Santa Anita: detienen a mujer que escondía un arma de fuego en el bolso de su hijo de un año

En el cruce de las avenidas Juan Velasco Alvarado y Túpac Amaru, en el distrito limeño de Santa Anita; la Policía Nacional ha detenido a dos hombres y a una mujer, todos de nacionalidad venezolana, sindicados de integrar una banda dedicada a la extorsión y robos al paso.

Según las autoridades, la mujer se encargaba de guardar el arma de fuego que era usada para amenazar a bodegueros y a transportistas. Esta mujer, para evitar sospechas, escondía el arma en un bolso, en el que también llevaba las prendas de su hijo, un bebé de apenas un año, así lo ha señalado el general PNP Francisco Vargas Andonaire, jefe de la Región Policial Lima.

“Se dedicaban al delito contra el patrimonio, lo que es la extorsión, así también, al parecer, el robo agravado y el raqueteo, y también usaban como fachada a la señorita con el bebé, porque ahí guardaban el arma de fuego. Cuando ellos iban, ubicaban su objetivo, simplemente la dama les abastecía el arma de fuego, cometían su acto ilícito, y nuevamente se lo entregaban a la mujer. Lo tenían como fachada junto con el bebé para evitar sospechas», manifestó.

Integrantes de la banda criminal recibirían órdenes desde la cárcel

Alexandra Escalante García, de 26 años, es la mujer que ha sido detenida mientras llevaba a su hijo en brazos.

Junto a ella están sus compatriotas Antonio Velázquez Torres, de 25 años, y José Craspa Valdivieso, de 22 años.

Estos últimos han sido detenidos cuando se movilizaban en una motocicleta, a pesar de la prohibición. Tras ello, las autoridades verificaron que el vehículo tenía una placa falsa, además portaban un cuchillo, una cacerina y celulares, en los que recibían mensajes desde la cárcel, donde se sospecha se encuentre recluido el cabecilla de esta banda.

Presidencia amenaza con denunciar a periodistas por investigar órdenes a favor de amigas de Jerí, pero luego retrocede

Insólito. A través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Presidencia se publicaron dos comunicados referidos a las investigaciones sobre un grupo de mujeres vinculadas a José Jerí, quienes obtuvieron órdenes de servicio por hasta 11.000 soles. En el primer comunicado, uno de los puntos afirmaba que se «están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del Despacho Presidencial». Sin embargo, ese comunicado fue retirado y reemplazado por uno nuevo en el que se eliminó dicha frase.

Diversos usuarios en redes sociales señalaron que las cuentas oficiales del Despacho Presidencial habían cambiado el comunicado con rapidez. Por su parte, el portal de periodismo independiente ‘La Pista Clave’, que ha investigado el caso, respondió al hecho a través de su cuenta de X: «Respete usted, señor Jerí, la investidura y la institucionalidad del Despacho Presidencial. Precisamente en aras del respeto a esa institucionalidad —más allá del ocupante de turno— seguiremos investigando e informando a la ciudadanía sobre estos hechos».

Según un reportaje emitido por el programa dominical Cuarto Poder, cinco personas que visitaron a José Jerí en el despacho presidencial recibieron, pocos días después, órdenes de servicio por parte del Estado. Los montos de estos pagos oscilan entre S/ 6.000 y S/ 11.000.

Desde la Presidencia de la República indicaron que todas las contrataciones se realizaron respetando el procedimiento establecido y que las visitas quedaron debidamente registradas en el sistema correspondiente. Además, señalaron: «Se pretende informar de manera tendenciosa el horario de ingreso y salida de las jóvenes profesionales, insinuando que han pasado horas con el señor presidente, afirmación que no se ajusta a la verdad (…)».

Izquierda: primer comunicado publicado y luego eliminado por la Presidencia del Perú | Derecha: segundo comunicado publicado.

Las visitas a José Jerí

Durante la ceremonia de juramentación de José Jerí como presidente, la ingeniera Guadalupe Vela se encontraba en el palco reservado para los familiares, sentada junto a la madre del nuevo mandatario. Días después, el 1 de noviembre —fecha feriada—, ingresó al despacho presidencial a las 6:48 p.m. Veinte días más tarde, el 21 de noviembre, recibió una orden de servicio de EsSalud por más de S/6.000 para prestar servicios especializados en seguridad y salud en el trabajo.

Poco después, el 28 de noviembre, obtuvo otra orden de servicio, esta vez por S/11.000, contratada como locadora de servicios (FAG) en el Ministerio del Ambiente. Al ser abordada por Cuarto Poder, inicialmente expresó incomodidad por la grabación, pero luego confirmó la reunión y explicó que se trató de un encuentro de carácter personal, dado que mantiene una amistad de larga data con el presidente.

