ni contratos de concesión estatal.
«El uso público no convierte al bien en dominio público ni lo somete automáticamente a un régimen concesional o regulatorio pleno», se lee en la sentencia emitida por el magistrado Nuñez Matos.
Por su parte, la operadora del megapuerto ha defendido el marco legal que reconoce su titularidad privada, argumentando que el mercado será el principal mecanismo de disciplina para sus tarifas y servicios.
En declaraciones obtenidas por RPP, el gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Perú, Gonzalo Ríos Polastri, descartó que el terminal goce de un régimen privilegiado y subrayó que otras entidades del Estado mantienen una presencia permanente y efectiva en la zona.
“En el puerto de Chancay están presentes todas las organizaciones del Estado que ejercen control sobre la carga, los volúmenes, las transacciones, ingresos y salidas. Hablamos de la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Ministerio de Transportes, autoridades ambientales y Aduanas, para la cual incluso se ha construido un edificio propio”, sostuvo el ejecutivo ante el programa Ampliación de Noticias.
Advertencias de Ositrán sobre la protección al usuario
Desde la otra vereda, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, expresó su preocupación por el impacto que esta medida tendrá sobre los derechos de los usuarios finales, tales como importadores y agentes de aduana.
Según la funcionaria, la ausencia de supervisión regulatoria dejaría sin garantías aspectos críticos como el acceso a la información transparente, la no discriminación comercial y el derecho a un procedimiento formal de reclamos ante una instancia pública.
“Estarían estableciendo un régimen […] normativo diferente para ellos como empresa, porque ellos serían la única empresa que presta servicios al público y que no es supervisada en cómo presta esos servicios al público”, señaló la titular de Ositrán en declaraciones para RPP.
¿Riesgos de soberanía?
El pronunciamiento de la PCM se da el mismo día en el que la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una opinión sobre el tema.
A través de una comunicación en la red social X, manifestó su inquietud ante la posibilidad de que el Perú pierda facultades para supervisar una infraestructura crítica en su territorio, sugiriendo que el puerto podría quedar bajo la jurisdicción de propietarios extranjeros sin el debido control estatal.
“Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”, advirtió la mencionada oficina gubernamental estadounidense a través de sus canales oficiales.
En sintonía con esta postura, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, enfatizó que ceder soberanía representa el costo más alto que un país puede pagar, reforzando la preocupación internacional sobre el modelo de gobernanza que se aplicará en el terminal de Chancay.
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