Ese mismo 1 de noviembre, en compañía de Guadalupe Vela, ingresó al despacho presidencial Rubiel Cristina Beraun. Apenas diecinueve días después, el 20 de noviembre, Beraun obtuvo una orden de servicio por S/6.500 con el despacho presidencial para realizar un análisis de acciones de comunicación interna. También el 1 de noviembre, pero más tarde, a las 8:35 p.m., acudió Violeta Veas. Un mes después de esa visita, fue designada como jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú, organismo adscrito al Ministerio de Educación. Cuando el equipo periodístico intentó contactarla en su centro de trabajo, un funcionario informó que estaba en una reunión y que respondería más adelante.

Previamente, Fiorella Melgarejo había registrado ingresos a Palacio el 20, 24 y 28 de octubre, siendo el primero de ellos a la 1:48 p.m. Al ser consultada por los periodistas, la abogada prefirió no hacer declaraciones en ese momento. Por su parte, Alicia Camargo visitó el despacho de Jerí el 14 de octubre a las 8:00 p.m. Tres días después, el 17 de octubre, fue contratada como locadora de servicios FAG en la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Estas coincidencias entre visitas y posteriores contrataciones o designaciones han sido registradas y destacadas por el programa Cuarto Poder.

ANP: Ataque a la prensa desde Despacho Presidencial revela ausencia de transparencia y rendición de cuentas

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación frente a los comunicados emitidos por el Despacho Presidencial, en respuesta a informes periodísticos vinculados a la contratación de jóvenes profesionales en la Administración Pública. En los mismos se ataca y estigmatiza a la prensa en un claro intento de evadir la transparencia y rendición de cuentas sobre un hecho de indudable interés público.

La ANP advierte, con especial gravedad, que el comunicado originalmente difundido por la Presidencia de la República, que incluía el anuncio de evaluar “las acciones legales correspondientes”, fue posteriormente retirado y reemplazado por una versión distinta, sin explicación pública ni aclaración oficial. Esta práctica afecta los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad institucional, y evidencia una conducta errática frente al escrutinio ciudadano y periodístico.

Si bien el nuevo comunicado intenta atenuar el tono del mensaje inicial, mantiene una narrativa que descalifica la labor periodística al atribuirle intencionalidad maliciosa y carácter tendencioso a la cobertura de hechos que son, de manera indiscutible, de interés público. En un sistema democrático, el poder político no puede juzgar ni estigmatizar el enfoque editorial de los medios.

La ANP recuerda que la contratación de personal en el entorno presidencial, los procedimientos administrativos seguidos y las condiciones en que se desarrollan dichas contrataciones son materias legítimas de fiscalización pública, al involucrar recursos del Estado y el ejercicio del poder. Pretender sustraer estos temas del debate público vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Resulta igualmente preocupante que, tanto en el comunicado retirado como en el texto posteriormente difundido, se insista en desplazar el foco del debate, colocando al poder político como víctima y al periodismo como agresor, en lugar de responder con información verificable, documentación pública y explicaciones transparentes.

La ANP rechaza, además, el uso instrumental de causas legítimas como la defensa de la dignidad de las mujeres y de las personas jóvenes para desacreditar la labor periodística y limitar el control democrático. La defensa de derechos no puede ser utilizada como argumento para inhibir la fiscalización ni para desacreditar a la prensa.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú exhorta al Poder Ejecutivo, bajo el actual mandato del presidente José Jerí, a cesar cualquier práctica de intimidación, condicionamiento o deslegitimación del trabajo periodístico -como las observadas en gestiones anteriores-, y exige el respeto irrestricto a las libertades informativas.

Gobierno de José Jerí oficializa creación de la SUNIR en reemplazo del INPE

El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles 4 de febrero la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que se encargará de administrar el sistema penitenciario nacional en reemplazo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).

Como se recuerda, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, anunció la tarde de ayer la decisión del Consejo de Ministros de aprobar la creación de la nueva institución del Estado, dentro del plazo de las facultades legislativas concebidas por el Congreso al Gobierno en materia de fortalecimiento institucional.

¿Cuándo entrará en funciones la SUNIR?

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 1710, publicado en el Diario Oficial El Peruano, la SUNIR tiene como finalidad reducir la corrupción, la infiltración del crimen organizado y la violencia institucional, garantizando el control efectivo, la seguridad, la protección de derechos y los procesos de resocialización y reinserción social de la población penitenciaria y de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Entre sus principales funciones destacan: dirigir, regular y supervisar el sistema nacional especializado de internamiento y reinserción social; fortalecer el modelo de gestión penitenciaria y juvenil; administrar y gestionar los establecimientos penitenciarios; garantizar condiciones de internamiento, entre otras.

Sobre su estructura orgánica básica, estará compuesta por una alta dirección (despacho del jefe de la Superintendencia y Gerencia General), órganos de Control, órganos de asesoramiento y apoyo, así como órganos de línea.

Con referente al proceso de absorción, en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo, se crea la Comisión de Transferencia que fusiona el INPE y el PRONACEJ a la SUNIR. Dicho grupo de trabajo debe instalarse en cinco días hábiles, vía resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En ese sentido, el proceso de fusión concluye en un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la constitución de la Comisión de Transferencia, el mismo que puede ser prorrogado por única vez en un plazo no mayor a 30 días calendario. Asimismo, en plazo no mayor de 120 días hábiles, se establece el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUNIR.

Otras consideraciones:

Hasta la culminación del proceso de fusión, las entidades absorbidas continuarán ejerciendo sus funciones que le son propias, manteniendo las responsabilidades y obligaciones que les corresponden.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) está autorizado, de manera excepcional y transitoria, a contratar empresas privadas, a fin de que se encarguen del control de visitas, así como del ingreso y egreso de bienes, objetos y efectos, incluidos los destinados a la alimentación y funcionamiento, de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.

En tanto, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del ROF, el MINJUSDH presenta a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) de la SUNIR.

De esta manera, el Poder Ejecutivo busca dar un giro total en el sistema penitenciario nacional, dejando sin efecto al INPE y al PRONACEJ por la SUNIR.

Corte Suprema rechaza de forma definitiva segundo pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

La Corte Suprema rechazó de forma definitiva dictar 18 meses de impedimento de salida del país para la expresidenta Dina Boluarte, solicitada por la Fiscalía de la Nación, como parte de una investigación contra ella por una presunta negociación incompatible.

En la resolución, a la que tuvo acceso RPP, los jueces concluyeron que el Ministerio Público no evidenció que la vacada exmandataria “tenga un comportamiento evasivo o de no acatamiento a las diligencias ordenadas” en este caso y que el peligro de fuga que alegó en la audiencia “no se acreditó” de forma suficiente.

La Fiscalía investiga a Dina Boluarte por supuestas irregularidades en la contratación de tres allegados al cirujano Mario Cavani en EsSalud. El pedido, hecho por el fiscal Tomás Gálvez, ya había sido desestimado en primera instancia por un juez supremo en octubre pasado, por lo que este rechazo es definitivo.

La Corte Superior Nacional, en diciembre pasado, también rechazó en doble instancia un primer pedido para que se impida a Boluarte salir del país por 36 meses, como parte de otra investigación que le sigue por presunto lavado de activos.

Ministerio de Justicia presentará este martes decreto que oficializa disolución del INPE y crea la Sunir

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, confirmó que —este martes 3— presentará el proyecto de decreto legislativo ante el Consejo de Ministros que oficializa la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la creación de la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).

La nueva entidad, adscrita al Minjus, nacerá de la fusión del INPE y del Programa Nacional de Centros Juveniles. Se espera que opere al 100% para junio del 2026.

Esto fue confirmado por el mismo titular de Justicia: “El proyecto va a ser llevado al Consejo de Ministros el día de hoy. Confiamos en que esta semana tengamos ya aprobado el decreto legislativo A junio, a más tardar del 2026, ya tendríamos en funcionamiento pleno la nueva Superintendencia”.

NUEVAS ACCIONES EN LAS CÁRCELES

En tanto, Walter Martínez sostuvo que uno de los cambios significativos que implementará SUNIR es la toma de acciones que “nunca se hicieron en los establecimientos penitenciarios”, puesto que ahora no pasarán por un Consejo Penitenciario, sino por el jefe institucional.

Aseguró que no se trata solo de un cambio de nombre, sino que es parte de una reforma del sistema penal y de reinserción juvenil. Se van a descentralizar los servicios más importantes del INPE como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que es un grupo de efectivos preparados en mantención del orden y acompaña en la requisas realizadas en los penales.

Finalmente, el nuevo SUNIR enfrentará un sistema penitenciario colapsado con una población de 104 mil internos en 69 centros carcelarios a nivel nacional. Para esta cantidad de presos solo se cuenta con 6 mil efectivos del INPE.